El CGPJ discutirá la legalidad de las comisiones por supuesto 'lawfare' ante el «acoso» a los jueces

Los vocales conservadores, mayoría en el Consejo General del Poder Judicial, han exigido este jueves que el órgano emita un «rotundo posicionamiento» contra el «acoso» a los jueces y magistrados. A petición de los nueve vocales, el CGPJ discutirá en su Pleno del próximo jueves 21 de septiembre la legalidad de las comisiones de investigación parlamentarias que se aprobaron en el Congreso este martes para detectar supuestos casos de 'lawfare'.

En un escrito, los magistrados José María Macías, José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, Wenceslao Olea, Nuria Abad, Carmen Llombart y María Ángeles Carmona piden al presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, que en este Pleno ordinario se examinen «las relaciones entre el Poder Judicial y los restantes poderes del Estado». Todos ellos ven necesario analizar la «legalidad de las comisiones parlamentarias de investigación y el deber de comparecencia de los jueces» en las mismas.

«El continuo flujo de inadmisibles declaraciones, descalificaciones, señalamientos, querellas e incluso amenazas que vienen sufriendo los jueces y magistrados por el mero ejercicio de sus funciones constitucionales, así como la creación de diversas comisiones parlamentarias de investigación nombradas con la indisimulada intención de criminalizar la labor judicial, exigen de este CGPJ un claro y rotundo posicionamiento que ponga fin a tal acoso y quiebra del Estado de Derecho», señalan.

Este martes, la Cámara Baja aprobó, entre otras cosas, la creación de tres comisiones para indagar en la denominada 'Operación Cataluña', los atentados islamistas que tuvieron lugar en Barcelona y Cambrils (Tarragona) en agosto de 2017 y el espionaje a los independentistas con el programa 'Pegasus'. Todas ellas, a exigencia de los socios del Sánchez.

Durante el Pleno, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, llamó «indecentes» al presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, y a los magistrados Carlos Lesmes y Pablo Llarena. Y un día antes, en la misma línea, el representante del partido de Carles Puigdemont en el Senado acusó a los jueces de emprender una «batalla política» para «intentar torpedear» la ley de amnistía. El malestar en el Alto Tribunal ante los ataques del secesionismo a los jueces fue tal que el presidente del Supremo suspendió la reunión prevista con el ministro de Justicia, el socialista Félix Bolaños.

Tanto el presidente interino del Supremo, Francisco Marín Castán, como el del CGPJ, Vicente Guilarte, emitieron dos comunicados contra la intervención de Nogueras en el que denunciaron que este ataque personal «carece de precedentes y no se corresponde con los requisitos mínimos de la separación de poderes en un Estado de derecho». El señalamiento a los magistrados por parte de la portavoz de Junts también fue condenado de igual modo por casi todas las asociaciones de jueces y fiscales, a excepción de la Unión Progresista de Fiscales, que se desmarcó del comunicado.