El Poder Judicial resiste a las presiones del 'lawfare' y anula las irregularidades del Gobierno en la Fiscalía y el Consejo de Estado

Frente al poder omnímodo del Gobierno, el control de los tribunales en la aplicación estricta del imperio de la ley. En plena campaña política de la izquierda y el separatismo catalán contra los jueces y fiscales españoles por el lawfare, la Justicia, ajena a las presiones, continúa en el ejercicio de su función y revoca algunas de las irregularidades cometidas por el Ejecutivo durante la pasada legislatura.

El reciente varapalo del Supremo a Pedro Sánchez, anulando la designación de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado; la nulidad del ascenso de Dolores Delgado como fiscal de Sala Togada de lo Militar, decretado por su sucesor en el cargo Álvaro García Ortiz; y, la «inidoneidad» de este último para renovar en su cargo, determinada por mayoría absoluta del Pleno del Consejo General (CGPJ), por primera vez en democracia, están complicando las maniobras del Gobierno para controlar el Poder Judicial y las más altas instituciones del Estado.

Un escenario que no ha gustado en el seno del Gobierno de coalición conformado por PSOE y Sumar a juzgar por la reacción del portavoz de Justicia de la formación de Yolanda Díaz, Enrique Santiago, quien tras conocer las últimas resoluciones cargaba en su cuenta de Twitter contra la Justicia española: «La Justicia ha declarado una guerra política a las instituciones elegidas democráticamente».

Una posición compartida por el ministro de Presidencia, relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, quien se refería públicamente a la sentencia del Supremo por la que queda anulado el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, como una decisión que «respetamos pero no compartimos». Bolaños aseguraba, visiblemente molesto, que «no se puede abrir la puerta a que una entidad privada pueda cuestionar decisiones que son exclusivamente de la competencia del Gobierno de España», en referencia a la admisión del recurso planteado ante el Alto Tribunal por la Fundación Hay Derecho.

Lo cierto es que la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, en 2018, tras la moción de censura a Mariano Rajoy, significó un cambio de paradigma institucional en el que, en los últimos años, los principales entes, organismos o empresas vinculadas al sector público han pasado a estar controlados por el Gobierno, de un modo u otro, a través de personas afines al PSOE.

Desde entonces, y hasta la fecha, tal y como ha venido publicando El Debate, más de una cuarta parte de las entidades de la Administración –entre ellas, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, la Fiscalía General, Correos, Indra, el INE o el CIS– han quedado colonizadas por los socialistas.

Tan sólo el máximo exponente del Poder Judicial, su Consejo General (CGPJ), ha conseguido sortear todas las maniobras del Ejecutivo, seguir prorrogado con una amplia mayoría de vocales conservadores, pese a tener los nombramientos bloqueados; y, salir airoso hasta de un intento frustrado de dimisión en bloque del sector zurdo, promovido por el vocal Álvaro Cuesta quien, además, es el miembro más próximo al Ministerio de la Presidencia y Justicia que dirige Félix Bolaños.

Y es que, en base a los acuerdos suscritos entre los socialistas y la formación del expresidente catalán de la Generalitat y prófugo de la Justicia española, Carles Puigdemont, para la investidura de Pedro Sánchez, que incluían el término lawfare o guerra judicial, una buena parte del Ejecutivo se ha lanzado, sin matices, a criticar la actuación de los tribunales españoles y al señalamiento de algunos jueces, magistrados y fiscales concretos. En especial, aquellos que instruyen, enjuician o acusan en las causas más relevantes del procés catalán que la ley de amnistía se prepara para borrar.

El propio Sánchez se pronunciaba sobre el tema para asegurar que en España, como ya antes había defendido su recién estrenado ministro de Transportes, Oscar Puente, existe «definitivamente» el lawfare porque se han «instrumentalizado instituciones» para «perseguir a adversarios políticos y ocultar pruebas en causas judiciales que afectaban al Partido Popular». «Ésa es la Operación Kitchen», indicaba el presidente del Gobierno.

Hace unos días, además, tanto Sumar como Podemos, presentaban, sendas querellas contra el CGPJ y los jueces de la Audiencia Nacional al frente del caso Dina, Manuel García Castellón y Joaquín Gadea, respectivamente, bajo el pretexto de depurar sus presuntas responsabilidades en la toma de decisiones injustas y adoptadas. Ambas formaciones consideran que la actuación de los órganos jurisdiccionales en una clara estrategia de «judicialización de la política» perjudicó sus legítimas aspiraciones políticas por lo que tratan de que los responsables sean, a su vez, enjuiciados por ello.

En especial, el magistrado García Castellón ha sido objeto de especial señalamiento por su decisión de imputar a Puigdemont y a Marta Rovira (ERC) en la causa que se sigue contra Tsunami Democràtic por terrorismo. Una persecución que le ha llevado a solicitar el amparo del CGPJ y la intervención de la Fiscalía. Sin embargo, el fiscal general Álvaro García Ortiz censurado por «inidóneo» por la mayoría absoluta del Poder Judicial, en una resolución inédita, declinaba iniciar acciones penales por calumnias contra dos de los miembros del Gobierno y la Generalitat que se pronunciaban en público para atacarle.

Tampoco reaccionaba el máximo responsable de la Carrera Fiscal ante la solicitud de protección planteada por los fiscales del procés -Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno- ante el acuerdo de PSOE y Junts para crear comisiones de investigación parlamentarias para detectar supuestos casos de lawfare.

Por esta «pasividad» manifiesta del sucesor de Dolores Delgado al frente del Ministerio Público, que según el Supremo incurrió en una clara «desviación de poder» para ascender a su predecesora en el cargo a la categoría de fiscal del Sala, el CGPJ rechazaba que García Ortiz cumpliese con la debida apariencia de «imparcialidad» y «neutralidad» respecto del Gobierno que lo ha renovado en su cargo. En este sentido lo reflejaba el Pleno del Consejo en el informe preceptivo, aunque no vinculante, sobre la propuesta formulada por el Consejo de Ministros que, por lo tanto, seguirá adelante.

Así las cosas y pese a los intentos del Gobierno por señalar al Poder Judicial y a su máximo órgano, el Consejo General, por sus posiciones críticas con la amnistía, la labor de jueces, tribunales, fiscales, asociaciones profesionales y resto de operadores jurídicos, sigue intacta y al margen de las presiones y los intentos por mediatizarles.