La mujer de Ximo Puig se postula como 'viceministra' de Justicia con Bolaños

Gabriela Bravo, (Ráfol de Salem, Valencia, 1963) es la mejor posicionada en las quinielas del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez para ocupar el puesto de secretaria de Estado de Justicia, en el Departamento que, este mismo lunes, asumía oficialmente Félix Bolaños. La cartera de Justicia pasaría así a estar en manos de la valenciana, mujer de Ximo Puig –de la que el socialista se enamoró cuando era su consejera en la Generalitat– quien, de facto, y como número dos del Ministerio, sería la verdadera encargada de gestionar dos retos de un sector que conoce a la perfección y en ausencia del también titular de Presidencia y Relaciones con las Cortes.

Bravo es fiscal de carrera especializada en la defensa de los menores, y fue militante de la asociación profesional más afín al PSOE, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), lo que le permitió entrar, en septiembre de 2008 y hasta el año 2013, en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta de los socialistas. En el Pleno de aquel órgano, y apoyada en sus dotes de comunicación, la valenciana se ganó la confianza del entonces presidente, el hoy desaparecido, Carlos Dívar, y llegó a ejercer la Portavocía de una institución de la que fue vocal con dedicación exclusiva y que en plena crisis interna, acabó terminando en la dimisión del propio Dívar.

Ahora, en pleno baile de nombres para ir rellenando los puestos de mayor responsabilidad en el seno de un Ejecutivo que seguirá teniendo 22 Ministerios, Pedro Sánchez ha pensado en Gabriela Bravo como 'viceministra' de Justicia para asumir las responsabilidades directas y el peso real de una cartera que, de facto, no será la única ocupación de su titular Félix Bolaños, el cual tendrá que compaginarla, además, con las funciones propias del gabinete de Presidencia y las relaciones con las Cortes Generales.

Cabe recordar que Gabriela Bravo siempre ha sido una persona muy próxima al actual presidente del Gobierno quien, tras la crisis de Gobierno de 2016 –cuando por la falta de pactos, casi hubo que celebrar elecciones generales por tercera vez– el que era, y es, secretario general del PSOE encargó a la fiscal la redacción del contenido de Justicia de su programa electoral. Una época en la que ya era consejera de Justicia en la Comunidad Valenciana con Ximo Puig el que, amén de su pareja, es también secretario general de los socialistas valencianos (PSPV).

En junio de este mismo año, Bravo era el epicentro de una agria polémica en la que, siento todavía titular de la cartera de Justicia en el ejecutivo de su marido, aunque en funciones, ascendió como vicepresidenta segunda de las Cortes, designada por los socialistas, pese a que ello dejaba al PSOE sin representación orgánica en la Cámara parlamentaria, ya que la fiscal no es afiliada del partido.

Fue tal el escándalo que se suscitó con la dualidad de Bravo no sólo entre el Partido Popular sino también de los hasta entonces socios de legislatura de Puig, Compromís, que los primeros exigieron que dimitiese como consejera de Justicia, apoyados en la Ley del Consell donde se establece que tanto el cargo de consejero, como el de presidente de la Generalitat, son incompatibles «con el ejercicio de cualquier otra función pública que no derive del ejercicio de su cargo, excepto la de Diputado de las Cortes».

Por lo tanto, Bravo debía abandonar las competencias de Justicia, Administración Pública e Interior que ejerció de manera interina durante el tiempo en que, tras las elecciones municipales y autonómicas del 28-M, se produjo el traspaso de competencias al nuevo Govern encabezado por Carlos Mazón. Sin embargo, lejos de la docilidad y el carácter afable que aseguran que tiene aquellos que la conocen, la fiscal solicitaba un informe a los servicios jurídicos de la Generalitat para saber si, realmente, estaba obligada a apartarse.

Bravo se defendió, con uñas y dientes, de las voces que sugerían que su llegada al órgano de dirección del Parlamento valenciano se debía a un posible «enchufe» por el mero hecho de ser la pareja del ya entonces ex 'president'. La fiscal valenciana que desembarcó en política hace sólo unos años, aseguraba que «a lo largo de esta legislatura (...) no ha habido ningún tipo de decisión que viniera relacionada con nuestro ámbito personal», en referencia a su marido Ximo Puig. «A mí nadie me ha regalado nada» afirmaba, tajante, para denunciar que estaba siendo víctima de un planteamiento «machista».

El nombramiento de Gabriela Bravo vendría a compensar la decisión de Sánchez de prescindir de Ximo Puig para su nuevo Gobierno, pese a que su núcleo duro apostaba por el perfil del expresidente de la Generalitat para que asumiese la titularidad de Política Territorial. Con este descarte, el líder del PSOE ha abierto en canal la carrera por la sucesión en la delegación valenciana del Partido Socialista (PSV).