Las más de 100 causas judiciales que confirman la corrupción estructural del PSOE

Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno, en 2018, tras ganar una moción de censura al Ejecutivo de Mariano Rajoy y bajo la bandera de la lucha contra la corrupción del Partido Popular. En las últimas horas, y para defenderse del escándalo que salpica a una muy buena parte de su Consejo de Ministros en el marco del 'caso Koldo'–las mordidas ilegales que presuntamente se pagaron con dinero público para la compra de mascarillas, a empresas pantalla, en plena pandemia– el líder de los socialistas ha vuelto al relato de la lucha contra la corrupción: «ha de ser implacable, venga de donde venga y caiga quien caiga».

Y ello, pese a haber pactado con los separatistas catalanes de Junts y Esquerra (ERC), no sólo la rebaja de la malversación vinculada con el procés de Cataluña. sino la amnistía de todos los delitos de uso fraudulento de los fondos públicos cometidos por éstos. Pero es que, además, el PSOE acumula más de un centenar de causas judiciales a sus espaldas, abiertas por corrupción, desde la condena del 'caso Filesa', por la financiación ilegal del partido, o la sentencia de los ERE de Andalucía que concluyó con más de una veintena de altos cargos de la Junta socialista de Andalucía condenados, por varios delitos de prevaricación y malversación.

O el de la presunta financiación ilegal de la federación valenciana en el que cerca de 500 cargos y ex cargos socialistas y más de un millar de personas relacionadas con la formación están siendo, como mínimo, investigados por distintos delitos vinculados a la corrupción política.

Filesa fue la primera macrocausa por financiación irregular a un partido político en España que, tras más de seis años de investigación, arrancaba con un juicio en cuyas vistas llegó a declarar como testigo el hoy ex presidente del Gobierno Felipe González. El Supremo sentenció a 11 años de cárcel al ex diputado socialista Carlos Navarro e impuso otros tres al senador Josep Maria Sala (que posteriormente el Tribunal Constitucional redujo a sólo 2); y 2 años y 4 meses para Aída Alvarez, la que fuera coordinadora de Finanzas de los socialistas.

Descontando otros procedimientos históricos como el caso Malaya, Mercasevilla, Juan Guerra, AVE; el Río Manzanares (en Madrid); el caso Renedo del PSOE asturiano que llevó a cesar a la jefa de servicio de la consejería de Administraciones Públicas del Gobierno por desviar, hasta 600.000 euros públicos para comprarse zapatos de lujo; la Operación Pulpo, una de las últimas archivadas para el que ha sido candidato de los socialistas en los últimos comicios gallegos, Gómez Besteiro; Puerto Gallego (del PSOE de Cantabria), la trama Pokémon (en Lugo, Miño-Sil y la derivada Vendex); el caso Plaza-Kartódromo, del PSOE de Aragón; la imputación del exalcalde socialista de Puertollano por la construcción del coso taurino de la localidad; la denominada 'trama Gürtel de Plasencia', por delitos urbanísticos que llevaron a la condena de la regidora de la localidad a dos años de prisión por trocear contratos urbanísticos para favorecer a un constructor local; los Cursos de Formación de la Junta de Andalucía; ... el PSOE es, sin duda, el partido de la «transparencia».

La macrocausa de los ERE de Andalucía

Fue bautizado como el mayor caso de corrupción política de toda la democracia. Con un coste estimado para las arcas públicas de todos los andaluces, la sentencia judicial de una macrocausa que ha acabado dividida en cerca de 200 piezas diferentes, condenaba a más de una veintena de altos cargos de la Junta socialista de Andalucía, entre ellos los dos expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por diseñar un sistema para desviar más de 800 millones de euros del erario, sin control alguno.

El fallo del Supremo, confirmó la penas impuestas por la Audiencia Provincial de Sevilla a los principales implicados, entre los que se encontraban, también, el ex presidente autonómico Gaspar Zarrías y hasta 7 ex consejeros. El escándalo de los ERE o caso del fondo de reptiles, afecta a una red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía, durante más de tres décadas, desde que el PSOE llegase al poder en el año 1980.

Caso Azud, financiación en B del PSPV

El caso 'Azud' llegaba para complicar aún más la situación en la que estaba inmerso el PSOE de la Comunidad Valenciana de Ximo Puig. Pese a que los socialistas utilizaron la presunta corrupción del Partido Popular en la región, para arremeter contra los mandatos de Francisco Camps –quien hasta la fecha, ha salido absuelto o ha visto archivadas nueve de las die causas que se abrieron contra él– o la Alcaldía de la ya fallecida Rita Barberá, a la que el propio José Luis Ábalos señaló sin piedad– fue el exgerente de los socialistas valencianos, Francisco Martínez Rico, quien confesaba que era su formación la que se había estado financiando de manera ilegal.

Así lo reconocía Martínez Rico, el 21 de octubre de 2022, en su declaración como testigo ante la Guardia Civil al señalar, entonces, cómo su partido había abonado con dinero B, esto es sin declarar, las campañas electorales de 2007 y 2008; y apuntaba directamente al extesorero del PSPV-PSOE, José María Cataluña como el principal responsable de la trama. Concretamente, Martínez Rico admitía que el propio Cataluña hizo «algunas contrataciones» que «no fueron abonadas por el partido, sino por una empresa que se llamaba Gigante», en referencia a Gigante Edificaciones y Obras.

