La disolución del Parlamento europeo despejará el camino para que el Supremo reactive las euroórdenes contra Puigdemont

Carles Puigdemont se fugaba a Bélgica, de noche, en el maletero de un coche, a través de la frontera con Francia, en 2018, para evitar las consecuencias de su participación y liderazgo del procés catalán. Lo hacía antes de que el instructor de la causa en el Supremo (TS), el juez Pablo Llarena, pudiese tomarle declaración. Desde entonces, reside en Waterloo, bajo el paraguas que, hasta el pasado mes de julio de 2023, le proporcionaba su inmunidad como eurodiputado y que el Tribunal General de la UE le retiró. A pesar de ello, y ante el último recurso planteado por su abogado, Gonzalo Boye, en el Tribunal de Justicia comunitario (TJUE) instando medidas cautelares, el TS español decidía dejar congeladas las euroórdenes que ya había retirado en enero de ese mismo año.

Sin embargo, las próximas elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán del 6 al 9 de junio, y que supondrán la disolución de la Cámara un mes y medio antes, dejarán despejado el camino para que el Alto Tribunal español pueda reactivar el mecanismo de entrega una vez que el líder de Junts haya perdido, de manera definitiva, su condición de aforado.

El separatismo presiona al Gobierno con sus exigencias sobre una amnistía a la medida de Puigdemont, que debilite el concepto y las penas de terrorismo para salvarle en el caso Tsunami Democràtic –que se sigue en la Audiencia Nacional– pero sabe que debe darse prisa para que la norma salga aprobada, en todo caso, antes de que éste quede procesalmente a la deriva.

De hecho, en el que fuera, hasta la fecha, el último capítulo del pulso interminable que el expresidente de la Generalitat mantiene con el Supremo español, el pasado mes de septiembre de 2023 –en plena negociación para el borrado penal del procés a cambio del 'sí' de Junts a la investidura de Pedro Sánchez– la defensa del político presentaba, en el último día del plazo permitido para hacerlo, un recurso ante la Justicia europea con el objetivo de restablecer la inmunidad parlamentaria que le retiró el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) y que tanto necesita para seguir en libertad.

Horas más tarde, el propio juez del Alto Tribunal encargado de la causa, el magistrado Pablo Llarena, dictaba una providencia en la que daba 10 días a Puigdemont para que confirme si había pedido, o no, la suspensión cautelar de las consecuencias de la pérdida de su protección como miembro de la Eurocámara.

No en vano, tras una prudente espera de varios meses y consciente de que la pérdida de la inmunidad, piedra angular de hasta tres negativas a su proceso de entrega, no era firme pero sabedor también de que, hoy por hoy, Puigdemont no disfruta de ella, la Fiscalía del Supremo instaba la emisión de nuevas euroórdenes a Bruselas sobre todos los prófugos, también los exconsejeros Clara Ponsatí, que en este tiempo ya ha regresado a España, Toni Comín y Luís Puig. Llarena decidía no arriesgar, consciente también de que los tiempos juegan a favor de la instrucción del caso.

Y es que el escenario que se avecina en los próximos meses podría complicar, y mucho, la situación procesal del líder de Junts, una vez desprovisto del paraguas de Bruselas, sin una amnistía consumada y con dos nuevos delitos sobre la mesa, el terrorismo de Tsunami y la traición del 'caso Voloh' cuyo perdón, difícilmente, avalará la Unión Europea. En especial cuando, en los últimos días, Bruselas ha estrechado el cerco a la investigación del prófugo Puigdemont por sus conexiones con el régimen ruso de Vladimir Putin. Ha empezado la cuenta atrás.