Félix Bolaños tendrá que asumir la renovación del CGPJ y el trámite judicial de la amnistía

El nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, asume la cartera con el dudoso aval de haber sido uno de los negociadores de los pactos del PSOE con los independentistas de Esquerra (ERC) que incluyen la referencia al lawfare (guerra judicial) y uno de los responsables del Gobierno en la Mesa de Diálogo con la Generalitat de Cataluña. No serán menores las tareas que tendrá que asumir en la próxima legislatura al frente de un Departamento del que dependerá el acuerdo con el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pero, sobre todo, del que cuelga la tramitación judicial de la Ley de Amnistía.

Bolaños hereda de su predecesora Pilar LLop una cartera de alto voltaje, con todos los operadores jurídicos en contra del señalamiento de jueces y fiscales que se ha abierto tras los acuerdos alcanzados entre socialistas y separatistas para la investidura de Pedro Sánchez, abiertamente posicionados contra el revisionismo de las sentencias y de las actuaciones jurisdiccionales en el marco del procés.

Desempeñará un rol estratégico en la tramitación de la ley de amnistía, clave para el borrado penal del procés del que dependen los apoyos separatistas al Gobierno de Pedro Sánchez

Una misión sólo apta para alguien capaz de intentar colarse en una tribuna institucional en la que no ha sido invitado con el descaro propio de quien tendrá que explicar a los Letrados (LAJ), jueces, magistrados y resto de funcionarios de la Administración cómo va a dar cumplimiento a las subidas salariales pactadas, e incumplidas, por su antecesora en el cargo.

La polémica Ley de Amnistía

El ministerio de Justicia, en manos del hoy magistrado del Tribunal Constitucional Juan Carlos Campo, aseguró en un informe de 2021 que la amnistía para los condenados por el referéndum de autodeterminación de Cataluña era «claramente inconstitucional». Además, en el mismo texto se negaba la existencia de una extralimitación en el comportamiento del Poder Judicial ante el desafío separatista y se defendía la respuesta penal ofrecida al mismo «porque nadie está fuera de la ley».

Ahora, una vez registrada la Proposición de Ley Orgánica de Amnistía, Félix Bolaños tendrá, como nuevo responsable de la cartera de Justicia, la indescriptible misión de adecuar el mensaje sobre el procés a las actuales necesidades del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ahora asegura hacer «de la necesidad virtud» y admite abiertamente que «una crisis política nunca tuvo que derivar en acción judicial», con el único objetivo de contentar a sus socios de investidura de Junts.

En este sentido, además, Bolaños hereda la deuda de la ministra saliente quien, en su último encuentro informal con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, aplazó las explicaciones requeridas por la UE sobre la amnistía al Ejecutivo de Sánchez alegando que se trataba de una cuestión doméstica y, por lo tanto, responsabilidad únicamente de las Cortes Generales.

Enviada a la Comisión Europea el texto legal registrada por el grupo socialista en el Congreso, fue el propio Bolaños quien solicitaba una reunión formal para exponer la posición del Gobierno español al respecto de la misma ante las «serias preocupaciones» que han expresado, en todo momento, las autoridades comunitarias. En especial, tras la oleada de reacciones de todas las instituciones jurisdiccionales en contra del señalamiento a los jueces españoles y de la posibilidad de conformar comisiones parlamentarias para rectificar sus decisiones.

Priorizará la renovación del CGPJ

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva en funciones prorrogadas, desde 2018, será el mayor obstáculo a superar para Félix Bolaños al frente de Justicia. No en vano, hasta la fecha y pese a los diferentes intentos por forzar un acuerdo con el PP para abordar un cambio que permitirá al PSOE controlar la última institución española que resiste a sus injerencias, no ha sido posible alcanzar el consenso necesario.

Sánchez es consciente de lo que hay en juego con el Poder Judicial y de la necesidad de calmar los ánimos entre los miembros de la Magistratura tras el escándalo de la amnistía. Pero, sobre todo, del desafío que supondrá lograr que los populares accedan a pactar una cambio en los vocales del Consejo, sin una reforma previa del sistema de elección –para que, de acuerdo con los estándares europeos, sean los jueces quienes elijan a sus representantes– y antes de abordar una reducción de las mayorías parlamentarias necesarias para lograrlo.

Cabe recordar que, tras el aval del Constitucional al bloqueo del Ejecutivo a los nombramientos del CGPJ, se incrementaron los temores a una posible reforma legal que hurtase al Congreso las garantías ampliadas de 3/5 de los diputados de la Cámara, actualmente necesarias, para abordar, sin consenso, la renovación institucional de la que cuelga el gobierno de los jueces y magistrados en España.