La Fiscalía de la Audiencia Nacional envía sus pesquisas sobre el muñeco de Ferraz a un juzgado de Madrid

La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha acordado enviar a un juzgado madrileño las pesquisas realizadas en relación a los hechos denunciados por el PSOE y que ocurrieron en la pasada Nochevieja junto a la sede nacional del partido de la calle Ferraz, cuando se ahorcó y apaleó un muñeco; que los socialistas identifican con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El Ministerio Público ha indicado que finaliza así sus diligencias preprocesales dado que el asunto ya está judicializado.

En un decreto de la teniente fiscal de la AN, Marta Durántez, recogido por Europa Press, se recoge que las diligencias se incoaron el pasado 12 de enero tras recibir traslado de la Fiscalía General del Estado de la denuncia del partido político, y que en la mañana del 22 de enero, diez días después, tuvieron noticia «de la presentación ante los juzgados de instrucción de Madrid de un atestado policial por los mismos hechos».

Durántez explica en su decreto que ese atestado policial recayó finalmente por reparto en un juzgado de instrucción, fuentes jurídicas consultadas indican que es el número 26, y que el mismo acordó incoar diligencias previas.

Tras recordar que el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) establece que «el fiscal cesará en sus diligencias tan pronto como tenga noticia de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos», acuerda la remisión de lo investigado al juzgado que se ha hecho con el asunto, dirigido por la jueza Concepción Jerez.

En este sentido, la teniente fiscal no solo acuerda remitir sus pesquisas a ese juzgado «para su unión a las diligencias previas» sino que acuerda informar al PSOE de este paso para que pueda ejercitar «lo que a su derecho convenga ante dicho órgano judicial».

La denuncia del PSOE

En su denuncia, de casi 60 páginas, los socialistas apuntaron a un posible delito de incitación al odio por ideología política. Como este tipo penal solo puede aplicarse si se ejerce contra colectivos vulnerables, argumentaron que el PSOE fue perseguido durante la dictadura franquista y durante la Guerra Civil.

Además, incluyeron otros posibles delitos, como incitación a la violencia y al magnicidio; injurias contra la autoridad en ejercicio de su cargo; injurias y amenazas graves al Gobierno de la nación; amenazas al presidente del Gobierno y al PSOE y sus militantes como colectivo social –con agravante de discriminación ideológica–; delito de reunión o manifestación ilícita; o desórdenes públicos, siendo este último el que puede acarrear la mayor pena: 5 años de prisión.

También consideraron que puede haberse cometido un delito de financiación ilegal por parte de Vox porque, a su juicio, se han producido acciones coordinadas y organizadas que conllevan obtención de fondos económicos para organización de actos que parecen tener «un nexo en común» con esta formación.

El PSOE señala a Vox

En este sentido, el PSOE hizo hincapié en la vinculación de los impulsores del acto con el partido de Santiago Abascal, la organización juvenil Revuelta, basándose en las informaciones periodísticas que la colocan como entidad relacionada con Vox.

La denuncia detallaba que uno de los líderes de Revuelta, Pablo González Lasca, es responsable de Marketing Digital del partido, y «parece que trabaja en íntima conexión con el diputado de Vox, Manuel Mariscal, al frente de la vicesecretaría nacional de Comunicación».

En todo caso, el PSOE aclaró que Revuelta no está constituida legalmente como asociación y, por tanto, se utilizaron otras asociaciones, como Plataforma 711 y ASOMA, que sí cuentan con una fórmula jurídica que les permite contratar y solicitar autorizaciones administrativas.