El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, comparece ante la Comisión de Justicia del Congreso
Tsunami Democràtic
El fiscal Redondo planteó enmendar su segundo informe y avalar el terrorismo de Puigdemont ante la Junta
El ponente del Supremo propuso a sus compañeros rectificar el sentido de su dictamen, tras escucharles, pero rebajando la contundencia de los delitos
Un tsunami estallaba en la Fiscalía, el pasado domingo, al conocerse que el ponente designado para informar ante el Supremo sobre la posible responsabilidad de Carles Puigdemont por terrorismo, había cambiado de opinión tras hablar con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Desde que trascendiese que el contenido de su dictamen jurídico, el que iba a presentar en la Junta de Sección dos días después, era completamente opuesto a las conclusiones recogidas en su primer borrador, el fiscal Álvaro Redondo no había pegado ojo. A su llegada a la reunión «estaba desolado», apuntan fuentes próximas al Ministerio Público.
Por eso mismo, quizás, Redondo ocupó su asiento en el Pleno de los 15 fiscales de Sala con la firme voluntad de escuchar las opiniones de sus compañeros al resultado de su trabajo. Una atronadora mayoría consideró, sin resquicios, que la exposición razonada del magistrado instructor de la causa en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, para elevar la causa de Puigdemont al Alto Tribunal, era correcta. Y quizás, ante tal rotundidad, el fiscal buscó una salida intermedia: modificar su documento para adaptarlo al enfoque general, recuperando sus primera conclusiones sobre terrorismo, pero reduciendo la contundencia en los delitos atribuibles a los altercados de la plataforma separatista, algunos de los cuales superarían los cinco años de prisión. Una posición que la Junta no aceptó.
No en vano, de los tres miembros del Ministerio Público que se opusieron a la tesis casi unánime, uno de ellos, José Martínez, coincidía –y así lo reflejó el tanteo de las votaciones– en la participación del ex presidente catalán en los hechos desde la cúpula de la «organización criminal» que, a su juicio, es Tsunami Democràtic. Su discrepancia, se hizo tan sólo evidente en la cuantificación de las penas asociadas a las conductas presuntamente terroristas, donde «le resultaba complicado encajar» sanciones tan elevadas y contundentes como al resto del Pleno.
Además, uno de los dos jefes de la Sección, el izquierdista Joaquín Sánchez-Covisa dinamitaba cualquier posibilidad de sacar adelante un pronunciamiento favorable a la solicitud del magistrado García Castellón. Su postura afín al enfoque del único informe planteado, oficialmente, a la Junta y contraria al del otro jefe, el fiscal de Sala Fidel Cadena, permitía al primero activar, por primera vez, el artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio (EOMF). Y, con ello, derivar la competencia del dictamen a su superior jerárquico que, en este caso, es la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde, número dos de García Ortiz y afín a su predecesora, Dolores Delgado que fue quien la eligió para el puesto.
«Balones fuera» de García Ortiz
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz presidía, unas horas después del delicado cónclave, una Junta de Fiscales con los jefes de las cuatro provincias catalanas y los fiscales de la Provincial de Barcelona, además del fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, y altos cargos de la Fiscalía General del Estado, en Barcelona. Nada más comenzar el encuentro, el titular de la institución lanzaba «balones fuera» asegurando, ante todos ellos, que nada había tenido que ver su conversación con el fiscal Álvaro Redondo en el giro del planteamiento.
Tras la visita de García Ortiz, con el antecedente de una amplísima mayoría de 13 fiscales de Sala de una de las secciones del Tribunal Supremo avalando la petición de magistrado Manuel García-Castellón, instructor de la Audiencia Nacional, de investigar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por terrorismo en el caso Tsunami Democràtic, el titular de la Carrera comparecía ante los medios para pedir respeto por el trabajo de los profesionales de la institución.
Hay que «dejar trabajar en paz» a la nueva ponente del polémico informe, reclamaba ante los medios, que su Departamento remitirá a la Sala Segunda del supremo sobre la imputación, o no, del líder de Junts Carles Puigdemont y del también diputado de ERC, Rubén Wagensberg fugado a Suiza.