El separatismo avanza hacia el 'lawfare' y pide comisiones sobre la Operación Cataluña y los atentados del 17A

En el acuerdo suscrito por el PSOE y Junts para hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez se señala que las conclusiones de las comisiones de investigación parlamentarias «se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política».

Tan solo un día después de que Sánchez fuera investido presidente del Gobierno, desde Junts ya han dado el primer paso para que la amnistía incluya lo que desde el secesionismo llaman guerra judicial. Su objetivo es que la medida de gracia también beneficio a otros miembros de la formación que lidera el prófugo Carles Puigdemont, como a la condenada por corrupción Laura Borràs o el abogado Gonzalo Boye.

Así las cosas, Junts –junto al PNV– han solicitado a la Mesa del Congreso de los Diputados la creación de sendas comisiones de investigación sobre la denominada «Operación Cataluña», que presuntamente investigó al independentismo catalán, y otra de las implicaciones derivadas de los atentados de Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 2017.

En marzo de este año, al final de la anterior legislatura, se constituyó ya una comisión sobre estas actuaciones, pero, según el escrito, solo pudo comenzar sus trabajos «de forma muy limitada y condicionada, quedando finalizada con la disolución del Congreso de los Diputados y el Senado y la convocatoria de elecciones generales».

«Desde entonces han aparecido nuevas informaciones y grabaciones al respecto en los medios de comunicación, hecho que conlleva no solo la necesidad de retomar los trabajos de aquella comisión, sino sobre todo darle una función coherente con la voluntad de investigar, contrastar y aclarar el alcance real de la denominada Operación Cataluña», apunta el documento.

Por consiguiente, el objetivo de la comisión que se reclama ahora sería conocer la implicación de las instituciones del Estado en las presuntas intromisiones ilegales llevadas a cabo sobre líderes políticos, instituciones y otras personas.

En otro escrito, Junts y el PNV plantean crear una comisión sobre el «derecho a saber la verdad» y las implicaciones derivadas de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017.

Según ha informado EFE, quieren que se aclaren cuáles fueron las presuntas responsabilidades políticas o de cualquier otra índole en los atentados de Barcelona y Cambrils y que se propongan medidas de restitución o compensación para todas las personas afectadas por los atentados, así como para los familiares de las personas que fallecieron.