Estalla el primer caso de corrupción del Gobierno de Sánchez en plena crisis tras las gallegas

La detención de la mano derecha del exministro José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, acusado de cobrar mordidas en plena pandemia ha pillado a los socialistas en pleno shock tras el desastre del PSdeG en las elecciones gallegas. La investigación parte de una denuncia del PP de Madrid en abril de 2022 ante la Fiscalía Anticorrupción. Los populares de Isabel Díaz Ayuso pusieron en el punto de mira de Anticorrupción 13 contratos adjudicados por el Gobierno central en plena pandemia, sin concurso público y de forma opaca. Se trataba de mascarillas y otros materiales de protección.

Éste es el primer caso de corrupción que salpica al Gobierno de Pedro Sánchez, puesto que por aquel entonces Ábalos era ministro de Transportes y, García, su sombra y también consejero de Renfe Mercancías. También han sido arrestados la mujer de éste y el presidente del Zamora Club de Fútbol, Víctor de Aldama. Cabe recordar que Sánchez destituyó a Ábalos sin mediar explicación en el verano de 2021. No solo como ministro, sino también como secretario de Organización del PSOE, y a pesar de que era uno de sus más estrechos colaboradores. Ya entonces se especuló mucho sobre las causas.

Este miércoles, el PP pidió al presidente que aclare si la defenestración de Ábalos tiene que ver con esta investigación. El propio Ábalos hizo unas breves declaraciones en los pasillos del Congreso y negó la relación entre una cosa y otra. «Ya me gustaría dar explicaciones», señaló, mostrando su sorpresa. «Hasta donde yo sé tenía una vida muy normalita, me cuesta creerlo. Yo estoy tranquilo con lo que hice», añadió.

Por la tarde, y desde Rabat, Sánchez negó haber tenido el más mínimo conocimiento, como también que el cese de Ábalos estuviera relacionado. «Por supuesto que no. Rotundamente no», señaló. Según dijo, son «maledicencias».

Entre los detenidos no hay cargos políticos, según fuentes de la investigación citadas por Europa Press, pero sí una veintena de intermediarios. Se les acusa de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho por contratos que superan los 50 millones de euros. El material fue destinado a los ministerios de Transportes e Interior, y también a comunidades autónomas como Baleares y Canarias.

En abril de 2022, la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación sobre 13 contratos adjudicados por el Ejecutivo de Sánchez en plena pandemia. Todos sin pasar por concurso público, amparándose en la urgencia. La mayoría fueron adjudicados desde el Ministerio de Sanidad, pero también había implicados otros departamentos de los ministerios de Transportes -donde estaba García Izaguirre- y de Inclusión y Seguridad Social.

Abrió el camino el PP de Madrid, que interpuso una denuncia ante Anticorrupción hace dos años. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, señaló a siete empresas supuestamente relacionadas con el PSOE. Los 13 contratos ascendieron a 326 millones de euros. «Se administraron incluso mascarillas por un valor de entre un 25% y un 500% por encima de las adjudicaciones anteriores en un mismo momento», denunció entonces Ayuso.

Entre las empresas se encontraba Industrias Plásticas Playbol, propiedad del padre de Pedro Sánchez. Precisamente este miércoles El Debate revela en exclusiva que esa fábrica disparó su facturación en 2022 hasta más de 4,3 millones de euros, tras haber recibido varias ayudas públicas otorgadas por los ministerios de Economía e Industria.

Otra de las empresas era Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, proveedor de cabecera del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, que de un ejercicio a otro pasó a declarar una facturación millonaria.

Se da la circunstancia de que, a comienzos de febrero, una juez madrileña archivó un caso abierto contra tres altos cargos de los ministerios de Sanidad y de Hacienda por presunta prevaricación y malversación, también en la adjudicación de contratos de emergencia tramitados durante la pandemia. La instructora consideró que la emergencia resultó «ajustada a Derecho». Los imputados eran el director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, la directora general de Cartera Común del Servicio Nacional de Salud y Farmacia y la directora general de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.

Curiosamente, la noticia de la detención de la mano derecha de Ábalos se produce justo un año después del estallido del caso Mediador. De aquel, Sánchez y su partido salieron indemnes, a pesar de la implicación del entonces diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el «Tito Berni», que usaba su despacho en el Congreso para sus negocios turbios. Y de que cinco diputados cenaron con Fuentes Curbelo y con el mediador, Marco Antonio Navarro, en el céntrico restaurante madrileño Ramsés el 21 de octubre de 2020. Venían de la Cámara Baja, de votar en contra de la primera de las dos mociones de censura que presentó Vox contra el presidente.