La teniente fiscal nombrada por Delgado tendrá la última palabra en la causa a Puigdemont por terrorismo

Por atronadora mayoría, la Junta de Fiscales de lo Penal del Supremo ha acordado, este martes, que hay indicios suficientes para investigar al ex presidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, por un terrorismo. De acuerdo con la exposición razonada del magistrado instructor de la causa de Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, doce fiscales de los quince que integran la Sección han considerado que hay indicios suficientes para calificar los altercados de la plataforma separatista en base a dicho delito. Once de ellos frente a cuatro, además, admiten que las evidencias apuntan a una presunta responsabilidad en los mismos de Puigdemont y del también diputado de ERC Rubén Wagensberg, fugado a Suiza.

Sin embargo, la discrepancia surgida en el transcurso de la deliberación entre los dos fiscales jefe de la Sección, Fidel Cadena –quien fuera uno de los cuatro encargados del Ministerio Público en la causa del procés– y Joaquín Sánchez-Covisa, afín a las posiciones de la cúpula del Ministerio Público, ha permitido a este último invocar el artículo 24 del Estatuto Orgánico para remitir la causa a la teniente fiscal procedente de la era Delgado, Ángeles Sánchez Conde, que tendrá la última palabra en todo este asunto.

«Los acuerdos de la mayoría tendrán carácter de informe, prevaleciendo después del libre debate el criterio del Fiscal Jefe. Sin embargo, si esta opinión fuese contraria a la manifestada por la mayoría de los asistentes, deberá someter ambas a su superior jerárquico», reza el segundo párrafo del primer apartado de la norma en la que se apoya el traslado del encargo.

Sánchez Conde podrá, además, enfocar su dictamen de manera absolutamente discrecional. «No está obligada a seguir el criterio de la mayoría de fiscales que se ha pronunciado en el Pleno de la Sección del Supremo», confirman varias fuentes judiciales consultadas por El Debate. Un resquicio que puede suavizar, en último término, el varapalo recibido hoy por el fiscal general tras fracasar en su intento de que la decisión mayoritaria negase el terrorismo, aceptando el informe modificado por el ponente Álvaro Redondo, tras despachar con él.

Una fiscal de perfil «izquierdista»

La número dos de García Ortiz fue nombrada por Dolores Delgado en enero de 2022, tras recibir el apoyo de la entonces fiscal general, hoy a cargo de la plaza de Memoria Democrática recurrida ante el Supremo, y del total de los cuatro vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), además del de la Inspectora María Antonia Sanz Gaite, en el marco del Consejo Fiscal que se celebró telemáticamente y pese a que la candidata de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), Consuelo Madrigal, al frente de la acusación pública en el juicio del procés, también obtuvo cinco votos.

Delgado ya la había promocionado unos meses antes desde la Fiscalía de Sala del Tribunal Constitucional, donde desarrollaba sus funciones profesionales desde 2009, para otorgarle una vacante en el Supremo.

Desde su llegada a la cúpula del Ministerio Público, 'Gelis' como se la conoce familiarmente entre los miembros de la Carrera, ha sido la encargada de asumir la dirección, entre otras causas, de los indultos del procés y de Juana Rivas o la querella presentada contra Ione Belarra admitida, tras acusar de «prevaricación» a los magistrados del Supremo que, finalmente, fue archivada por el Alto Tribunal. De manera más reciente, ha sido la responsable del interrogatorio a la jugadora de la selección española de fútbol, Jennifer Hermoso, tras el beso no consentido de Luis rubiales.