Feijóo traspasa el «muro» de Sánchez y acuerda con él la reforma del artículo 49 y el desbloqueo del CGPJ

Parecía imposible, pero el año termina con un acuerdo y medio entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. La reunión entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición sirvió para que ambos cerraran la reforma del artículo 49 de la Constitución. Y para que sembraran la semilla de la renovación del CGPJ y de la reforma del sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces.

Tras un encuentro de una hora y media en el Congreso, Feijóo anunció que el PSOE y el PP presentarán de forma conjunta en el Congreso, la semana próxima, una proposición de ley de modificación del artículo 49 de la Constitución, que ya dejaron hilvanada la legislatura pasada, en abril. Ello después de que Sánchez haya dado al líder de la oposición las garantías que éste le había demandado: el texto pactado será el que se apruebe, sin aceptar enmiendas de los independentistas; y no habrá un referéndum para que los españoles ratifiquen la reforma.

Esto último implica a Sumar, puesto que, constitucionalmente (artículo 167.3), si 35 diputados piden un referéndum sobre cualquier reforma en la Carta Magna el Gobierno está obligado a convocarlo. ERC, Junts, el PNV, Bildu y el BNG no alcanzan esa cifra por sí solos, pero sí con el grupo parlamentario de Yolanda Díaz.

El acuerdo entre ambos pasa por que la Mesa del Congreso convoque en enero un Pleno monográfico para aprobar esta modificación y eliminar el término «disminuidos», una larga reivindicación del colectivo.

La sorpresa del CGPJ

La gran novedad de la mañana vino de la mano del CGPJ. Feijóo encontró una salida inesperada al laberinto, y Sánchez aceptó. Hace solo dos días, el presidente le había preguntado en el Congreso si acaso pensaba pasarse otros cuatro años «bloqueando» su renovación.

El líder del PP tomó la iniciativa y propuso al presidente que la Comisión Europea medie en la negociación, con reuniones a tres en Madrid, tanto para la renovación del CGPJ como para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta misma semana, el PP hizo un «sondeo discreto» -así lo definió Feijóo- a la Comisión para conocer su disposición, y es buena.

Aunque será el equipo de Von der Leyen el que determine quién será el casco azul de la UE, hay dos nombres sobre la mesa: el comisario de Justicia, Didier Reynders, y la vicepresidenta de valores y transparencia, Věra Jourová. Por parte del Gobierno, el interlocutor volverá a ser el ministro Félix Bolaños, a pesar de que Feijóo pidió a Sánchez que lo cambiara. Y por parte del PP también repetirá el vicesecretario de Relaciones Institucionales, Esteban González Pons.

Feijóo defendió las diferencias abismales entre esta mediación y la que han acordado Sánchez y Junts en Suiza, con un verificador salvadoreño. «Pido respeto por la Comisión Europea. Primero, porque es una institución española a la que hemos transferido buena parte de nuestra soberanía. Segundo, porque equiparar la Comisión Europea con un mediador salvadoreño especializado en bandas armadas me parece una falta de respeto», afirmó en una comparecencia posterior. «La supervisión de la Comisión Europea se hace con transparencia, es una institución española, europea, y a la Comisión Europea le corresponde supervisar que en España se cumple el Estado de derecho, que hay independencia judicial y que el órgano de gobierno de los jueces es independiente», continuó.

No obstante, la portavoz del Gobierno no desaprovechó la ocasión de equiparar ambas mediaciones, de forma subliminal. Pilar Alegría se refirió varias veces durante su rueda de prensa al papel de «mediador y de verificador» de la Comisión Europea. Porque es ese segundo término, el de «verificador», el más extendido para denominar al diplomático salvadoreño Fernando Galindo.

Tanto el Gobierno como el PP quieren que el acuerdo sea rápido, puesto que a esta Comisión Europea le quedan solo meses de vida: entre el 6 y el 9 de junio se celebran las elecciones europeas en los Veintisiete y a partir de ahí la CE quedará en funciones.

No parten de cero, sino que retomarán la negociación donde la dejaron en octubre de 2022. Entonces saltó por los aires cuando Feijóo constató que Sánchez iba a reformar el Código Penal para rebajar el delito de sedición (después lo derogó directamente). A puerta cerrada, el presidente prometió al líder de la oposición que no rebajará las mayorías de elección del órgano de gobierno de los jueces (ahora son tres quintos) ni tampoco alterará las cuotas de magistrados que eligen el Congreso y el Senado.

No obstante, el líder de la oposición no quiere trucos. Solo aceptará que la renovación discurra en paralelo a esa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que, según Feijóo, podría ser registrada en el Congreso el mismo día en que se anuncien los nuevos vocales del CGPJ. «No nos fiamos del Gobierno. Ha de haber una renovación del CGPJ, pero con todas las garantías de independencia. Si esto lo acepta el Gobierno nosotros cumpliremos. Hemos dado un paso hacia su desbloqueo», señaló el presidente del PP.

Los demás temas que el líder de la oposición puso sobre la mesa cayeron en saco roto. Feijóo constató que Sánchez no piensa dar marcha atrás con la ley de amnistía –«le he rogado que no siga adelante y me ha dicho que no»-, ni con la moción de censura con Bildu en Pamplona. Tampoco va a cambiar al fiscal general del Estado ni a paralizar las tres comisiones parlamentarias de investigación creadas para saciar el apetito de lawfare de los independentistas.

«Para un constitucionalista llegar a acuerdos con Sánchez es muy difícil», resumió Feijóo. Y, aun así, este viernes lo logró.