El fiscal general de Sánchez usa la amnistía sin aprobar para hacerse con el control de las causas del procés en Cataluña

el recién renovado fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no ha esperado ni a tomar posesión formal de su cargo para maniobrar a favor de la ley de amnistía del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, pese a que la norma está todavía sin tramitarse.

El titular del Ministerio Público que, hasta la fecha, se ha negado a convocar un Pleno extraordinario del Consejo Fiscal para pronunciarse sobre la norma que permitirá el borrado penal del procés o dar amparo a los fiscales del Supremo señalados en el marco del lawfare, no ha tenido inconveniente en dar instrucciones al fiscal jefe de la provincial de Barcelona para que le remita –a través de la Secretaría Técnica de la Fiscalía– toda la «información tanto de procedimientos judiciales en trámite como de aquellos que hayan sido archivados o enjuiciados y sentenciados».

Así lo ha hecho constar su número dos, Ana Isabel García León, en un oficio remitido «por indicación del fiscal general del Estado», el pasado día 1 de diciembre, a su compañero de la provincial de la capital catalana, «a la vista de la complejidad de la materia y el breve plazo que para la aplicación de la amnistía prevé la proposición de ley orgánica» registrada pero todavía no aprobada.

El documento, al que ha tenido acceso en primicia El Debate, asegura que la petición responde al «carácter preferente y urgente de la tramitación» de la amnistía y con el objetivo de «dar cumplimiento a la misión constitucional del ministerio Fiscal, a través del principio de unidad de actuación que rige nuestra institución».

«Conforme a las indicaciones recibidas del fiscal general del Estado», Álvaro García Ortiz, la fiscal jefe de la Secretaría Técnica del Ministerio Público, «interesa al amparo de lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal» que el responsable de la institución en Barcelona le remita «toda la información» disponible «respecto de cuantos procedimientos penales se hayan tramitado en todo el territorio de Cataluña en relación con el procés independentista y demás hechos comprendidos en el artículo 1.1 de la Proposición de Ley Orgánica».

Es decir, García Ortiz no ha esperado ni a que la ley exista para dar indicaciones expresas que le permitan asumir el control de todas las causas abiertas, o no, «respecto de actos ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, de su preparación o de sus consecuencias, siempre que hubieren sido realizados entre los días 1 de enero de 2012 y 13 de noviembre de 2023». Esto es, el plazo previsto en la Proposición legal que se debatirá, en sede parlamentaria, el próximo día 12 de diciembre.

«Las jefaturas de las fiscalías de área y provinciales remitirán la información interesada en el presente oficio, que junto con la información que verse sobre procedimientos penales competencia de la Fiscalía de Cataluña, será remitida toda ella a esta Secretaría Técnica», concluye el polémico oficio.