El Gobierno traslada la presión a la teniente fiscal del Supremo y confía en que se lo arregle

La decisión de la Junta de Fiscales del Supremo -por abrumadora mayoría- de avalar que el alto tribunal procese a Carles Puigdemont por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic pilló a las vicepresidentas primera y segunda y a la ministra portavoz en los últimos compases de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Gobierno y el fiscal general del Estado contaban con que este varapalo podía llegar tras el cambio de criterio del fiscal Álvaro Redondo en 72 horas, que primero apreció terrorismo y después no.

De ahí que Álvaro García Ortiz ya se hubiera curado en salud, agarrándose a la aplicación del artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que la última palabra no la tenga la Junta de Fiscales este martes, sino una mujer de su confianza: la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, que en su día fue nombrada por Dolores Delgado.

Será ella a quien corresponderá decidir la posición definitiva de la Fiscalía del Supremo en la causa de Tsunami. Como explicó El Debate, ello es debido a que durante la deliberación existieron «discrepancias» en la interpretación de la causa entre los dos fiscales jefe de la Sección Penal, Fidel Cadena y Joaquín Sánchez-Covisa. Este último, afín a las posiciones de la cúpula del Ministerio Público, invocó el artículo 24 del Estatuto Orgánico.

A esa baza se agarra el Ejecutivo. Su portavoz, Pilar Alegría, trasladó toda la presión a la teniente fiscal. «Como es lógico y normal se ha producido un debate jurídico en la Junta de Fiscales. Por supuesto, vaya también por delante el respeto del Gobierno a la Junta de Fiscales y al funcionamiento normal del Ministerio Fiscal», empezó diciendo.

«Evidentemente, de acuerdo con los Estatutos del Ministerio Fiscal la decisión definitiva habrá de adoptarse por los órganos que establezca esta normativa, y claramente nuestro respeto a los criterios jurídicos que hoy se han expuesto en esta Junta de Fiscales, al igual que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal y por supuesto los tribunales de nuestro país», añadió.

Independientemente de que Sánchez Conde deshaga el entuerto de la Fiscalía y respalde la teoría de Pedro Sánchez -según el cual en el procés no existió terrorismo-, será el juez Manuel Marchena quien decidirá en última instancia si procesar a Puigdemont por terrorismo.

El pronunciamiento de la Junta de Fiscales se produjo poco después de que la Mesa del Congreso reactivara la tramitación de la ley de amnistía, al devolverla a la Comisión de Justicia. Ésta tendrá de plazo hasta el 21 de febrero -15 días- para alcanzar un nuevo acuerdo que elevar al Pleno, pero cabe una prórroga de 15 días.

Desde el Ejecutivo reconocen que la posición mayoritaria entre los fiscales no ayuda a convencer a Junts, pero también destacan que el partido de Carles Puigdemont tiene mucha presión encima.