Podemos usa el lawfare para querellarse contra los jueces García Castellón y Gadea por prevaricación

Podemos no quiere quedarse atrás en la guerra del Gobierno contra los jueces a los que han empezado a señalar, tras el pacto cerrado entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, apoyados en la excusa del lawfare o, lo que es lo mismo, la persecución de los tribunales a los políticos vinculados con el procés. Así las cosas y, siguiendo la estela marcada por Sumar que la semana pasada se querellaba ante el Supremo contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por haberse pronunciado de manera crítica sobre la amnistía, la formación morada ha interpuesto. este lunes, una querella contra el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y contra su refuerzo en el juzgado central de instrucción número 6 Joaquín Gadea por presuntos delitos de prevaricación, revelación de secretos y omisión de perseguir conductas delictivas.

Así lo ha trasladado el coportavoz estatal del partido, Pablo Fernández, en rueda de prensa para anunciar su denuncia, formalizada en la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, contra ambos jueces por su trabajo, en este caso, en la instrucción de la denominada pieza Dina del 'caso Tándem', en la que se ha indagado en el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de la exasesora del entonces partido de Pablo Iglesias desde que le robaron el móvil en 2015, en un madrileño centro comercial, hasta que parte de la información que contenía la misma apareció publicada en algunos medios de comunicación.

Fernández ha asegurado que la actuación de ambos jueces es un caso «paradigmático» y «palmario» de 'lawfare', al operar al margen de las normas que regulan la actuación judicial con una investigación «prospectiva» cuyo «único objeto» ha sido «perjudicar reputacinalmente» a Podemos.

«Hay que señalar el papel fundamental y absolutamente decisivo que han tenido muchos medios de comunicación después de que se hayan dedicado horas y horas de televisiones y de radios, portadas y páginas de periódicos a esparcir y a difundir los bulos de imanados de esa investigación realizada por ambos jueces (...) Esto pone de manifiesto de forma palmaria esa connivencia, esa simbiosis entre determinados jueces y determinados medios de comunicación entre el Poder Judicial y el poder mediático que se alían y que trabajan conjuntamente para atacar y para perjudicar a Podemos», ha espetado el portavoz de la formación morada para explicar la decisión que han tomado.

No contento con ello, Fernández ha acusado a ambos magistrados de perpetrar una «auténtica infamia» y ser «una absoluta vergüenza» en su actuación judicial. Y ello pese a que la querella planteada contra los mismos se ha registrado ante la Sala Segunda del Supremo a cuyos magistrados, en su día, la todavía diputada de Podemos Ione Belarra, ex ministra de Asuntos Sociales en el anterior Gobierno, acusó de prevaricar.

La Fiscalía abandona a García Castellón

El anuncio de Podemos llega, además, en el mismo día en el que, como avanzó El Debate en primicia hace algunas horas, la Fiscalía General del Estado ha descartado iniciar acciones legales por un presunto delito de calumnias contra el ex número dos de Justicia, el socialista Tonxu Rodríguez, que criticó la decisión del magistrado Manuel García Castellón de imputar a Marta Rovira y Carles Puigdemont por un delito de terrorismo en el marco de la causa de Tsunami Democràtic.

El fiscal confirmado por el Gobierno, Álvaro García Ortiz, considera que la solicitud de amparo formulada por el titular del juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras ser señalado por sectores de la izquierda política y del separatismo catalán en el marco del lawfare admite «debate».

Además, para García Ortiz las supuestas «expresiones difamatorias» dirigidas al magistrado como ejemplo de la «judicialización de la política» pueden ser «provocativas» pero no son merecedoras de reproche «en la vía penal».

Así consta en el documento de archivo de las diligencias de investigación abiertas en el seno del Ministerio Público, a petición del Consejo que, hace una semana, acordaba articular un expediente, que sigue su tramitación, para atender la solicitud de protección institucional formulada por el magistrado al frente de las investigaciones de la causa de Tsunami Democràtic.