La Fiscalía del PSOE no actuó contra la quema de un muñeco del juez Marchena en 2019

La denuncia presentada por el PSOE ante la Fiscalía General del Estado para que investigue, por un presunto delito de odio, a quienes el día de Fin de Año apalearon a un muñeco de Pedro Sánchez ante la sede de Ferraz, ha traído a la actualidad los precedentes similares en los que otros políticos e incluso jueces fueron el objeto de mofa y crítica de sus hoy socios separatistas. El juez Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Supremo, fue quemado, en forma de muñeco durante la Noche de San Juan de 2019, en Lérida, sin consecuencias legales.

En aquella ocasión, ni el Ministerio Público tomó ninguna decisión al respecto de quienes colgaron una réplica del juez para divertimento de los asistentes a la verbena de las fallas del barrio de Cappont, en la capital leridana, ni tampoco en relación con los murales con escenas del referéndum ilegal del 1-O o del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, que ardieron como una referencia expresa a la causa judicial abierta en el Alto Tribunal contra los independentistas en catalanes. No en vano, lo ocurrido se difundió, públicamente, a través de la cuenta de un CDR local en Twitter.

Frente a las reacciones contrarias de algunos de los usuarios de la red social, el CDR utilizó el amparo prestado por la Justicia Europea, un año antes, a la quema reivindicativa de imágenes, como una forma de ejercicio de la libertad de expresión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó, en 2018, a nuestro país, por imponer penas de prisión a dos manifestantes que, once años antes, habían quemado una foto gigante de los Reyes en Gerona.

De esta manera, la jurisprudencia comunitaria asentó como criterio que el hecho de utilizar la imagen de los monarcas, en tanto que representantes públicos de la institución a la que representan y no, de manera personal, no suponía un acto de incitación al odio ni a la violencia.

«No fue un ataque personal dirigido contra el Rey de España» o su consorte «destinado a despreciar y vilipendiar a la persona de este último, sino una crítica de lo que representa el Rey como líder y símbolo del aparato» del Estado, declararon los magistrados europeos por unanimidad. Un contexto que «entra dentro del ámbito de la crítica política o la disidencia y corresponde a la expresión de un rechazo de la monarquía como institución».

Y, una tesis diametralmente opuesta a la sostenida por los socialistas en la denuncia interpuesta ante la Fiscalía contra los convocantes de las Campanadas en Ferraz, del pasado 31 de diciembre, por los insultos y los golpes propinados por algunos de los asistentes contra una piñata que representaba a Pedro Sánchez. De acuerdo con la doctrina asentada y con los propios precedentes del Ministerio Público que, ni siquiera abrió diligencias de investigación en el caso del muñeco del juez Marchena, se complica la posibilidad de que prospere la queja del PSOE como delito de odio e injurias.

No es el único ejemplo de animadversión y burla contra un magistrado del Supremo o de la Audiencia Nacional desde el entorno más próximo a los cabecillas políticos condenados por sedición y malversación. De hecho, en pleno escándalo por la inclusión del lawfare en los acuerdos suscritos entre Sánchez y Junts, para garantizar su reelección, cabe recordar cómo el propio Marchena, el instructor Pablo Llarena o los cuatro fiscales del TS encargados de la acusación pública en el juicio del procés, han sido objeto de graves señalamientos contra el ejercicio de su profesión, suscrita al cumplimiento de la ley.

Ya en la misma fecha en la que se quemó el muñeco que trataba de reproducir una imagen del juez Manuel Marchena en Lérida, también se incendiaron imágenes de dirigentes del PSC, Partido Popular y Ciudadanos en el barrio de Fort Pienc, en el Eixample barcelonés, en una hoguera situada en el cruce de las calles Lepant y Ribes de la ciudad Condal. En ninguno de dichos casos se produjo ninguna actuación por parte de la Fiscalía.