Los datos que desmontan el ataque de la izquierda a García Castellón: más de 50 actuaciones judiciales al mes en Tsunami

Cuando el pasado 29 de enero, el juez de la Audiencia Nacional al frente de la causa de Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, comunicaba su intención de prorrogar las investigaciones, se desataban toda una serie de acusaciones contra él, encabezadas por la ministra Teresa Ribera, apuntando a su «querencia» y su oportunismo, a veinticuatro horas vista de que el Congreso debatiese, por primera vez en Pleno, el texto y las enmiendas de la amnistía. Lo cierto es que con la ley en la mano, no había nada de extraño, intencionado o rebuscado en un auto judicial estándar. Tampoco de coincidencia o de «motivación política» como se afana en predicar la izquierda, incluso desde el propio Gobierno, y el separatismo.

Tan sólo en los meses de noviembre y diciembre del año pasado, el magistrado acumuló más de 50 actuaciones judiciales para dar respuesta al caso, entre diligencias de ordenación, providencias y autos, de acuerdo con los datos que obran en el sumario. Más de mil folios de acontecimientos, en los dos tomos que lo componen, en los últimos tres años.

Además, García Castellón, como todos los jueces y magistrados de este país, queda obligado por el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim): «La investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa. Si, con anterioridad a la finalización del plazo, se constatare que no será posible finalizar la investigación, el juez, de oficio o a instancia de parte, oídas las partes podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses».

Y continúa el texto: «Las prórrogas se adoptarán mediante auto donde se expondrán razonadamente las causas que han impedido finalizar la investigación en plazo, así como las concretas diligencias que es necesario practicar y su relevancia para la investigación». Nada más y nada menos que lo que hizo García Castellón un día antes de que se le agotasen los tiempos que, por otra parte, cabe recordar que empezaron a contar el 19 de octubre de 2020, cuando se abrió una investigación declarada secreta hasta mayo de 2023, en la que se trataba de identificar a los responsables tras la plataforma separatista, desde un primer momento, por presunto delito de terrorismo.

Tan sólo diez días más tarde, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ordenaba la detención, entre otros, del director de la oficina del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, de tres empresarios –Xavier Vendrell, David Madí y Oriol Soler– próximos al entorno independentista de Esquerra (ERC) y Junts y de otras 17 personas más, cuyas actuaciones fueron determinantes para la celebración del referéndum ilegal del 1-O. El juez sospechaba ya entonces que habían empleado dinero público, en forma de subvenciones, para financiar a Tsunami Democràtic. Había nacido el 'caso Voloh'.

De hecho, el 11 de junio de 2021, con la oposición de la Fiscalía, el juez García Castellón asume parte de las investigaciones de su compañero, sobre la organización violenta que, de acuerdo con las pesquisas realizadas hasta la fecha, fue «una estructura jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva».

La Guardia Civil señala a Puigdemont

El juez imputaba a Carles Puigdemont, Marta Rovira y nueve personas más por terrorismo, el pasado 6 de noviembre de 2023. Y lo hacía apoyado en el informe definitivo aportado a la causa por los investigadores policiales de la Guardia Civil que, como desveló El Debate en primicia, confirmaron que las protestas convocadas en el aeropuerto del Prat, en 2019, tras la condena del Supremo a los cabecillas políticos del 1-O, no dejaban lugar a dudas: la plataforma separatista incurrió en actos propios del «terrorismo» a través de una organización «concertada» y «no espontánea» para hacerlos efectivos.

«La plataforma Tsunami Democràtic no surgió de forma espontánea, sino que fue el resultado de una estrategia minuciosamente planificada (...), una herramienta que sirvió como elemento desestabilizador y de presión política a través de la movilización social a gran escala». Su «estrategia u hoja de ruta consistía en la ejecución de acciones de gran envergadura que movilizaran a miles de personas y que comprometieran la estabilidad económica, social, empresarial e institucional de España», reflejaba el extenso informe de la Jefatura de Información, a lo largo de sus más de 202 páginas.