Conde-Pumpido abroncó al magistrado Campo por apartarse de la amnistía sin consultarle antes

Nunca antes en la historia de la democracia española el Tribunal Constitucional se había asomado a un escenario de semejantes dimensiones y repercusión como el que supondrá decidir sobre la constitucionalidad, o no, de la ley de amnistía diseñada por Pedro Sánchez con los separatistas catalanes llamados a beneficiarse de la misma. Sólo así se entiende que el presidente del órgano, Cándido Conde-Pumpido elevase el tono con el magistrado Juan Carlos Campo quien, unas horas antes, había comunicado al resto de los miembros del TC su decisión de abstenerse en la deliberación sobre el primer recurso planteado, por un particular, contra el trámite de admisión parlamentaria de la polémica norma llamada a borrar el procés de un plumazo.

El enfado «era monumental», cuentan quienes fueron testigos de la tensa conversación mantenida entre Conde-Pumpido y el exministro de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez, Juan Carlos Campo, tras conocer que éste no intervendría en el primer debate entorno a la amnistía. El tono fue «grueso» y «el presidente levantó la voz en varias ocasiones» afeando a su compañero que hubiese registrado un escrito para comunicar su posición, sin haberle consultado antes. Algo que, por otra parte, el magistrado no tenía ninguna obligación de hacer ya que el análisis sobre la «apariencia de imparcialidad es personalísimo», aseguran varios expertos consultados por El Debate.

Campo –designado por el propio Gobierno socialista como uno de los dos magistrados correspondientes a su cuota de participación en el TC, durante la última renovación– ya se había pronunciado sobre el posible borrado penal del procés: en los informes sobre los indultos de los líderes separatistas catalanes condenados por el Supremo que tuvo que gestionar cuando estaba al frente del ministerio de Justicia.

Y lo hizo para anticipar que, frente a la medida de gracia acordada por el Ejecutivo para los cabecillas independentistas –que tampoco le entusiasmó– la amnistía era «inconstitucional». Un posicionamiento público y notorio que el juez Campo ha considerado incompatible con su misión de intervenir en una causa planteada contra el nuevo texto legal registrado por el PSOE en el Congreso.

Sin embargo, para el presidente del Constitucional, una cuestión de semejante trascendencia y repercusiones debería haber pasado su filtro previo. No en vano, la renuncia de su compañero no sólo provoca una baja en el «compacto» bloque de siete que conforma la izquierda jurídica en el seno del órgano, desde que fuese renovado el pasado mes de enero, sino que le «coloca frente al espejo de su propia abstención», apuntan a El Debate fuentes próximas al TC. De ahí que, «convocase a los suyos, a una reunión» de urgencia, «en su despacho» a las 10.30 horas al día siguiente de conocer el escrito presentado por Campo para, supuestamente, consensuar la aceptación de dicha renuncia y bloquear cualquier otra sorpresa futura sobre la amnistía.

Allanando el «polvo del camino»

Cabe recordar que Conde-Pumpido se ha apartado, hasta ahora, de todas las causas del procés, tras ser formalmente recusado por los políticos condenados penalmente en el Supremo. Pero, «de un tiempo a esta parte ha estado allanando su participación en cuantos recursos se planteen», una vez aprobada la amnistía, bajo el pretexto de que «en algún momento» tendrá que «reincorporarse» y que la norma, en realidad, «no tiene que ver» con el proceso separatista catalán sino que se trata de «algo diferente».

Una tesis algo difícil de asumir habida cuenta de que «el único objetivo de la norma es, precisamente, y como recoge una y otra vez su Exposición de Motivos en menciones expresas», el borrado del procés. No sólo de las penas asociadas a los delitos cometidos sino de los delitos en sí mismos.

Así las cosas, y aplicando un juicio de «imparcialidad plena» sobre la Corte de Garantías, no sólo Juan Carlos Campo «debía apartarse» de cualquier decisión sobre la amnistía, sino que su «actuación impecable» marca un camino libre de polvo, «al menos, a otros dos de sus miembros», subrayan fuentes de toda solvencia. De ahí el «cabreo» del propio Conde-Pumpido que «es uno de ellos» junto con la ex alto cargo de la Moncloa, «Laura Díez quien, como miembro del Ejecutivo antes de ser designada por éste para incorporarse» al TC, trabajó codo a codo con quien ha redactado la ley de amnistía llamada a beneficiar a los separatistas catalanes tras el referéndum inconstitucional del 1-O.

De producirse la «improbable» triple renuncia, lo cierto es que el juego de equilibrios en el seno del Constitucional, de mayoría zurda en la actualidad –con siete miembros en el sector de la izquierda jurídica frente a cuatro del ala conservadora–, quedaría sensiblemente alterado. De hecho, la abstención de los tres magistrados (Conde-Pumpido, Campo y Díez) dejaría el Pleno del órgano mermado a ocho miembros, el mínimo legal suficiente para conformar el quorum. Cuatro magistrados en ambos sectores que, en caso de empate técnico, la vicepresidenta del órgano, Inmaculada Montalbán, tendría la misión de desempatar con su voto de calidad.

De ahí que el presidente la eligiera a ella, afín a su sector, como lugarteniente, y no al magistrado más veterano que es el conservador Ricardo Enríquez quien, según la norma no escrita de alternancia y pluralismo en el órgano, debería haber asumido las competencias del número dos de la Corte de Garantías en su última renovación.