Los letrados de la Comisión de Justicia se interponen en el camino de la amnistía al cuestionar su legalidad

Los letrados adscritos a la Comisión de Justicia del Congreso han emitido un informe muy crítico con la proposición de ley de amnistía que está en trámite parlamentario. En el documento, los tres expertos rebaten el principal argumento empleado por el grupo parlamentario socialista (el proponente) para asegurar que la amnistía es perfectamente constitucional, aunque no figure en la Carta Magna.

Según los socialistas, «la amnistía, lejos de ser una figura inconstitucional, forma parte del pacto fundacional de la democracia española». Una coartada que desmontan los letrados: «La afirmación de que la amnistía previa a la Constitución formara parte del pacto constitucional originario genera dudas de que pueda constituir la premisa a partir de la cual se pueda deducir que la amnistía como figura jurídica esté permitida por la Constitución, abierta al ámbito de decisión del legislador».

Los juristas Piedad García-Escudero, Isabel Revuelta y Fernando Castillo recuerdan en su informe que los miembros de la ponencia constitucional rechazaron la inclusión de la amnistía conscientemente, en noviembre de 1977. Y que, por lo tanto, y porque la proposición de ley del PSOE «plantea dudas de que pueda tener cabida en la Constitución» debería haber sido «articulada a través del procedimiento de reforma constitucional». Y no como una iniciativa de un grupo parlamentario.

Los letrados cuestionan la «indeterminación de los delitos comprendidos en la amnistía». Que pueden ser más si Junts y ERC se salen con la suya y consiguen que la norma también dé impunidad a todos los encausados por delitos por terrorismo, como así lo proponen en las enmiendas que presentaron este martes. Empezando por Carles Puigdemont y la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira. Una indeterminación que, a juicio de los tres juristas, «podría lesionar el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 9.3 CE, el cual, ha declarado el Tribunal Constitucional (STC 147/1986 FJ 3), se ve claramente afectado por una institución como la amnistía».

El Gobierno salió al paso replicando que será el Tribunal Constitucional el que tenga la última palabra. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, recordó que la proposición de ley del PSOE «ya se valoró como un texto legal de escrupuloso cuidado con el mandato constitucional». Rodríguez aludía al informe que en noviembre elaboró el letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, para que la Mesa de la Cámara Baja tuviera una coartada legal para admitir a trámite la iniciativa (cuando en marzo de 2021 la Mesa rechazó una proposición de ley de amnistía de ERC, Junts, la CUP y el PDeCAT por inconstitucional).

Por el contrario, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, calificó de «demoledor» el veredicto de los tres juristas. «No hay un aspecto de esta ley que no genere dudas en los letrados de la Comisión de Justicia». «La política no puede pasar por encima del Derecho», añadió.

Los letrados de la Comisión de Justicia también ven confuso que la amnistía comprenda desde el 1 de enero de 2012 y hasta el 13 de noviembre de 2023. Es decir, que se extiende a cerca de dos años antes de la primera consulta y hasta más de cinco años después de la segunda, «lo que puede hacer más compleja la aplicación de la Ley», alertan.

Asimismo, dedican un aparte a la inclusión del delito de malversación entre los amnistiables, en estos términos: «la extinción de responsabilidad en relación con el delito de malversación que la proposición pretende a través de la amnistía podría comprometer la armonización y la efectividad de las normas reguladoras de los delitos de esta índole, perseguidas por el Derecho de la Unión Europea».

La ponencia de diputados creada en la Comisión de Justicia para negociar las enmiendas presentadas a la proposición de ley de amnistía se reunirá este jueves a puerta cerrada. La intención de los socialistas es que su informe sea elevado a la Comisión de Justicia el próximo martes y que el pleno del Congreso apruebe la ley en la semana del 30 de enero, ya con las enmiendas que hayan pactado sus promotores.