Siete juristas de la Comisión de Venecia llegan a España para examinar a fondo la ley de amnistía

La ley de amnistía se somete este jueves y viernes al escrutinio de siete juristas, sobre los que el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene ningún tipo de control. Ni autoridad. Una delegación de la Comisión de Venecia formada por cuatro hombres y tres mujeres llega hoy a España para analizar la proposición de ley orgánica con la que el Gobierno pretende garantizar la impunidad del procés. Y que ahora permanece encallada en la Comisión de Justicia, a la espera de que el PSOE y Junts lleguen a un acuerdo.

Sus miembros se reunirán con los presidentes del Congreso y del Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán; con la Mesa y los portavoces de la Comisión de Justicia; con las cuatro asociaciones de jueces; con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; con los presidentes del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, Cándido Conde-Pumpido y Vicente Guilarte, y con expertos constitucionalistas en el Centro de Estudios Constitucionales. Querían haberse entrevistado también con el secretario general del Congreso y letrado mayor, Fernando Galindo, responsable del informe que sirvió de coartada a la Mesa del Congreso para admitir a trámite la ley de amnistía. Pero Galindo quería evitarlo y Armengol le dio la cobertura, como contó El Debate.

La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional y de Estado de Derecho, cuyos informes gozan de un gran prestigio, aunque no sean vinculantes. Se da la circunstancia de que una de sus enviadas es Marta Cartabia, la primera mujer en presidir el Tribunal Constitucional italiano. Cartabia era la ministra de Justicia cuando, en septiembre de 2021, la policía italiana detuvo a Carles Puigdemont en Cerdeña, al pesar sobre él una orden internacional de captura emitida por el Tribunal Supremo. Un tribunal de apelación decidió después que el prófugo y eurodiputado no podía ser extraditado a España y lo dejó en libertad.

Con ella viajarán el vicepresidente de la Comisión de Venecia, el holandés Martin Kujier; el exprimer ministro de Bulgaria Philip Dimitrov; la secretaria general de la Comisión, Simona Granata-Menghini; y los juristas Regina Kiener, José Luis Vargas y Pierre Garrone. Vienen a instancias de la Mesa del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y que fue la que cursó la petición.

La Comisión de Venecia aprobará su informe en el pleno de los días 15 y 16 de marzo, como tarde

El examen de estos guardianes del constitucionalismo será concienzudo y sus conclusiones, rápidas. A diferencia de la Comisión Europea, que ha anunciado que no se pronunciará hasta que la ley salga de las Cortes y sea publicada en el BOE, la Comisión de Venecia tiene previsto aprobar su resolución en la sesión plenaria del 15 y 16 de marzo. Y eso como tarde, porque podría acortar los plazos.

Para entonces, el PSOE y Junts ya tendrán que haber llegado a un nuevo acuerdo sobre la ley en la Comisión de Justicia. Tienen de plazo hasta el 21 de febrero, prorrogable hasta el 7 de marzo.

Los populares confían en que la Comisión de Venecia emita un dictamen desfavorable sobre la ley de amnistía, aunque lo suyo suelen ser más recomendaciones que veredictos rotundos. El PP, como también Vox, vienen defendiendo la tesis de que esta norma es inconstitucional, supone un «atropello» a la separación de poderes –en palabras de Alberto Núñez Feijóo– y atenta contra el artículo 14 de la Carta Magna, que garantiza la igualdad de los españoles ante la ley.

El arsenal jurídico

De ser así sería el segundo informe crítico con la norma, después del que emitieron los letrados adscritos a la Comisión de Justicia del Congreso. En él, los tres expertos cuestionaban su constitucionalidad y que esté siendo tramitada como proposición de ley orgánica, y no como reforma de la Carta Magna. El PP quiere reunir el mayor arsenal jurídico posible para llevar la futura ley al Tribunal Constitucional –del que espera poco– y al Tribunal de Justicia de la UE.

No le está siendo fácil, dado que el PSOE ha eludido a los órganos consultivos. El Consejo de Estado no se ha pronunciado sobre la ley de amnistía porque el Gobierno no se lo ha reclamado (y solo emite dictamen cuando hay una solicitud de algún ministerio, nunca motu proprio) y el Consejo Fiscal no lo ha hecho porque no lo permitió el fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz se negó, a pesar de la petición del Senado.

El CGPJ emitió una declaración en noviembre, una que no gustó nada al Ejecutivo porque por entonces la ley de amnistía no había sido registrada en el Congreso. En ella, los vocales denunciaban (por mayoría de nueve a cinco) que la norma era una «medida de abolición del Estado de derecho», que «violenta la Constitución».

La última vez que la Comisión de Venecia visitó España fue con motivo de la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy cuando contaba con mayoría absoluta. En el informe que sus miembros emitieron después sugerían revisar la norma, que hoy sigue intacta porque la pasada legislatura el PSOE y sus socios no se pusieron de acuerdo sobre cómo modificarla.