Un informe alerta sobre el «deterioro» del Estado de derecho en España: «La amnistía tendrá efectos devastadores»

«Resulta inadmisible que desde el poder ejecutivo se cuestionen las decisiones judiciales y muchísimo menos que se les acuse de pretender una especie de golpe de Estado, simplemente por atender a los requerimientos de amparo que le plantean los ciudadanos», recoge el informe sobre la salud del Estado de Derecho en España que ha sido confeccionado por el Foro de Profesores, en colaboración con Impulso Ciudadano y Citizens Pro Europe. El documento de cerca de cincuenta páginas, que ha consultado El Debate, alerta sobre el «deterioro del Estado de Derecho en España, un deterioro que se observa tanto en las instituciones del Estado como en las de algunas Comunidades Autónomas».

«Los problemas para el Estado de Derecho en nuestro país derivan en buena medida de una cierta relación patológica que se ha establecido» entre los niveles central y regional, «de tal manera que ciertas prácticas que se han iniciado a nivel autonómico han acabado trasladándose al Estado, en parte al menos por la política de alianzas entre los partidos estatales y los regionales, enraizados en corrientes fuertemente nacionalistas y, por tanto, en cierta medida, también populistas», advierten desde las entidades coautoras del dictamen.

De hecho, ponen el acento en las «consecuencias que tendría amnistiar a los condenados por delitos vinculados al proceso de secesión de Cataluña» cuyos peligros «no harían más que profundizar en un deterioro que tiene varias manifestaciones y una evolución de varios años».

Y es que, «desde la perspectiva de Foro de Profesores, Impulso Ciudadano y Citizens pro Europe, el deterioro del Estado de derecho en las instituciones estatales se traduce en las amenazas a la independencia judicial; la tolerancia hacia ciertos delitos, incluida la malversación, con el agravante de que esa tolerancia opera en función de la vinculación de los delincuentes con los partidos de gobierno; la utilización partidista de las instituciones y la falta de independencia de los medios públicos de comunicación».

«Estos ataques a las reglas de funcionamiento de una democracia sana, se encuentran vinculadas entre sí y unidas a un discurso político que, si bien en sí mismo no puede considerarse -a nuestro juicio- como contrario al Estado de Derecho, sí ejerce un papel legitimador de las prácticas anteriores», recoge el documento elaborado.

Para las tres entidades que han confeccionado el mismo, «una parte significativa de los déficits identificados» en el Estado de Derecho español «se vincula a la confusión entre partidos políticos e instituciones públicas. En el nivel regional, los problemas comenzaron, en buena medida, cuando los partidos nacionalistas decidieron utilizar las administraciones públicas como herramientas para el desarrollo de sus proyectos políticos partidistas en vez de atender, siquiera formalmente, al cuidado del interés. La transformación de las administraciones públicas en extensiones del partido puede ser sutil al comienzo, pero acaba teniendo efectos devastadores».

Existe solución de continuidad entre la falta de neutralidad de las administraciones públicas, su apropiación partidista, el señalamiento desde esas mismas instituciones a los discrepantes y la utilización del discurso del odio contra ellos para silenciarlos

Así las cosas, una de las manifestaciones más evidentes de la degradación es el acoso y la estigmatización a los jueces y el desprestigio de los Tribunales que «establecieron un dique de contención a los planes secesionistas» de Cataluña. Y que se ha traducido en el señalamiento de los mismos desde el separatismo apoyado en los pactos PSOE-Junts que reconocen el lawfare en nuestro país. En el informe se establece cómo la falta de control autonómico sobre los tribunales «y el hecho de que se han convertido en una de las pocas presencias visibles del Estado en Cataluña» puede explicar cómo «desde el nacionalismo se ha desarrollado una intensa campaña de acoso y presión sobre los tribunales que no ha cesado desde el año 2017».

Un acoso que, además, «no se limitó a las instituciones» sino que «algunos magistrados también lo sufrieron de manera personal. En concreto, el magistrado Pablo Llarena, instructor en el Tribunal Supremo de la causa contra los líderes del movimiento secesionista, que sufrió varios casos» que afectaron, también, a su familia, y que se ha visto incluido en nuevos ataques, como el vertido hace unas horas por Junts desde la tribuna de oradores del Congreso hace unos días, junto con sus compañeros Manuel Marchena, Carmen Lamela o Carlos Lesmes.

No en vano, el informe recuerda cómo «durante los acontecimientos del año 2017» el Poder Judicial «actuó como garantía de la legalidad en Cataluña, frente a la franca rebelión de una administración que controlaba desde la escuela hasta los centros de salud, desde la policía hasta las prisiones. De hecho, los tribunales establecieron un dique de contención a los planes secesionistas; y, no sólo por la actuación de los órganos jurisdiccionales radicados fuera de Cataluña (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y, como tribunal, aunque no integrado en el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional), sino también por la de los órganos jurisdiccionales con sede en Cataluña».

Y es que, a juicio de los responsables del dictamen, la «extensión del deterioro democrático desde Cataluña al resto del país no puede ser entendida si no se repara en la naturaleza que tiene el desafío secesionista. Éste, en contra de lo que en ocasiones se percibe desde fuera; no implica una confrontación entre la población (los catalanes) y el poder público (el Estado español), sino, básicamente, el que un poder público (el poder regional en Cataluña, la Generalitat, y también, en buena medida, las administraciones locales) deciden actuar al margen de los límites legales, volviendo el poder público del que disponen contra el orden constitucional».

De esta forma, «el proceso de rebelión contra el orden constitucional desarrollado por las autoridades regionales catalanas es, en sí, una quiebra del Estado de Derecho, puesto que se trata de una administración pública que ejerce su poder público al margen de los límites legales. La quiebra más básica que pueda imaginarse de la obligación de sometimiento de los poderes públicos a la ley», subraya el dictamen.