Un año marcado por la persecución del Gobierno al Poder Judicial

nada hacía presagiar, en enero de 2023, recién estrenado este año que hoy termina que lo haría para dejar encarrilada una ley de amnistía sobre el procés de Cataluña y con la persecución y el señalamiento de los jueces, magistrados y fiscales a la orden del día de la actividad parlamentaria de los separatistas y algunos miembros del Gobierno apoyados en el lawfare. Este ejercicio que descuenta horas para decir adiós daba, hace doce meses, la bienvenida a un nuevo presidente del Tribunal Constitucional: Cándido Conde-Pumpido llegaba para liderar el 'rodillo' del sector judicial de la izquierda que, desde entonces, ha salvado las causas más políticas a favor de Pedro Sánchez, por mayoría de siete votos a cuatro.

No en vano, ése fue el resultado definitivo de la votación del Pleno que avaló, trece años después de su aprobación, la ley de plazos del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero, la denominada «ley Aído», en una de las primeras citas asumidas por la Corte de Garantías renovada a la medida del Ejecutivo socialista.

Así las cosas, y con la Fiscalía y la Abogacía del Estado allanando el camino, en la medida de lo posible y con la ley vigente en aquel momento, la revisión de las penas por sedición y malversación impuestas a los separatistas catalanes, febrero obligaba a la ministra de Justicia, Pilar LLop, a asumir las terribles consecuencias de la aplicación práctica de la ley del 'sólo sí es sí' que ha supuesto la excarcelación de más de un centenar de violadores y pederastas y la concesión de importantes rebajas en las condenas de prisión para más de mil delincuentes sexuales en nuestro país.

Sería, de hecho, la propia LLop quien en marzo se enfrentase a una huelga indefinida de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que pedían el reconocimiento de su labor profesional y un aumento salarial correspondiente a las funciones que desarrollan en los tribunales. Llop nunca llegaría a sentarse con ellos en la mesa de negociación pero sí su secretario de Estado que fue el responsable de alcanzar un acuerdo en el que se les reconoció un aumento de más de 300 euros al mes de sueldo. Tan sólo un mes después, los jueces y fiscales, y los funcionarios de Justicia, seguirían el camino abierto por los antiguos secretarios judiciales para forzar un pacto, históricamente aplazado, en un sentido similar.

Mientras tanto, en el Pleno del CGPJ los vocales conservadores y una parte de los progresistas que conforman el mismo, cinco años después de la fecha límite para su renovación, aceptaban la dimisión de una de sus miembros a propuesta de Izquierda Unida (IU) y sofocaban el intento del consejero más afín al Gobierno, Álvaro Cuesta, de forzar una dimisión en bloque para obligar a los partidos a refrescarlo.

A propósito de lo cual, en abril, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, descartaba la renovación del Consejo en esta misma legislatura que ahora termina, en una cena con fiscales. Mientras mayo confirmaba que, el bloqueo de los nombramientos impuestos por el Gobierno al CGPJ, ascendía a más de 80 las vacantes en puestos muy relevantes de la Magistratura española. Tal es así que, hoy por hoy, el Supremo atesora más de un tercio de plazas sin cubrir de magistrados que han ido dejando las mismas por razones de salud, de edad o de dedicación profesional alternativa.

Y en junio saltaba la polémica con el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática, pese a las sombras de incompatibilidad para el cargo que suponía que su actual pareja, el ex magistrado Baltasar Garzón se dedique profesionalmente a la defensa de causas y procedimientos sobre Derechos Humanos, la misma materia de la que conoce Delgado en el marco de sus competencias.

Así las cosas, la mayoría del Consejo Fiscal se opuso a la designación, alegando un conflicto de intereses flagrante que no fue obstáculo para consumar los planes del fiscal general Álvaro García Ortiz. El titular del Ministerio Público ya había sido duramente criticado por ascender a su predecesora en el cargo, y amiga personal, a la categoría de fiscal de Sala, unos meses antes, motivo por el que recibió el varapalo del Supremo que anuló su decisión alegando un uso «espurio» de sus facultades.

Lejos de que las elecciones generales adelantadas por Sánchez al 23 de julio, significasen un parón en la actividad de la Justicia y los tribunales, el séptimo mes del año significó varios reveses más para la Fiscalía, al anular los nombramientos de varios fiscales, algunos de ellos como el de menores, Esteban Rincón, hasta en dos ocasiones, ya que hacerlos por afinidad «no es ajustado a Derecho», determinó la Sala Tercera del Alto Tribunal. Aunque lo más relevante en este período fue la jubilación del presidente interino del CGPJ, Rafael Mozo, que dio paso a la llegada de su actual responsable, Vicente Guilarte.

