Calviño, protectora del Tito Berni, obligada a desvelar si concedió ayudas a su trama

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital tendrá que desvelar el detalle de todas las ayudas que haya concedido a las empresas vinculadas al caso Tito Berni. Así lo ha sentenciado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en su resolución 963/2023 de 13 de noviembre, firmada por el presidente de la Autoridad Administrativa Independiente, José Luis Rodríguez Álvarez, documento que obra en exclusiva en poder de El Debate. El ministerio dirigido por Calviño ha ignorado todas las diligencias incoadas en el procedimiento legal instruido a tal efecto desde el pasado mes de marzo.

El máximo organismo encargado de velar por la transparencia de las administraciones públicas ha dictado la resolución 963/2023 de 13 de noviembre, en la que, una vez más da la razón a El Debate, después de que el Ministerio haya ignorado todos los requerimientos efectuados y que permitirían conocer la posible relación financiera entre las empresas investigadas por la Justicia. En palabras del Consejo, «esta falta de respuesta (…) no puede dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional», tal y como «viene exigiendo el Tribunal Supremo de manera constante».

Así las cosas, la resolución que ampara a El Debate obliga y manda a Calviño para que en el plazo de diez días hábiles facilite una «copia de las subvenciones, avales o de cualquier otro tipo de ayuda económica concedida por su ministerio a empresas vinculadas a la trama mediador, promovida por el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, como a las empresas Cleanergetic Seers Solutions SL o Cleanergetic Insular SL y otras incluidas en el sumario judicial y respecto a las cuales no exista prohibición expresa del Juez Instructor para su entrega».

Pero para llegar a este punto han pasado ocho meses, desde el mes de marzo, cuando se solicitó esta información al ministerio sin obtener respuesta, lo que evidencia la poca predisposición del Gobierno para arrojar luz sobre el último caso de corrupción que estalló de lleno en el seno del PSOE, y cuyo cabecilla ha sido el diputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, más conocido como Tito Berni.

De este oscurantismo da cuenta la citada resolución, al señalar que «trasladó la reclamación al ministerio solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes», pero «a fecha de elaborarse la presente resolución no se ha recibido contestación».

De hecho, considera que Calviño está dificultando «considerablemente el cumplimiento de la función encomendada a esta Autoridad Administrativa Independiente».

Por ello, «dado que la documentación solicitada tiene la condición de información pública» y ante el silencio del Gobierno que no ha argumentado ningún precepto legal que impida su acceso, Calviño deberá explicar si alguna de las empresas implicadas en una trama presuntamente corrupta mezclada con fiestas con drogas y prostitución ha recibido ayudas del Estado.

Pero éste es solo un intento más del PSOE para echar tierra sobre el caso Mediador, valiéndose de las administraciones que maneja. También la expresidenta del Congreso, Meritxell Batet, hizo imposible saber con quién se reunió el entonces diputado socialista antes de que saltara por los aires el escándalo, lo que permitiría conocer hasta dónde se utilizó al Congreso como ‘oficina’ de la trama corrupta.

En este caso, tal y como reflejó negro sobre blanco la Secretaría General del Congreso en un documento oficial que publicó El Debate, «con carácter semanal, los datos de las visitas se ponen a disposición de los Servicios de Seguridad de la Cámara para su custodia, siendo destruidos en los plazos establecidos por la normativa vigente, por lo que, dado el tiempo transcurrido, no existen datos de las visitas que tuvo el Sr. Fuentes Curbelo».

Una decisión que contrasta con las obligaciones de transparencia de los diputados pues según el Código de Conducta de las Cortes Generales, «los miembros de las Cámaras deberán hacer pública su agenda institucional en el correspondiente Portal de Transparencia, incluyendo en todo caso las reuniones mantenidas con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés».

Posteriormente, después de saber que la Policía Nacional no pudo acceder durante semanas al despacho del diputado y que tampoco pudo acceder a su teléfono móvil y al Ipad pagados por el Congreso, Batet también se negó a dar más información acerca del asunto.

En concreto, rechazó entregar una copia de los informes que validaron «el precinto del despacho usado por el exparlamentario», además de la autoría de la orden emitida para que se llevase a cabo tal actuación. Del mismo modo, también se negó a facilitar la solicitud de adquisición del teléfono móvil y del iPad usado por el exdiputado durante la legislatura, ni quién firmó la autorización para la enajenación realizada por el Congreso, pues habría permitido llevarse unos dispositivos que podrían contener pruebas de la trama corrupta.

Para ello, el Congreso esgrimió que se trataban de documentos relativos a «actuaciones relativas a la investigación y sanción de posibles ilícitos penales, siendo la motivación de dicha limitación la protección de las actuaciones judiciales en curso». Una excusa que ya ha sido desmontada en otras ocasiones por la Justicia.

Parece evidente que el secreto sobre la trama Mediador se ha impuesto en todos los estamentos en los que están presentes los tentáculos del PSOE, y el caso de Calviño y las posibles ayudas públicas a las empresas implicadas es solo una prueba más de ello. Pero la ministra tendrá que sacar de los cajones todos los documentos que posee para cumplir con sus obligaciones.