La Fiscalía pide al Supremo que archive la querella de Podemos contra el juez García Castellón

Que archive la querella y no se sirva admitirla a trámite. La Fiscalía pide al Supremo que rechace la acción presentada por Podemos contra el magistrado García Castellón, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, al entender que no existen motivos suficientes para seguir adelante contra el juez por investigar, hasta en dos ocasiones distintas, la presunta financiación irregular de la formación morada. La cuestión, planteada en el marco del lawfare o guerra judicial que se recoge en los pactos suscritos por el PSOE con Junts para la investidura de Pedro Sánchez no tendría recorrido penal, de acuerdo con el criterio del Ministerio Público y según ha podido saber El Debate.

Así las cosas, la Sala Segunda del Alto Tribunal tiene pendiente resolver sobre esta la cuestión formal de la admisión a trámite de dicha querella en las próximas semanas, antes de final de año. De acuerdo con la Fiscalía no se daría un escenario consistente para entrar en el fondo del asunto porque, si bien el juez responsable de la causa abierta, en 2016, y posteriormente archivada, reabrió en el año 2021 el caso contra Podemos por la presunta financiación irregular del partido, no lo hizo de una manera «prospectiva», como aseguran los recurrentes, sino apoyado en nuevos hechos que fueron aportados por el que fuera jefe de la Inteligencia venezolana, Hugo Armando 'El Pollo' Carvajal.

A diferencia de lo que asegura Podemos en su escrito judicial, el Ministerio Público considera que el magistrado instructor no se extralimitó durante los siete meses que duró la segunda fase de las Diligencias Previas, sino que sus indagaciones se basaron en los presuntos hechos nuevos planteados, en octubre de 2021, por 'El Pollo' como parte de su estrategia de cooperación con la Justicia española para evitar ser extraditado a EE.UU., donde se encontraba acusado por narcotráfico.

Cabe recordar que Podemos presentó hace algunas semanas una querella contra el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y contra su juez de refuerzo Joaquín Gadea, por varios presuntos delitos de prevaricación, revelación de secretos y omisión de perseguir conductas delictivas. Y lo hacía por su trabajo, en este caso, en la instrucción de la denominada pieza Dina del 'caso Tándem', en la que se ha indagado en el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de la exasesora del entonces partido de Pablo Iglesias desde que le robaron el móvil en 2015, en un madrileño centro comercial, hasta que parte de la información que contenía la misma apareció publicada en algunos medios de comunicación.

Los responsables del partido aseguran que la actuación de ambos jueces es un caso «paradigmático» y «palmario» de 'lawfare', al operar al margen de las normas que regulan la actuación judicial con una investigación «prospectiva» cuyo «único objeto» ha sido «perjudicar reputacionalmente» a Podemos. Un enfoque que, sin embargo, no comparte la Fiscalía para quien la querella debe ser inadmitida.