El juez ve en Puigdemont indicios de un delito de traición por reunirse con emisarios de Putin para financiar el procés

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, el magistrado Joaquín Aguirre, ve en Carles Puigdemont indicios de un delito de traición al haberse reunido personalmente con un emisario de Vladímir Putin horas antes de la proclamación ilegal de independencia. Tal como ha podido saber El Debate, el juez ha acordado prorrogar el caso Voloh, donde se investiga la injerencia de Rusia en España a través de los líderes independentistas catalanes.

El expresidente catalán tuvo una reunión con un enviado del Kremlin llamado Nikolay Sadovnikov el 26 de octubre de 2017, tan sólo 24 horas antes de que se llevara a cabo la proclamación que el independentismo denominó la «república catalana». El encuentro entre Puigdemont y Sadovnikov tuvo lugar en la Casa dels Canonges, ubicada en el interior de la sede del ejecutivo catalán, lugar en el que el expresidente prófugo residía en calidad de presidente autonómico.

El agente ruso ofreció a Puigdemont ayuda de manera expresa para que saliera adelante la independencia. En concreto, se comprometieron a facilitar un grupo de 10.000 soldados rusos y una partida de 500.000 millones de dólares. La única condición que Sadovnikov puso al expresidente fue que, de fructificar la desconexión con España, Cataluña se convirtiera en un paraíso fiscal de las criptomonedas. Si bien nunca apareció personal militar extranjero durante los días próximos al 1-O, el juez sí ha encontrado pruebas que acreditan que el entorno de Puigdemont recibió fondos rusos para financiar la operación.

Los investigadores tienen en su poder varios chats de mensajería que se intercambiaron Víctor Terradellas, asesor de Puigdemont, y Jordi Sardà, un empresario catalán con raíces en Rusia, en los que se menciona la llegada de grandes cantidades de dinero de origen ruso para financiar el procés. De hecho, en el material del que se dispone figura una fotografía de Terradellas con un documento que hacía de garantía de la promesa de financiación rusa en el que se aprecia un certificado del Union Bank of Switzerland de 500.000 millones de dólares, justo la cantidad que Sadovnikov ofreció a Puigdemont.

El emisario de Putin es una pieza clave de la diplomacia rusa y su especialidad es llevar a cabo operaciones de desestabilización que Rusia pone en marcha en diversos países de Europa. Además, en el auto el juez pone nombres y apellidos a más enviados de Putin que visitaron Cataluña en fechas importantes en las que se llevaron a cabo, muchos de ellos desconocidos hasta el momento.

De la misma manera, hace mención expresa al éxito que los investigadores han tenido a la hora de que prosperaran las escuchas telefónicas que en su día el juez Aguirre ordenó en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción. Los pinchazos, que se llevaron a cabo en los terminales telefónicos de David Madí, exasesor de Artur Mas, y Xavier Vendrell, considerado como el máximo dirigente de Tsunami Democràtic, han resultado surtir beneficiosos para la causa.

Por todos estos hechos, el juez Joaquín Aguirre ve indicios de un delito de traición en Puigdemont. Fuentes jurídicas consultadas por este periódico explican que la prórroga del caso Voloh en este momento complica las negociaciones de Junts y ERC con el Gobierno a cambio de una ley de amnistía. En estos momentos, la máxima prioridad para Junts es que también se incluyan en la amnistía los delitos de traición, contra la paz y contra la independencia del Estado.

A este hecho hay que sumarle las investigación que, en paralelo, está llevando a cabo el juez Manuel García Castellón desde la Audiencia Nacional sobre la actividad de Tsunami Democràtic, el brazo callejero del separatismo catalán, que provocó graves altercados públicos en su mayoría cortando importantes carreteras. El más llamativo tuvo lugar en 2019, en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, en el que murió un turista francés al que le dio un infarto.