Tsunami buscó la autorización del «gran jefe» para «poner en jaque al Estado»

El magistrado Manuel García Castellón necesitará, al menos seis meses más para perfilar sus conclusiones en la instrucción de la causa penal contra Tsunami Democràtic que se sigue en la Audiencia Nacional por un presunto delito de terrorismo en el que están imputados una veintena de líderes separatistas catalanes, entre ellos, los prófugos Marta Rovira y Carles Puigdemont.

De acuerdo con el sumario practicado hasta la fecha, al que ha tenido acceso El Debate, ambos habrían formado parte de «un nivel directivo» de una «organización estructurada y jerarquizada», liderada por «un gran jefe», como se pone de relieve en algunas de las comunicaciones interceptadas entre dos de los imputados, Oriol Soler alias ‘Rigoberta’ y Oleguer Serra alias ‘Parecarbasser’.

Del mismo modo, es la propia organización la que pone de manifiesto su carácter estable. Tsunami Democràtic quiere «generar una situación de crisis generalizada en el Estado español que se prolongará en el tiempo», recoge uno de los informes policiales en los que se basa García Castellón para determinar, como ha reflejado en su último auto, la «voluntad de permanencia» de la plataforma.

No en vano, tras el «éxito» del «colapso» provocado en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, se vuelve a poner de manifiesto «el ánimo» de TD de «mantener activa la movilización social, lo que haga falta» hasta la consecución de sus objetivos. La respuesta de la plataforma separatista frente a la condena del Supremo a los líderes políticos del procés «recibió el apoyo inmediato y directo de destacadas figuras del espectro político catalán y líderes de referencia del movimiento independentista”.

Unos objetivos entre los que se había de «plantear una resistencia a largo término» para lo que cuentan con una «estructura organizativa sólida y estable» tanto a nivel «legal» como en la «comunicación“, el activismo, el “apoyo operativo». Lo que ha permitido al juez instructor determinar que la plataforma separatista estaba «dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo».

Visto bueno del «nivel directivo»

Las acciones concertadas de Tsunami Democràtic contaron, de uno u otro modo, con el visto bueno de un «nivel directivo» o incluso del «gran jefe» tal y como se pone de relieve en varios de los comentarios incluidos en las conversaciones preparatorias. Una de ellas la mantenida entre Soler y Serra en la que el primero pregunta al segundo si «¿el gran jefe sabe quién soy?».

Del mismo modo, en otra conversación transcrita por los agentes policiales tras la investigación, uno de los participantes confirmaba que «sí. El líder nos dijo que sí estaban dispuestos. Nos contestó él en persona» aunque «cuando le hicimos la propuesta del vídeo ya no nos dijo nada más. Sólo se me ocurre ir allá pero yo ahora mismo por temas familiares me es muy complicado. Estamos apretando desde aquí para que conteste».

«Poner en jaque al Estado»

En línea con todo ello, el 9 de febrero de 2020 se produjo un intercambio de información entre Xavier Vendrell, otro de los imputados en la causa de la Audiencia Nacional, quien actuaba bajo el pseudónimo de `Índigo‘ y ‘Escobar’ dependiendo del canal, con el usuario registrado como Sendu ‘Canals’ en el que se exponen varios argumentos, en nombre de Esquerra (ERC) relativos a la estrategia independentista. Nada menos que la «combinación de una acción política y acciones para poner en jaque al Estado a través de Tsunami Democràtic».

Hay respuesta. Hay estrategiaComunicado de Tsunami

«La otra cosa que me supo mal es la valoración respecto de TD. Me dio la sensación de un desprecio absoluto hacia una gente que ha realizado las acciones más contundentes por unos que están perseguidos por terrorismo por un Estado que ya hemos visto que no va en broma», reza la transcripción literal recogida en el sumario.

En base a las evidencias disponibles, el juez García Castellón se mantiene en la investigación de Tsunami bajo la etiqueta del terrorismo. Lo ocurrido fue fruto de «una planificación efectuada por diferentes personas para la ejecución de acciones de gran envergadura, con vocación de permanencia, capaces de movilizar una masa de personas de modo que comprometieran la estabilidad económica, social, empresarial e institucional de España», ha reiterado en su último escrito.