La jueza encargada del caso en el Instrucción número 24 de Madrid, apoyada en la tesis de la Fiscalía, lleva desde entonces investigando la posible financiación irregular y falsedad documental con carácter que se habría cometido en la territorial valenciana del PSOE. Al entender que varias empresas, entre ellas la de Crespo Gomar, habrían facturado servicios a la formación, de cuyos pagos se habrían hecho cargo terceras mercantiles mediante la confección de facturas falsas por un importe estimado de 125.000 €. Una trama en la que habrían concurrido varios delitos accesorios de prevaricación y/o malversación e, incluso, delitos electorales que habrían prescrito.

'Tito Berni' o el caso Mediador

Todavía caliente está la detención, el pasado 14 de febrero, de varios implicados en el conocido como 'caso Mediadior' que, desde hace un año, investiga un juzgado de Santa Cruz de Tenerife. La Fiscalía estudia la trama en la que el empresario Marco Antonio Navarro, nexo entre varios cargos públicos de una red de extorsión y otros empresarios, principalmente en el ámbito ganadero y alimentario, habría mediado para conseguir privilegios en contratos públicos, ayudas europeas o evitar sanciones e inspecciones.

Por el momento, ya son 12 los investigados en esta operación entre los que destaca, especialmente, el ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, señalado como el cabecilla de esta trama de corrupción y al que se le conoce como 'Tito Berni'.

Caso Dos Hermanas

El Tribunal de Cuentas determinó que se habría producido un desfalco de un total de 1,8 millones de euros que salieron de la caja del Ayuntamiento socialista de Dos Hermanas, sin soporte documental. La Fiscalía de Sevilla solicitó, por este caso, la imputación del diputado andaluz del PSOE –y miembro de la Ejecutiva regional del partido– Carmelo Gómez por la firma de varios contratos simulados con los que se habrían abonado sueldos a personas que no estaban en situación de alta laboral, mediante una trama societaria vinculada al caso Mercasevilla.

También resulto investigado, por estos mismos hechos, el consejero de Economía andaluz, Antonio Ramírez de Arellano por un presunto delito continuado de prevaricación, para la 'adjudicación arbitraria' en un proyecto millonario de construcción de un edificio universitario. Aunque, en este caso, la falta de «indicios suficientes» llevó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a archivar el asunto dirigido contra él por la Fiscalía.

Facturas falsas de UGT

De nuevo en Andalucía, entre los años 2009 y 2013 habrían una decena de implicados desviaron más de 100 millones de euros públicos, adjudicados en 16 expedientes distintos de los que se desprendieron un total de 32 subvenciones concedidas irregularmente por la Junta de Andalucía al sindicato UGT y que deberían haber sido destinadas a cursos de formación de parados en la comunidad autónoma. De acuerdo con las diligencias practicadas por el Juzgado de Instrucción nº 9 de Sevilla, los responsables del sindicato andaluz fueron los presuntos responsables de una trama afectada por varios delitos de malversación, falsedad documental y apropiación indebida.

Caso Avales

Varias entidades financieras ejecutaron avales fallidos entre los años 2010-2013 por los que la Junta de Andalucía tuvo que responder con un pago de 82,4 millones de euros. Las pérdidas reales rebasaron los 73,3 millones. La Cámara de Cuentas de Andalucía rastreó los fondos gestionados por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) en 2012 y detectó graves incumplimientos de la normativa aplicable.

Los GAL o la guerra sucia contra ETA

El inicio del primer juicio sobre los GAL (Grupos Terroristas de Liberación) arrancaba en el año 1991, tras casi una década de pesquisas, puso en jaque al denominado «terrorismo de Estado». Como resultado de las mismas, fueron condenados el entonces ministro del Interior, José Barrionuevo, y el entonces secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, por el secuestro de Segundo Marey y cercados por un delito de malversación vinculado con el uso de los fondos reservados procedentes del CESID (el actual Centro Nacional de Inteligencia, CNI).

El Supremo condenó en 1998 a sendos cargos socialistas por su implicación en una operación que «conocieron, aprobaron» y a la que «dieron el dinero necesario para pagar a los mercenarios, dinero proveniente de fondos reservados».

Los 'enchufes' del PSOE de Vigo

Prevaricación, malversación y falsedad documental en el presunto 'enchufe' de una cuñada de la presidenta de la Diputación de Pontevedra y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vigo, la socialista Carmela Silva, que en el momento de producirse los hechos ya formaba parte del gobierno local.

Pese a que las imputaciones contra la principal beneficiaria del contrato por un presunto tráfico de influencias fueron archivadas por prescripción del delito investigado, la fiscalía ha solicitado que declare como testigo en el juicio, aún sin fecha, junto con el concejal de Participación Ciudadana, el socialista Santos Héctor.

Según consta en el sumario, el Ayuntamiento aprobó contratos menores consistentes en la elaboración de unas encuestas de calidad de los servicios municipales, sin acreditar que las haya realizado la familiar de Silva (contratada durante cinco años en una concesionaria municipal sin que conste que fuera a trabajar) por las que pagó más de 108.000 euros.

Caso Marea

La investigación quedó resuelta tras acreditarse la adjudicación irregular de varias obras realizadas en centros educativos de Asturias por un valor total de 4.000.000 de euros a cambio de los cuales el PSOE asturiano recibió coches y viajes al Caribe. La trama socialista se encargó de aumentar el importe de las facturas resultantes de los trabajos realizados en hasta 87 colegios de la comunidad autónoma en el mayor caso de corrupción política detectado, hasta la fecha, en Asturias.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJA) condenó a los principales procesados por la causa a un total de 40 años de cárcel. Entre ellos, el ex consejero de Educación del Gobierno de Asturias, José Luis Iglesias Riopedre, y la que fuera su mano derecha en la Consejería, María Jesús Otero. Ambos fueron sentenciados a 6 y 10 años de prisión y al pago de una multa de 400.000 € y 2,5 millones €, respectivamente por su participación activa en los hechos.