El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont atiende a medios a su llegada al Parlamento Europeo
Tribunales
Suiza rechaza colaborar en el caso Tsunami y sienta las bases para convertir a Puigdemont en su propio Falciani
El país helvético ha denegado, por segunda vez, la comisión rogatoria librada por el juez Manuel García Castellón para dar con el paradero y las cuentas bancarias de la prófuga Marta Rovira (ERC)
En septiembre de 2018, la Audiencia Nacional rechazaba, por segunda vez, la extradición del informático Hervé Falciani a Suiza porque los hechos por los que era reclamado ya habían sido valorados en la primera solicitud cursada por el país helvético (efecto de cosa juzgada) y porque el Código Penal español no incluye ningún tipo penal similar al delito de «espionaje financiero agravado» por el que se había condenado a Falciani a una pena de 5 años de prisión.
Seis años después, Suiza ya ha denegado en dos ocasiones a España su colaboración en las pesquisas judiciales del magistrado Manuel García Castellón sobre la ex número dos de ERC, Marta Rovira, prófuga en el país, y ha dejado claro que no permitirá ninguna entrega por «motivaciones políticas». Toda una declaración de intenciones que abre la puerta del destino a otro fugado de la Justicia española, Carles Puigdemont, al que se le está complicando la amnistía en España y que ve cómo el tiempo de descuento de la inmunidad parlamentaria europea, toca a su fin.
En el caso Falciani, la Fiscalía española informó en contra de la entrega alegando la excepción de «cosa juzgada» porque los hechos relatados en la sentencia del Tribunal Penal Federal suizo en la que se apoyaba la solicitud, de fecha 27 de noviembre de 2015, ya habían sido valorados en marzo de 2013 por la misma Sala de la Audiencia Nacional que entonces rechazó la entrega del informático, al entender que no se cumplía con el requisito de la doble incriminación. En la causa de Marta Rovira ha sido la propia Oficina Federal de Justicia, con sede en Berna, la que ha respondido en sentido negativo al órgano español, sin que haya mediado intervención alguna de jueces o fiscales helvéticos en la valoración.
Sobre la mesa el precedente creado en la anterior comisión rogatoria remitida por García-Castellón, por los delitos de organización criminal y terrorismo que pesan sobre Rovira en la instrucción de Tsunami Democràtic, argumentando que la legislación de su país considera inadmisibles las solicitudes de asistencia en actos con un «carácter político preponderante».
Así las cosas, Suiza gana enteros para convertirse en el lugar elegido por Puigdemont para sortear la acción de la Justicia española, una vez que se agote su condición de eurodiputado, tras la disolución de la Eurocámara un par de meses antes de las próximas elecciones comunitarias del 9 de junio.
En primer lugar porque el país helvético no forma parte de la UE lo que significa que los mecanismos de cooperación judicial siguen los cauces ordinarios de extradición, en lugar de la entrega directa prevista por las Órdenes Europeas de Detención (OEDE) que rigen para los Estados firmantes del Tratado. En segundo término porque la distancia que media entre ambos países desde Waterloo a la frontera helvética, vía Alemania –que ya rechazó poner al ex presidente de la Generalitat, a disposición de España, durante el juicio del procés por rebelión– es de unos 623 kilómetros por carretera.
En tercero y último lugar, porque la reticencia de Suiza a colaborar en la mera investigación bancaria de Marta Rovira, deslizando la tesis separatista de que puede tratarse de una persecución por razones políticas, supone un aval para Puigdemont en el caso de que decida un cambio de residencia concluida su etapa como representante público en Bruselas.
La disolución de la Eurocámara
Cabe recordar que Puigdemont ha estirado su estancia en Bélgica bajo el paraguas que le proporcionaba su inmunidad como eurodiputado y que el Tribunal General de la UE le retiró el pasado mes de julio de 2023. A pesar de ello, y ante el último recurso planteado por su abogado, Gonzalo Boye, en el Tribunal de Justicia comunitario (TJUE) instando medidas cautelares para evitar la ejecución del fallo, el Supremo español decidía dejar congeladas las euroórdenes dictadas contra los fugados que ya había retirado en enero de ese mismo año.
Sin embargo, las próximas elecciones al Parlamento Europeo convocadas del 6 al 9 de junio, y que implican la disolución de la Cámara un mes y medio antes, dejarán despejado el camino para que el Alto Tribunal español pueda reactivar el mecanismo de entrega una vez que el líder de Junts haya perdido, de manera definitiva, su condición de aforado. Si bien son muchas las voces autorizadas de juristas y expertos que sostienen que esta protección ya está inactiva.
El separatismo lo sabe y de ahí las presiones al Gobierno con sus exigencias sobre una amnistía a la medida de Puigdemont, que debilite el concepto y las penas de terrorismo para salvarle en el caso Tsunami Democràtic –que se sigue en la Audiencia Nacional–. Los independentistas de la extrema derecha catalana son conscientes de la urgencia para que la norma salga aprobada, en todo caso, antes de que su líder quede procesalmente a la deriva y decida, quizás, poner rumbo a Suiza donde ya ha quedado claro, con el ejemplo de Marta Rovira, que las posibilidades de extradición del ex presidente catalán se complicarían.
