Marruecos incumple su parte de los acuerdos con Sánchez a pesar del alto coste para España

En 2023, la inmigración ilegal por vía marítima creció un 91 % respecto al año anterior: 55.130 migrantes llegaron a las costas españolas, principalmente a El Hierro, Tenerife y Lanzarote. La mayoría de las embarcaciones, el 43 %, procedía de Marruecos, lo que ponen en seria duda la colaboración del reino de Mohamed VI en el que siempre ha sido un asunto medular en las relaciones entre ambos países. Otro 34 % salió de las costas de Senegal y Gambia; el 15 % de las de Argelia; y el 10% restante, de Mauritania.

Además, uno de cada cuatro migrantes que entró en territorio español el año pasado era de nacionalidad marroquí; otro 40 % de Senegal y Gambia y el 12 % restante, argelinos. Son los números internos que maneja el Ministerio del Interior y a los que tuvo acceso El Debate.

El departamento de Fernando Grande-Marlaska publica quincenalmente las cifras de inmigración irregular, pero nunca especifica los puntos de partida de las embarcaciones ni la nacionalidad de los migrantes. No en vano, ello desmentiría la excelente relación que, según el Gobierno de Pedro Sánchez, existe entre ambos países. «Hemos alcanzado un enorme grado de solidez y de confianza», volvió a presumir el propio presidente hace tres semanas, durante su intervención en la Conferencia de Embajadores.

Hace un año de la Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos y el país vecino no está cumpliendo su parte

Este viernes se cumple un año de la Reunión de Alto Nivel que España y Marruecos celebraron en Rabat. Hasta allí viajaron Pedro Sánchez y 11 miembros de su Gobierno. La Moncloa la vendió como histórica y un éxito, a pesar de que Mohamed VI plantó al presidente español. Ni siquiera estaba en Marruecos esos días.

Han pasado 12 meses y el país vecino sigue sin cumplir varios acuerdos que ambos gobiernos rubricaron en aquella cumbre. El de la inmigración ilegal es uno, pero no solo. También está el de las aduanas. Los responsables de la Confederación de Empresarios de Melilla se reunieron el miércoles con la delegada del Gobierno en la ciudad autónoma, Sabrina Moh. Están hartos. Llevan cuatro años y medio esperando la reapertura de la aduana comercial, que Marruecos cerró de forma unilateral en agosto de 2018.

Moh no pudo darles muchas respuestas. No las tiene. Marruecos sigue dando largas al Gobierno de España, con quien se comprometió a principios de 2023 a la inmediata reapertura de esa aduana, y a la apertura de una nueva en Ceuta. Tampoco hay fecha para la visita oficial a la que, en teoría, el monarca alauita iba a invitar a Sánchez en compensación por haber faltado a aquella cita.

El problema migratorio no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado. Es cierto que Interior ha detectado mayor vigilancia por parte de la Policía marroquí en Ceuta, Melilla y Tánger –sobre todo–. Pero, por el contrario, Marruecos está mirando para otro lado con el fenómeno de las narcolanchas, y en el equipo de Grande-Marlaska son conscientes. La Gendarmería conoce los puntos exactos de salida, los horarios, cómo se mueven las mafias… y sin embargo no actúan.

Royal Air Maroc, un problema añadido

También están aumentando los problemas por vía aérea. El 19 de enero, Grande-Marlaska viajó a Rabat para reunirse con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, y abordar lo que está sucediendo con los vuelos de la compañía Royal Air Maroc, estrechamente vinculada con Mohamed VI. Despegan desde Casablanca con destino a países de Hispanoamérica que no exigen visado, pero hacen escala en el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas. Una vez aquí, los migrantes solicitan asilo y se quedan. De ahí los problemas de hacinamiento que se vienen registrando en el aeródromo madrileño.

La oposición, e incluso los socios de Sánchez, consideran que España no ha salido ganando con el cambio de postura unilateral del presidente respecto al Sáhara Occidental. Esa «nueva etapa del partenariado» que la Moncloa proclamó en abril de 2022.

Los incumplimientos de Marruecos salieron a colación el pasado lunes, durante la comparecencia del ministro José Manuel Albares en la Comisión de Asuntos Exteriores para exponer las líneas maestras de su agenda en esta legislatura. El ministro no dirigió ni medio reproche al vecino de Sur, pero sí al PP por su «giro antimarroquí» y a Vox por pretender que Marruecos ratifique la españolidad de Ceuta y Melilla. «Nuestro objetivo es continuar avanzando en nuestras relaciones económicas, reforzar aún más la cooperación en asuntos como la lucha contra el terrorismo y las mafias que trafican con seres humanos y aumentar los intercambios culturales y educativos que nutren las relaciones entre nuestros dos países», sostuvo Albares, muy diplomático.

Un año después de la Reunión de Alto Nivel, el Gobierno intenta aparentar que la relación con Mohamed VI y su Gobierno va viento en popa. Pero no resulta fácil. A mediados de diciembre, Albares viajó a Rabat para engrasar la cooperación entre ambos países y se encontró con que su homólogo marroquí le daba una larga cambiada delante de toda la prensa.

Tras aquella visita, Albares compareció junto a Nasser Bourita. A éste le preguntaron por las aduanas comerciales y contestó: «No es un problema de compromisos o político, es un problema de implementación técnica». La misma excusa que Marruecos llevaba dando a España desde principios de 2023.

Ese viaje vino precedido por una conversación telefónica que Sánchez mantuvo con el primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch, a finales de noviembre. El mensaje que colgó después el presidente español informando de esa conversación era del todo diplomático, pero sí aludía a la necesidad de impulso de «una agenda bilateral ya acordada». Porque la otra parte no estaba cumpliendo. Aunque el Gobierno no lo diga.