Todos los cuerpos policiales reclaman en Bruselas «medidas para reforzar su labor» frente a los narcos

Miembros de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Confederación Española de Policía (CEP), del Consejo Europeo de Sindicatos de Policía (CESP), el comisario jefe de la Policía Local de Gijón, e, incluso, un miembro de Europol compartieron este miércoles en el Parlamento Europeo las medidas que consideran necesarias «para mejorar el desempeño de su trabajo que sirvan para reforzar su labor en la protección de la libertad, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho».

La europarlamentaria Maite Pagazaurtundua, que es quien convocó a los representantes policiales en Bruselas, afirmó que «las naciones más seguras del mundo son las más democráticas, las naciones en las que la policía es más eficaz suelen ser las más democráticas. Tenemos que vigilar la calidad del Estado de Derecho democrático», reivindicó la eurodiputada, que advirtió a este respecto contra la corrupción: «Los países menos corruptos son los más democráticos y seguros».

Para el comisario jefe de la Policía Local de Gijón, Alejandro Martínez Gallo, «asistimos a un problema de populismo y volvemos a una situación de hace años: se equipara seguridad pública con orden público y eso no es cierto. Una sociedad que carece de libertad no tiene seguridad y todo manual tienen que partir de esa base: libertad y seguridad van unidas, por mucho que digan los populismos extremistas», dijo.

El secretario general del Consejo Europeo de Sindicatos Policiales (CESP), Jesús Lira, reivindicó que la suya es una profesión de riesgo, y lanzó una batería de medidas que los cuerpos policiales necesitan, como una renovación del modelo policial ya que «es del año 86 y el modelo tiene que ser vivo, adaptarse a la realidad» y el reforzamiento de la independencia judicial, que es clave para el trabajo de la policía. También, transparencia interna, «que es el antídoto para la corrupción».

Desde la AUGC, su secretario general, Juan Antonio Fernández Hernández, exigió «una reacción» del Gobierno tras el asesinato de sus dos compañeros de la Guardia Civil en Barbate (Cádiz) el pasado 9 de febrero. «Se debe priorizar las medidas de acción política. Queremos pedir al Gobierno la declaración de la zona como de especial singularidad para combatir delincuencias organizadas, grandes mafias que tienen grandes medios, gran preparación, y necesitan medidas más drásticas para erradicarlas», afirmó.

Por parte de la Policía Nacional, el secretario de Organización y Relaciones Institucionales del SUP, José Antonio Rodríguez Neira, aseguró que «al ver cómo se jaleaba a los narcos desde los muelles se confirma que los recursos son claramente insuficientes. O nos ayudan desde Europa a cerrar la puerta al narcotráfico en el sur de Europa o se extenderá hasta aquí».

El responsable de Relaciones Institucionales de la CEP, David Gutiérrez, consideró que las policías españolas son «posiblemente la profesión más auditada de España con mecanismos internos, jueces y fiscales, medios de comunicación y redes sociales. Estamos bastante vigilados y creo que es bueno. Policía Nacional y Guardia Civil somos los mejor valorados».