Un vocal pide a García Ortiz que aclare el cambio del fiscal en la causa de la financiación de Podemos a espaldas del Consejo ​

el vocal electo de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) en el Consejo Fiscal cree que «puede haber un problema con las comunicaciones» al máximo órgano de la institución, en materia «de avocaciones de asuntos por parte de los fiscales jefes». En concreto en la decisión adoptada por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, quien se habría saltado el turno de reparto prefijado para los miembros del Ministerio Público en la causa abierta, bajo secreto de sumario, contra Podemos por las sospechas de una presunta financiación irregular de la formación.

La APIF ha pedido al titular de la Fiscalía, Álvaro García Ortiz, en un escrito remitido el pasado viernes, que explique en el próximo Pleno del CF, fijado este mismo miércoles 20, por qué en dicho caso no se respetó el reparto según el criterio vigente, al menos durante los últimos 10 años, para que el asunto –que correspondía al fiscal Vicente González Mota– pasase a manos del entonces teniente fiscal de la AN, Miguel Ángel Carballo. El propio González Mota habría confirmado que el tema fue «despachado por otro fiscal» sin que a él se le notificase, ni siquiera de manera verbal, la decisión adoptada por Alonso.

Es decir, cuando el Juzgado Central Número 6 de la Audiencia Nacional reabrió, en octubre de 2021, las Diligencias Previas iniciadas en 2016 y, provisionalmente archivadas, «se produjo, de facto, la sustitución del fiscal asignado al caso por turno».

Una decisión competencia del fiscal jefe de la Audiencia Nacional que éste debió notificar a González Mota para que se pronunciase al respecto y que, en todo caso, habría de comunicarse al «Consejo Fiscal» para explicar las razones que llevaron a Jesús Alonso, antes de su última renovación en el cargo, a apartar de la causa al fiscal inicialmente competente para encargarse de las pesquisas sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos, dirigidas por el magistrado Manuel García-Castellón.

No en vano, el vocal de la APIF ha recordado en su escrito cómo «el artículo 23 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, como una de las garantías de imparcialidad para los fiscales, exige que si hay discrepancia con el fiscal afectado en el caso de una avocación, ha de resolver el superior jerárquico». Es decir, en este supuesto, si se hubiesen seguido los canales ordinarios, y en caso de desacuerdo con la decisión por parte del fiscal González Mota, la entonces fiscal general del Estado Dolores Delgado.

«Pero no puede haber discrepancia sin no se comunica el hecho al fiscal encargado», ha puesto de manifiesto el vocal electo de la APIF. Y es que, llegados a este punto, cabe recordar que la reapertura de la causa judicial correspondiente a la posible financiación irregular de Podemos, se produjo a raíz de una serie de comparecencias voluntarias del que fuera miembro de los Servicios de Inteligencia del régimen chavista, Hugo Armando 'El Pollo' Carvajal.

El ex militar, en un intento por colaborar con la Justicia española, para no ser extraditado a EE.UU. donde estaba reclamado por narcotráfico, señaló a varios dirigentes de la formación morada por sus vínculos con el chavismo pero, también, a la pareja de Dolores Delgado, el ex juez Baltasar Garzón por una serie de contratos que supuestamente comprometerían al que fuera magistrado con el cobro irregular de casi 9 millones de euros procedentes del régimen chavista, a través de PDVSA, la empresa petrolera estatal de Venezuela.

«Por otra parte, de todas las sustituciones hay que dar cuenta al Consejo Fiscal. Si no se comunicó anteriormente» al mismo, «el cambio de fiscal en aquel asunto, solicito se aclaren las razones de ello», insta el vocal de la APIF en el escrito de ampliación del orden del día del último Pleno del año al que ha tenido acceso, en primicia, El Debate.