El letrado mayor no firmó el informe sobre la ley de amnistía que ha dado luz verde a su tramitación

No cabe eludir responsabilidades «diluyendo» la autoría del informe jurídico que ha dado luz verde al primer escalón del trámite parlamentario de la Proposición de Ley Orgánica de amnistía registrada por el PSOE en el Congreso de los Diputados. La ausencia de una firma expresa en el dictamen remitido por los servicios jurídicos de la Cámara Baja a la Mesa que, este martes, acordaba admitir el debate del texto en el hemiciclo a mediados del próximo mes de diciembre, «compromete» no sólo la validez efectiva del mismo sino la posibilidad de inicia las acciones oportunas contra el mismo, explican los expertos consultados por El Debate.

Y es que, a diferencia de lo que ocurriera en 2021, con el informe presentado por el entonces letrado mayor de las Cortes a la presidenta de la Mesa, la socialista Meritxell Batet, el nuevo secretario general, Fernando Galindo, designado por la actual titular del órgano colegiado, Francina Armengol, no ha rubricado, de forma visible y expresa el documento. Es más, esta última aseguraba a los populares presentes en la deliberación del polémico trámite que las conclusiones recogidas en el mismo responden a una posición «asumida por el conjunto de la Secretaría Técnica», aunque ninguno de los cuatro asesores de la misma asignados a la Mesa, incluido el propio Galindo, se han pronunciado en este sentido.

Hasta tal punto fue así que, según ha podido conocer El Debate, durante el transcurso del Pleno de la Mesa del Congreso fijado este martes para tratar la cuestión de la amnistía, Galindo se ausentó en varias ocasiones, «no defendió personalmente» el contenido del informe aportado y «permaneció» la mayor parte del tiempo «fuera» de la sala donde se dieron cita los miembros del órgano parlamentario. Tampoco ninguno de sus otros tres compañeros, su adjunto y los dos letrados de apoyo a la Mesa, se atribuyeron la autoría, ni asintieron respaldando la afirmación de Armengol.

A cambio, fue el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis quien ejerciendo las veces «más de portavoz del Gobierno» en el transcurso del cónclave que de vicepresidente primero de la Mesa del Congreso, enarboló la defensa del informe técnico jurídico de los letrados y dio por bueno el relato del interés general y la necesidad actual de apostar por una ley de amnistía para la «pacificación» del conflicto catalán. No en vano, el socialista aseguraba en su perfil de X que «la Cámara garantiza» tras ser constituida «la respuesta constante del legislativo a los retos y necesidades de la sociedad española»