El sector jurídico reacciona al nombramiento de Bolaños: «El objetivo del nuevo Gobierno es controlar el Poder Judicial»

Los operadores del mundo jurídico no han tardado en reaccionar contra el nombramiento de Félix Bolaños como nuevo ministro de Justicia, tarea que compatibilizará con la del Departamento de Presidencia, en un claro gesto de Pedro Sánchez por concentrar, en alguien de su total confianza, dos carteras tan relevantes para la futura viabilidad del Ejecutivo socialista con el apoyo de los separatistas catalanes de Junts y Esquerra (ERC).

En plena oleada de reacciones del sector de la Justicia contra la ley de amnistía que contempla el lawfare (o guerra judicial) como razón para que el legislativo revise, a través de comisiones parlamentarias, las sentencias judiciales dictadas en el marco del procés, los juristas manifiestan su «sorpresa ante un nombramiento que pone de manifiesto cómo el objetivo del Gobierno es el Poder Judicial».

«Llama la atención la dualidad de funciones que aglutina el señor Bolaños, una situación que deja entrever que la única importancia que se concede al Ministerio de Justicia es la necesidad de que, a través de él, se pueda controlar a jueces y fiscales», asegura en declaraciones a El Debate la presidenta de la Asociación mayoritaria del Ministerio Público (AF), Cristina Dexeus. «Lo deseable es que el nuevo ministro se avenga a trabajar por un gran pacto de Estado para la mejora de la Administración, defendiendo la separación de poderes, la independencia judicial, la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley», añade la fiscal catalana.

Una visión compartida con Fernando Portillo, portavoz de la comisión gestora de Foro Judicial Independiente (FJI) que «sin negar los conocimientos jurídicos» del nuevo ministro «por su formación profesional» echa de menos que «el nuevo titular de la cartera haya sido un miembros de la Carrera judicial o fiscal». «Tiene un perfil político y desconoce la realidad del funcionamiento diario y directo de la Justicia de base», añade el magistrado.

«La Justicia no merece para este Gobierno la importancia que debería cuando no ha concebido una cartera propia» sino compartida con otros «especialmente Presidencia, algo que nunca había ocurrido en todos estos años de democracia» con lo que, además, «se pone en evidencia la manifiesta falta de decoro y da la sensación, en apariencia, de que desde el Poder Ejecutivo quieren controlar la Justicia», apunta Portillo.

Una Justicia lenta no es Justicia. Hacen falta muchos más recursos y jueces, durante los próximos añosFernando PortilloPortavoz de Foro Judicial Independiente (FJI)

Para la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) la «conexión» del ministro Félix Bolaños con la cartera de Presidencia «puede ser tanto un síntoma positivo para dar respuesta rápida a las urgencias de Justicia» aunque también temen que «pueda restar protagonismo a los déficits que acumula la Administración judicial». «Es imprescindible el cumplimiento de todos los puntos del acuerdo de la mesa de retribuciones y avanzar más que nunca en la separación de poderes y en la cada vez mayor independencia de la función judicial», alerta el nuevo portavoz nacional de la entidad, Sergio Oliva.

«Hasta ahora, el Ministerio de Justicia es hoy poco más que un negociado y, por eso, no ha resuelto ninguno de los problemas reales que tiene la Administración de Justicia en España y que requiere de algunos cambios estructurales y medios materiales que, por su falta de capacidad, no se han podido hacer», afirma como primera reflexión Salvador Viada, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Así las cosas, Viada se pregunta si «el peso político que sí parece tener el señor Bolaños servirá para abordar los problemas incómodos o si, por el contrario, se limitará a cumplir con la agenda del Gobierno pactada con los separatistas para la investidura». «Si realmente quiere arreglar algo, tiene mucho trabajo por delante, empezando por aumentar el presupuesto de Justicia y pelear por uno propio para la Fiscalía gestionado con independencia, el aspecto tecnológico, la propia operativa,...», avanza el veterano fiscal.

Una «salida negociada al conflicto»

Por su parte, nada más conocerse el nombre del que será el próximo ministro de Justicia durante los próximos cuatro años, el resto de operadores jurídicos, fundamentalmente los funcionarios de Justicia han apelado a la necesidad inmediata de «convocar una mesa negociadora» para dar «solución al conflicto de la Justicia que lejos de estar cerrado» quedó pendiente tras la disolución del anterior Gobierno, una vez convocadas las elecciones generales del pasado 23-J.

Así las cosas, Javier Jordá, secretario nacional de la sección de Justicia del sindicato CSIF ha avanzado que, en caso contrario, «no nos quedará más remedio que retomar las movilizaciones».