Un procurador enfermo de ELA subsiste con una pensión de 640 euros de la Mutualidad para pagar todas sus medicinas

A Enrique le cambió la vida, de manera radical, en 2014, cuando le diagnosticaron ELA. Hasta entonces era un procurador querido en Granada, al frente de un pequeño despacho en el que había empeñado todo su esfuerzo y que, con el paso del tiempo, le permitió contratar a dos compañeras más como refuerzo. Enrique era de esos profesionales a los que se le veía de lejos, por los Juzgados, que lo suyo era vocación y quizás, por ello, no escatimaba en la dedicación a sus clientes, sin horario ni calendario para ellos.

Diez años después de aquel fatídico diagnóstico Enrique lucha, desde una cama y con el apoyo inquebrantable de su mujer y su hija, también procuradora, por visibilizar la precaria situación en la que se encuentra tras 33 años de ejercicio, aportando sus «cuotas religiosamente» a una Mutualidad en la que se colegió en 1983, «que responde a un modelo agotado». Y, lo que es todavía más indignante, que le ha «condenado a subsistir» desde 2021 como jubilado, pese a su incapacidad absoluta declarada antes de cumplir los 67, con «una pensión de 640 euros al mes, en doce pagas y sin derecho a actualizaciones en base al IPC».

No es el único caso pero sí uno de los más dolorosos. Enrique habla alto y claro a través del altavoz de su teléfono móvil que ya no puede sostener por sí mismo, ni descolgar sin ayuda. «Ha llegado el momento de denunciar públicamente» lo que está pasando con los procuradores de la vieja escuela, «que no tuvimos más opción que aportar al fondo de la Mutualidad las cantidades que nos recomendaban y que estamos excluidos de las prestaciones de la Seguridad Social y de las coberturas de la sanidad pública», lamenta Enrique.

Su caso es un ejemplo más de la injusticia a la que se enfrenta un profesional de la Procura cuando enferma y/o se jubila. El suyo es el ejemplo palpable de una persona que se colegia en el año 1983, sin más alternativa que adherirse a la Mutualidad General de Procuradores de España para ejercer la profesión; no cabía otra posibilidad que pagar la cuota que la mutualidad fijaba inferior a autónomos en ese momento, pero que se supuestamente se igualaba en la medida en la que los mutualistas tenían que contratar, además, un seguro médico privado para completar las coberturas médicas a las que no tenían acceso al no estar incorporados en el sistema de la Seguridad Social.

Urge dignificar a quien nunca debió perder su dignidadMovimiento #J2Plataforma por la pasarela de la Procura al RETA

Sin embargo, su difícil día a día llega cuando al enfermar de ELA, la Mutualidad comienza a abonarle 600 euros mensuales en concepto de invalidez absoluta, hasta llegar a su edad de jubilación, a los 67 años. Es entonces cuando Enrique debe abordar una segunda y dolorosísima decisión, ante la oferta de la entidad: seguir recibiendo una pensión de 340 euros al mes de forma vitalicia, sin subidas de IPC, ni ningún tipo de extra y totalmente instransferible a sus herederos en caso de fallecimiento; o, capitalizar los cotizado durante toda su vida profesional y dividir en 5 ó 10 años el total de la cantidad consolidada.

Enrique hace sus cálculos y apuesta por la segunda alternativa. Recibirá durante 10 años, y ya ha consumido 3, un máximo de 645 al mes que, pase lo que pase, perderá a los 77 años de edad. Ésa es la fecha límite para terminar la obligación de la Mutualidad de «previsión social», recuerda, para atender a los pagos comprometidos.

Él no lo cuenta pero «pagando los medicamentos» que necesita al 50% «y no son pocos» ni especialmente baratos. Apenas cinco minutos de conversación con él bastan para darse cuenta de que vive de lo ahorrado durante años de ejercicio profesional y gracias a la infinita dedicación de su familia. «Hay compañeros a los que su volumen de trabajo no les ha permitido ahorrar», afirma.

«No podemos obviar que la nuestra es una profesión en plena decadencia, como resultado de muchos factores que no viene al caso enumerar y con un alto nivel de casos de impago», reflexiona Enrique. «Es necesario poner fin a este gran problema de la Procura», reclama. Y les corresponde « a los políticos darnos soluciones» ya que, en gran medida, ellos son los responsables por haberlo permitido durante tanto tiempo.

Por y para Enrique, y tantos otros compañeros de profesión que están en situaciones similares, o diferentes aunque igual de complicadas, el Movimiento #J2 trabaja para garantizar que un colectivo tan numeroso de profesionales «no sigan desprotegidos» en los momentos más delicados de sus vidas. «Muchos de los procuradores más antiguos están en absoluta situación de desigualdad frente a otros trabajadores por cuenta ajena, funcionarios y autónomos», denuncian. «Pedimos la pasarela al RETA para todos», reiteran.