Una vez finalizado el parón de agosto por vacaciones, en septiembre se centraba, una vez inaugurado el nuevo Año Judicial, con la batalla en los tribunales por el voto rogado de Madrid que el PSOE trataba de utilizar para conseguir un escaño más en las elecciones generales del 23-J y evitarse, así, el pacto con Carles Puigdemont, a cambio del 'sí' de sus siete diputados a la investidura de Sánchez, cuatro años más.

Junto con la alerta que saltaba, ya por entonces, sobre la posibilidad de un borrado penal del procés, en forma de amnistía, las portadas judiciales se centraron en el beso del ya expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso, como un presunto delito de abuso sexual que se investiga, todavía, en la Audiencia Nacional.

Octubre confirmó los peores presagios y no sólo el Constitucional avaló, por siete votos a favor y cuatro en contra, la reforma exprés por la que socialistas y Podemos maniataron la función de nombramientos discrecionales que corresponde al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sino que además confirmaba que sería esa misma Corte de Garantías, con mayoría de magistrados de izquierdas, la encargada de despejar la incógnita sobre el encaje legal de la amnistía.

Así las cosas, en la primera semana de noviembre, ocho vocales del CGPJ pedían por escrito la convocatoria de un Pleno urgente para abordar el debate sobre una amnistía que, a su juicio, y como suscribieron en una nota institucional, significa la «abolición del Estado de Derecho». Mientras tanto, en la Audiencia Nacional, el juez García Castellón continuaba avanzando en la causa de Tsunami Democrátic para concluir que se trató de terrorismo. Tal y como confirmaba el último informe de la Guardia Civil sobre el caso y que significó la imputación, por dicho delito, de dos históricos prófugos del independentismo catalán: Marta Rovira (ERC) y el propio Puigdemont.

Tampoco en esta cuestión hubo consenso entre las partes implicadas y, así las cosas, El Debate reveló en exclusiva cómo la Fiscalía modificó su criterio para salvar el escollo del terrorismo que, de aplicarse, supondría un importante revés para la vuelta de Puigdemont a España y la aplicación de la amnistía, incluso una vez aprobada la norma, al tratarse el terrorismo de un delito transversal en el marco de la cooperación judicial europea. Ajeno a las maniobras del Ministerio Público, el CGPJ se desmarcaba, en cabeza del 'tsunami' de reacciones que vendrían tras él, de la amnistía anunciada por Pedro Sánchez a pesar de las complicaciones.

Jueces y fiscales alertaron, desde entonces, de que el acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts, también ERC, para favorecer la reelección de Sánchez atenta contra la separación de poderes. De hecho, el lawfare reconocido en el texto pactado entre socialistas y separatistas para sentar las bases de lo que sería el contexto de la amnistía, fue declarado por el Poder Judicial como «puro chavismo», un «ataque a la Justicia y a la igualdad» que pone «punto y final a su independencia».

De hecho, en el último mes del año, diciembre, han sido varios los jueces, magistrados y fiscales -entre ellos, los cuatro al frente del juicio del procés- los que se han dirigido a sus respectivos órganos de gobierno para que les prestasen amparo ante los ataques recibidos desde algunas formaciones políticas por su labor en defensa del cumplimiento de la legalidad. Manuel García-Castellón, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno, Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Manuel Marchena, Pablo LLarena, Carmen Lamela,..., han sido objeto de declaraciones muy gruesas en sede parlamentaria por parte de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras.

Con estos mimbres termina 2023, pendiente una renovación del CGPJ que puede llegar, en las próximas semanas del año que viene de la mano de un acuerdo entre PSOE y PP, supervisado por Europa; y, con la ley de amnistía en fase de tramitación. Eso sí, sin el preceptivo trámite de informes técnicos de Consejo de Estado, CGPJ y Consejo Fiscal, al tratarse de una Proposición y no un Proyecto de Ley, por la vía de urgencia; y, con la recusación al letrado mayor de las Cortes que avaló el debate parlamentario de la misma en un dictamen sin firma.

No en vano, el recién estrenado secretario general del Congreso, Fernando Galindo, quien fue designado por Francina Armengol para el puesto llegó, directamente, y tras dos negativas anteriores para asumir el cargo, desde el Ejecutivo socialista. Recién salido, sin solución de continuidad, desde la subsecretaría de Estado del Ministerio de Transportes.