El magistrado Campo se aparta de un recurso sobre la amnistía para salvaguardar la «imparcialidad» del TC

Uno de los magistrados del Gobierno socialista de Pedro Sánchez en el Constitucional (TC), el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, ha decidido abstenerse en un recurso de amparo presentado por un ciudadano particular en relación con la admisión parlamentaria de la futura ley de amnistía para salvaguardar la «imparcialidad» del Tribunal. No en vano, el jurista ya se había pronunciado sobre el posible borrado penal del procés –en los informes sobre los indultos de los líderes separatistas catalanes condenados por el Supremo– anticipando que la amnistía era «inconstitucional».

Un posicionamiento éste, público y notorio, que el juez Campo ha considerado incompatible con su misión de intervenir en una causa planteada contra el nuevo texto legal registrado por el PSOE en el Congreso. De ahí una renuncia que, con toda probabilidad, anticipa el escenario en el que la Corte de Garantías tendrá que resolver las futuras impugnaciones contra la ley de amnistía pactada entre Sánchez, Junts y ERC y que reducirá en uno los miembros del Pleno pasando de once a diez.

Según ha podido confirmar El Debate, con fuentes próximas al TC la abstención de Campo será debatida en la sesión prevista para este mismo jueves. Cabe recordar que, aunque la renuncia del exministro socialista queda circunscrita en el marco de un recurso concreto, el órgano de Garantías, presidido por Cándido Conde-Pumpido ha recibido una segunda petición de amparo, de otro particular, también con motivo de la futura amnistía, donde ya se plantean, de manera explícita, las recusaciones contra el propio Campo, Laura Díez y el presidente del Pleno.

Las recusaciones contra Campo y Díez en temas relacionados con el actual Gobierno han sido una constante, para la mayor parte de los asuntos e iniciativas legislativas, en especial los decretos-ley, aprobados por el Ejecutivo socialista, por cuanto ambos magistrados se incorporaron al Tribunal como cuota política designada por el mismo, en la última renovación. Campo, directamente desde el Departamento de Justicia y Díez, tras ejercer como alto cargo de la Moncloa, en el gabinete de Presidencia, de la mano del actual titular de la cartera, Félix Bolaños.

Además, se da la circunstancia de que Laura Díez fue jurista de cabecera de la Generalitat catalana donde asesoró al Govern para la redacción de la norma autonómica que está permitiendo a la Administración separatista puentear la sentencia firme del Supremo que obliga a impartir, como mínimo, el 25% de las clases de la formación escolar obligatoria en español.

En cuanto al presidente del Constitucional, Conde-Pumpido, ya en 2021 se vio obligado a abstenerse de todos los asuntos vinculados al procés después de que los líderes independentistas le recusaran al estimar que no era «neutral» ni «imparcial» por una conferencia celebrada en noviembre de 2017 donde dio su opinión al respecto sobre la causa especial del Supremo y en relación a las condenas impuestas a cada uno de ellos.

Entonces, el hoy presidente del TC manifestó su «preocupación» por los hechos que se estaban produciendo en Cataluña y los calificó de «pretensión de subvertir el Estado social y democrático de Derecho utilizando fraudulentamente la propia bandera de la democracia».

Mayoría de la izquierda en el TC

Desde la última renovación parcial del TC, el pasado mes de enero, el ala izquierda de la Corte cuenta con una holgada mayoría de siete magistrados –entre ellos Conde-Pumpido, Campo y Díez– frente a cuatro conservadores.

Sin embargo, este amplio margen podría verse mermado precisamente por el juego de las abstenciones y recusaciones que, en otros asuntos donde se han planteado, ha quedado neutralizado.

Así, por ejemplo, ocurrió en recursos como los presentados contra las leyes del aborto o de la eutanasia. En el primero, la magistrada conservadora Concepción Espejel se abstuvo alegando que en su día se había pronunciado sobre la ley tras participar en la elaboración del informe preceptivo, aunque no vinculante, firmado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del que formaba parte como vocal, durante el trámite previo del Proyecto de Ley Orgánica.

Sin embargo, el Pleno del TC, con Conde-Pumpido en cabeza, impidió a Espejel que se apartara al considerar que se trataba de una opinión de hacía «más de 12 años» y pese a que la magistrada aseguró a sus compañeros que «no ha cambiado de criterio, en absoluto» durante todo ese tiempo.

Las fuentes consultadas por El Debate aclaran que ninguno de los dos recursos de inconstitucionalidad presentados por la futura amnistía tienen recorrido alguno porque aún no hay una ley aprobada cuyos efectos hayan podido afectar a los derechos de un ciudadano particular. No obstante, las decisiones que adopte el la Corte de Garantías sobre la abstención de Campo y las recusaciones lanzadas sí servirán para ir configurando el Pleno que deberá decidir sobre la medida de gracia.