La Fiscalía se negó a pinchar los móviles de los asesores de Puigdemont que ahora han acreditado la relación con Rusia

La Fiscalía Anticorrupción se opuso desde el primer momento a intervenir los teléfonos de los asesores del expresidente catalán, Carles Puigdemont, implicados en el caso Voloh, la investigación de la injerencia rusa en España a través de los líderes independentistas. Las pesquisas de este caso, dirigido por el magistrado Joaquín Aguirre, comenzaron en el año 2019, fecha desde la que el Ministerio Público pidió no seguir adelante con el asunto. A pesar de ello, el juez Aguirre autorizó a la Guardia Civil a que investigara los nexos y ahora, cinco años después, se confirma que esas pruebas fueron claves.

En concreto, el fiscal Fernando Maldonado pidió no intervenir los móviles de los tres empresarios que hacían de nexo entre Puigdemont y los agentes rusos: David Madí, Xavier Vendrell y Oriol Soler. La escusa que pusieron los fiscales era que, según su criterio, al no haber indicios, consideraban «precipitados» los pinchazos telefónicos. La pieza de Voloh en la que figura el rechazo de la Fiscalía es en la que el juez Aguirre investiga el desvío de fondos públicos para financiar la estancia en Bélgica de Puigdemont. En ese sentido, El Debate desveló la semana pasada que uno de los agentes rusos que ofreció apoyo económico y militar a Puigdemont también le tendió la mano una vez huyó de España. El ofrecimiento que le hizo fue de 10 millones de euros que, según las pesquisas, nunca se llegaron a entregar.

Para oponerse a esa primera intervención telefónica, que la Guardia Civil solicitó para seguir el rastro de una criptomoneda que impulsaron desde el Ejecutivo de Puigdemont, el fiscal Anticorrupción aducía que ninguno de los investigados tenía «responsabilidad en el Gobierno». La Fiscalía también alegó que los investigadores no habían identificado claramente el dinero presuntamente malversado para el uso de criptomonedas –una de las vías que el juez sospecha se iban a emplear para hacer llegar los fondos a Puigdemont– y que, en todo caso, su creación «no puede considerarse delictiva».

En enero de 2020, los fiscales también se negaron a prorrogar los dispositivos de localización y sonorización que la Guardia Civil instaló en los vehículos de los principales investigados. Antes de hacerlo, los fiscales solicitaron al Instituto Armado más detalles para fundamentar la necesidad de esa medida de seguimiento. Los agentes emitieron un informe en el que señalaban que los seguimientos estaban resultando «de utilidad» para la investigación y argumentaban que eran necesarios para obtener datos sobre las «reuniones» que mantenían los imputados. Sin embargo, la Fiscalía se opuso de manera tajante.

No obstante, el juez Aguirre ordenó los pinchazos y los resultados fueron notables. Una de las llamadas intervenidas que más datos ofreció fue una conversación que mantuvo Madí con el empresario Joan Ferrán Oliva, próximo a Puigdemont. En la conversación, grabada el 20 de octubre de 2020, ambos hablaron del reparto de los 140.000 millones de euros que la UE iba a entregar a España y que Madí calificó de «merienda de negros» por su reparto.

En esa conversación, Madí le contó a Ferrán que acababa de reunirse con Iván Redondo, entonces director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, primer secretario de Estado y secretario del Consejo de Seguridad Nacional. En aquel momento, Redondo controlaba los departamentos que asistían al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como la Oficina Económica del Presidente (Dirección General de Asuntos Económicos) y fue responsable de la gestión de la Unidad de Seguimiento del Fondo de Recuperación Europeo.