La Asociación Profesional de Fiscales pide al Supremo que anule el nombramiento de García Ortiz

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha recurrido este viernes el nombramiento de Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado. El Gobierno confirmó al sucesor de Dolores Delgado como responsable del Ministerio Público, en el que está siendo su segundo mandato, apenas dos días después de que el Supremo sentenciase que en el ascenso de su mentora había incurrido en una «desviación de poder» evidente.

Según informan en primicia fuentes judiciales a El Debate, la APIF considera que la designación de García Ortiz es nula de pleno Derecho puesto que el Ejecutivo aprobó el decreto de su reelección para el cargo obviando las irregularidades de su política de nombramientos, así como el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre su «inidoneidad».

«A nuestro juicio no es idóneo para desempeñar, conforme a la Constitución, las funciones que tiene asignadas, entre ellas la jefatura de todos los fiscales de España», indican en el sucinto escrito consignado para que la Sala Tercera del TS revise el Decreto de 27 de diciembre de 2023 (Real Decreto 1182/2023) por el que el Gobierno de Pedro Sánchez confirmaba a García Ortiz como fiscal general del Estado.

«La APIF, que reclama un Ministerio Fiscal constitucional, integrado en el Poder Judicial y con autonomía funcional respecto del mismo, no puede sino constatar que el modelo de fiscal que pretende el Gobierno es justo el contrario del que diseñó el constituyente. La designación como Fiscal General del Estado, cabeza y representación de la institución, de una persona que se ha mostrado descaradamente parcial por su apoyo al Gobierno, al tiempo que ha omitido cualquier obligación debida a la Institución, a sus fiscales y faltando el respeto al Consejo Fiscal al apropiarse de alguna de sus potestades decisorias, y por si fuera poco, condenado por desviación de poder en el Tribunal Supremo en términos inusualmente duros, supone transmitir a la sociedad una dependencia del Gobierno que ya se plasmó en aquella manifestación tristemente popular» del presidente del Gobierno: «¿La Fiscalía de quién depende?», recoge el comunicado al que ha tenido acceso este periódico.

Muy al contrario, la entidad asociativa, que consta de un vocal en el seno del Consejo Fiscal, Salvador Viada, «considera que el estado de derecho en España ha de mantenerse sobre un Ministerio Público independiente del Gobierno y sometido únicamente al imperio de la ley. En este sentido, respetando la designación hecha por Ejecutivo, consideramos que el presente Fiscal General no tiene ni el talante, ni la actitud, ni el carácter, ni la convicción para ser un Fiscal General del Estado y no del Gobierno».

Por todo ello, «Álvaro García Ortiz, no reúne las cualidades necesarias para ser nombrado FGE, considerándolo, en consecuencia, como inidóneo», reza el texto presentado en el Supremo por la APIF.

Un enfoque que se apoya en el dictamen emitido por el propio Consejo del Poder Judicial que si bien es preceptivo, pero no vinculante para el Gobierno, condiciona la decisión del Ejecutivo que pese a las evidencias quiso «apartarse de este criterio, tan fundamentado». Y lo hizo sin dar ninguna «explicación muy razonable y convincente para mantener la propuesta del candidato elegido», subrayan desde la APIF.

«La actuación de D. Álvaro García Ortiz, en los dos años de mandato anterior, con anulación de nombramientos de Fiscales de Sala, por desviación de poder en el nombramiento de Doña Dolores Delgado García como Fiscal de Sala», Togada de lo Militar del Alto Tribunal, «y la pendencia de otro recurso» contencioso-administrativo «solicitando la anulación de su elección para la plaza de Memoria Democrática y Derechos Humanos», así como «su actuación, una vez nombrado Fiscal General del Estado, estrenándose en el cargo con la decisión de privar al Consejo Fiscal de la posibilidad de emitir el dictamen solicitado por el Senado de España, respecto a la Proposición de Ley de Amnistía, a nuestro juicio no hace más que reafirmarnos en la urgente y necesaria interposición» de esta impugnación.

«Es más, teniendo en cuenta que nuestro EOMF, en su artículo 29, exige que el/la candidato/a a FGE debe ser jurista de reconocido prestigio, tal requisito, si bien podría haber concurrido en D Álvaro García Ortiz, decae desde el momento que ha sido condenado por el Tribunal Supremo, como Autoridad que actúa con desviación de poder – utilizando sus potestades con finalidad distinta de la establecida por el ordenamiento jurídico -. Por tanto, a nuestro juicio, el nombramiento no es conforme a ley», denuncian desde la entidad asociativa ante la Sala Tercera del propio Supremo.

«El Ministerio Fiscal, como hemos señalado anteriormente, se configura como una institución clave y esencial dentro del Poder Judicial. No puede trasladarse a la ciudadanía, con el nombramiento del FGE, cúspide del Ministerio Público, que éste queda dentro o en la órbita del Ejecutivo. Precisamente, por las actuaciones que ha llevado a cabo y que hemos señalado, el Sr. García Ortiz, a nuestro juicio no es idóneo para desempeñar, conforme a la Constitución, las funciones que tiene asignadas el FGE, entre ellas la jefatura de todos los fiscales de España», concluye el durísimo texto.