La Audiencia Nacional investigará la presunta revelación de secretos de Justicia en la causa suiza sobre Rovira

Una pieza separada de la causa principal Tsunami Democràtic o la apertura de diligencias de investigación en los Juzgados de lo Penal de Plaza de Castilla, tras filtrarse la respuesta negativa de la Oficina Federal de Justicia de Suiza al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, para investigar los movimientos físicos y financieros de la secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Marta Rovira, prófuga en el país helvético.

Según ha podido saber EL DEBATE, el magistrado instructor trabaja para activar los mecanismos legales necesarios que determinen el origen de la filtración publicada por El País, esta misma mañana, antes de que el Juzgado de Instrucción Número 6 de la AN hubiese si quiera recibido la notificación oficial de la Adeministración de Berna (Suiza), acordando suspender la tramitación de la comisión rogatoria solicitada, el pasado mes de noviembre, por García Castellón.

No en vano, las autoridades suizas contestaron el 22 de diciembre denegando al juez la información solicitada acerca de los movimientos de Marta Rovira en su país, así como los datos y saldos de una cuenta bancaria desde la que se podía haber financiado Tsunami Democrátic, la plataforma que lideró los incidentes violentos de octubre de 2019 que García Castellón investiga como delitos de terrorismo.

Y, pese a que el Ministerio de Justicia registraba dicha comunicación oficial una semana después, el 29 de diciembre, no era hasta ayer lunes 19 de febrero cuando, desde el Departamento que dirige Félix Bolaños, se daba traslado del documento oficial que ha llegado a la Audiencia Nacional esta misma mañana, una vez ya se conocía por la opinión pública el sentido del mismo, a través de un medio de comunicación.

En dicho texto, la Oficina Federal Suiza se desmarcaba de la petición del juez sobre Rovira hasta verificar si ésta tiene un carácter «político», lo que, recuerda, de acuerdo con la legislación del país sobre asistencia mutua en materia penal, les impediría cooperar con la Audiencia Nacional. Algo que se descartaba en el propio Auto motivado de de imputación de la ex número dos de Esquerra (ERC).

García Castellón envió a Suiza una segunda comunicación a principios de febrero que no fue tenida en cuenta para la negativa de cooperación

En concreto, la Administración de Justicia helvética exige saber los motivos por los que la Audiencia Nacional solicita el paradero de Rovira mediante asistencia judicial, teniendo en cuenta que es una cuestión que puede averiguarse con mecanismos más sencillos de cooperación policial, y ha preguntado, además, sobre el alcance de la ley de amnistía en curso, de la que la que la prófuga podría beneficiarse, antes de atender la diligencia encargada por García-Castellón.

Una petición «inaudita» e «improcedente» de acuerdo con algunas fuentes jurídicas consultadas por EL DEBATE, ya que no corresponde a Suiza «analizar» el contenido de una norma que «ni siquiera esté en vigor» ni «emplear la misma como un obstáculo a la cooperación judicial ordinaria» entre países europeos, si bien cabe recordar que Suiza no pertenece a la UE.

Además, en Suiza no se ha tenido en cuenta una ampliación del avance en las pesquisas que fue comunicada por la Audiencia Nacional, a principios de este mismo mes, y que el órgano judicial libró a las autoridades helvéticas sin saber, a diferencia del Ministerio de Justicia que también tramitó esta segunda comunicación, que éstas ya habían descartado, de entrada, el primer intento de colaboración.

La cuenta bancaria para la financiación

Respecto a la información instada sobre la cuenta bancaria suiza que García-Castellón sospecha que sirvió para financiar las protestas de Tsunami, las autoridades helvéticas piden aclarar por qué se solicitan sus movimientos hasta junio de 2020, cuando las acciones de la plataforma separatista en el aeropuerto tuvieron lugar en octubre de 2019.

En marzo de 2020, Suiza ya rechazó la anterior comisión rogatoria remitida por García-Castellón, por los delitos de organización criminal y terrorismo, argumentando que la legislación de su país considera inadmisibles las solicitudes de asistencia en actos con un «carácter político preponderante».