Los ataques a la Constitución: un intento por dinamitar el Estado de Derecho por la puerta de atrás

Basta echar una vista rápida sobre la Constitución para ver que en ningún otro momento histórico de nuestra democracia reciente ha estado más amenazada por tierra, mar y aire, de lo que lo está ahora. En especial desde que dos de los poderes que consagra, Ejecutivo y Legislativo, tratan de estirarla para encajar, entre otras, las pretensiones de aquellos que por razones ideológicas y territoriales no se sienten concernidos a cumplirla. El Gobierno de Pedro Sánchez, obligado a pactar con el independentismo y las posiciones más radicales del arco parlamentario, ha aceptado modificar el marco legal que rige la convivencia de todos los españoles por una razón meramente aritmética, sin reunir las mayorías necesarias para hacerlo.

Y es, precisamente, en este contexto y desde este flanco, donde el separatismo catalán –al que se ha sumado el vasco con fuerza, en los últimos meses– ha creado el caldo de cultivo necesario para que Sánchez lleve a la práctica la propuesta encubierta de sortear los límites constitucionales, sin detallar en qué medida, por qué, sin seguir las previsiones contenidas en los artículos 166 y 168. Apelando, únicamente, a la visión 'autoritaria' que tienen de nuestra Carta Magna sus socios de investidura, en tanto en cuanto que su mera existencia supone un muro de contención sobre el denominado «derecho a decidir» que tanto proclaman y que apuesta, ya, por un referéndum consultivo de independencia.

Esto es, quienes quieren salirse de la Norma que fue votada en referéndum por todos los españoles, tratan de moldearla a su medida. La que marcan los grupos minoritarios que aspiran a lograr sus objetivos políticos por una vía unilateral. Por ello, el artículo 1 de la CE que recoge la «indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles» es el que más les molesta.

Así las cosas, en los últimos tiempos, estrechamente marcados por la confrontación política e institucional que se ha generado tras los recientes pactos firmados entre PSOE y Junts, a cambio de la reelección de Pedro Sánchez, la Constitución se ha visto directamente señalada.

Proposiciones como como la propia Ley de Amnistía, que irá a debate parlamentario el próximo día 12 de diciembre, o el denominado lawfare que ha situado al Poder Judicial en el punto de mira de los enemigos de la legalidad, con la intención de debilitarlo en su misión de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, han provocado una reacción sin precedentes del sector jurídico en defensa de la independencia de la Justicia y de la separación de Poderes propia de cualquier democracia.

La polarización social, la «colonización» de instituciones por parte del Gobierno o su injerencia constante en la mayoría de los órganos a los que ha tratado de controlar, vía designaciones discrecionales de altos cargos –el de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, ya anulado por el Supremo; la reelección de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía que tendrá que facilitar la amnistía; o, la triple cartera de Félix Bolaños como titular de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia–, son algunas de las amenazas que se ciernen sobre la Constitución en estos días. Tan sólo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) resiste, todavía, al intervencionismo del que ha hecho gala el Consejo de Ministros bajo la Presidencia de Sánchez.

Los últimos cinco años, desde que la gobernabilidad del país pasase a depender de fuerzas políticas minoritarias y detractoras del marco constitucional que ellas mismas ayudaron a definir durante la denominada Transición que dio lugar a la Constitución vigente, se han empleado a fondo en socavarla. Junts, Bildu, ERC o Podemos-Sumar, han puesto en cuestión la legitimidad de una Norma que deriva del «régimen del 78» que, sin embargo, no parece coincidir con la percepción mayoritaria que los ciudadanos tienen de ella.

La diferencia sustancial, desde el pasado 23 de julio, es que el PSOE se ha unido a esa tendencia a horadar la Carta Magna como, por ejemplo, con el hecho de que desde el propio Gobierno, ministros y el presidente, hayan asegurado que en España existe el lawfare o que desde las filas socialistas se haya criticado, abiertamente, la reciente sentencia por la que el Tribunal Supremo ha ordenado anular el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, con la excusa, de que los representantes de la soberanía nacional en el Congreso sí habían reconocido su idoneidad para el cargo.