La amnistía enfrenta al PP y Vox en el Senado: ¿pueden los populares detener su tramitación?

Comienza la cuenta atrás. El pleno del Congreso aprobará el próximo martes la proposición de ley de amnistía y la enviará directa al Senado. Allí el PP tiene mayoría absoluta pero, ¿puede hacer algo más que dilatar su aprobación?

Dada la inminente llegada de la amnistía a la Cámara Alta, Santiago Abascal volvió a pedir este viernes al PP, en una entrevista en COPE, que vete la proposición de ley en la Mesa del Senado, que no la admita a trámite. A grandes males, grandes remedios. De entrada, el líder de Vox solicitó a los populares que pidan un informe a los letrados del Senado, «y si son de inconstitucionalidad hay que hacer lo que sea posible», añadió.

Es más. Vox amenaza con querellarse por prevaricación contra los miembros de la Mesa del Senado, presidida por el popular Pedro Rollán, si la iniciativa es admitida a trámite. Que es lo mismo que hizo contra Francina Armengol y el resto de los miembros de la Mesa del Congreso –del PSOE y Sumar– que dieron luz verde a la proposición de ley en noviembre, parapetándose en un informe favorable del letrado mayor, Fernando Galindo.

«Vamos a combatir la ley desde la ley, nunca fuera (…). Haremos lo que se puede hacer dentro del marco parlamentario y, por lo tanto, si los letrados y diputados del Congreso dicen que a la ley hay que darle trámite, se le dará el trámite», según el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado.

¿Quién tiene razón?

Nunca la Mesa del Senado ha inadmitido una proposición de ley procedente del Congreso. Tampoco cuando Pedro Sánchez ganó la moción de censura y el PP mantuvo su mayoría absoluta en la Cámara Alta hasta el final de aquella legislatura (mayo de 2019), que es la situación que más puede parecerse a la de ahora. Ello abocaría a un conflicto entre ambas cámaras legislativas inédito.

No está entre las funciones del órgano de gobierno del Senado calificar un proyecto y proposición de ley previamente aprobado por el Congreso. La Mesa, en este caso presidida por Rollán, solamente puede remitirla a la comisión del ramo y abrir un plazo de enmiendas.

El procedimiento está estipulado en el artículo 104 del Reglamento del Senado. El apartado 1 del mismo establece: «Los proyectos y las proposiciones de ley aprobados por el Congreso de los Diputados y remitidos por éste al Senado se publicarán y distribuirán inmediatamente entre los Senadores. La documentación complementaria, si la hubiere, podrá ser consultada en la Secretaría de la Cámara». Y el apartado 2, donde está el meollo, continúa: «La Mesa, en la primera sesión siguiente a su recepción, declarará la competencia de la Comisión que haya de conocer del proyecto o proposición de ley, y dispondrá la apertura del plazo de presentación de enmiendas».

La Mesa del Senado no puede inadmitir las proposiciones de ley que llegan del Congreso, solo las que presentadas directamente en la Cámara Alta

La Mesa del Senado solo es competente para admitir o inadmitir proposiciones de ley que los grupos parlamentarios presenten directamente en la Cámara Alta, sin paso previo por el Congreso. En ese caso, y según el artículo 151.1 del Reglamento, «corresponderá al Presidente del Senado la resolución de las controversias sobre la calificación de las proposiciones de ley y enmiendas, y la de los incidentes que puedan surgir en el procedimiento».

Los populares están convencidos de que Vox conoce perfectamente el Reglamento del Senado y que mienten a sabiendas, en palabras del senador y secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. «Es mentira, mentira. Aquellos que nos digan 'podéis pararlo' no, no se puede. Somos demócratas y queremos combatir la ley de amnistía con la ley y el Estado de Derecho», según Serrano.

No obstante, el vicepresidente primero de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, proponía una salida en La Gaceta de la Iberosfera: «Si los senadores del PP en la Mesa del Senado no se atreven a inadmitirla, podrían calificar y ordenar una correcta tramitación. Por cuestiones formales podrían calificar la propuesta -que es lo que es hoy la ley de amnistía- negativamente y considerar que el procedimiento es erróneo, devolviéndola al Congreso para que se tramite, ab initio, como una reforma de la Constitución. Además, al afectar al artículo 62 de la Constitución (incluido en el Título II de la Corona) sería una reforma agravada, imponiéndose la necesidad de una mayoría cualificadísima de dos tercios para su aprobación -con los votos de PP y VOX sería imposible aprobarla en el Congreso y en el Senado-; disolución de las Cámaras y convocatoria de elecciones (158.3 Reglamento del Senado) para que la nueva Cámara aprobase la reforma con igual mayoría».

El PP estirará los plazos

Lo que hará el PP es estirar los plazos. Para eso reformó el Reglamento de la Cámara Alta el pasado mes de noviembre. En concreto, el artículo 133, de manera que desde entonces la Mesa del Senado puede decidir si tramita una proposición de ley procedente del Congreso por la vía de urgencia, en 20 días, o por la vía ordinaria, en dos meses. Es evidente por cuál se van a decantar los populares.

Aquella modificación de la norma incluyó también un cambio del artículo 182.1 y del 182.4, para forzar la comparecencia del presidente del Gobierno y sus ministros durante el trámite parlamentario de la amnistía en el Senado. Bastará con que lo soliciten «dos grupos parlamentarios o por la quinta parte de los miembros de la Cámara».

Además, en ese tiempo desfilarán por el Senado juristas y expertos para opinar sobre la proposición de ley. Los populares pretenden, asimismo, convocar una nueva sesión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas para dar voz a sus presidentes regionales. A la que se celebró en octubre también asistió el presidente catalán, Pere Aragonès, aunque soltó su discurso y no se quedó a escuchar los del resto. Quienes faltaron entonces fueron el lendakari y los tres presidentes regionales del PSOE, incluido el castellano-manchego Emiliano García-Page.

Lo que no ha logrado la Cámara Alta es que el fiscal general del Estado elabore un informe sobre la iniciativa porque, según Álvaro García Ortiz, no está entre sus competencias diseccionar una proposición de ley. En una carta remitida a Rollán afirma que podría, pero que no lo hará.