Armengol lo niega todo, culpa al PP y evita dar el nombre de su enlace en Transportes

Casi dos semanas después del estallido del caso Koldo, la presidenta del Congreso compareció en la Cámara Baja para dar pocas explicaciones y muchas evasivas. Evasivas hacia el PP, al que culpó de haber dejado morir la reclamación que ella puso; y hacia el Servicio de Salud, al que responsabilizó de la elección de proveedores durante la pandemia. «El Servicio de Salud decidía técnicamente si se tenía que comprar o no», añadió.

Francina Armengol ni siquiera respondió a la gran pregunta, a pesar de la insistencia de los periodistas: quién fue la persona del Ministerio de Transportes que, en su nombre o en el nombre de otra, recomendó la compra de material a una empresa que no tenía experiencia en el sector sanitario ni tampoco actividad. «Se llegaba a muchas personas del Gobierno balear diferentes nombres y se hacía siempre lo mismo: enviarlos al Servicio de Salud. Es que es lo que hay, ésa es la realidad», sostuvo.

Ya desde los primeros compases de su comparecencia, la expresidenta de Baleares dejó claro que preferiría no haber tenido que salir. «Tengo que comparecer aquí para explicar que en política no todo vale», señaló. Para, a continuación, acusar al PP de «saltarse todas las líneas rojas» y declararse indignada: «No dejaré que mancillen mi nombre ni que mezclen mi nombre y el de mi Gobierno a nada que se parezca a la corrupción», afirmó.

Armengol alegó que es imposible que ella o alguien de su Gobierno estuvieran en la trama, puesto que de haber sido así no habrían mandado a analizar las mascarillas. «¿Alguien puede pensar que el Gobierno de Baleares está en ninguna trama cuando mandamos a analizar esa carga y reclamamos? Por favor», remachó.

Al respecto de la reclamación, la presidenta del Congreso desmintió que se efectuara el 6 de julio de 2023, el día antes de la toma de posesión de la popular Marga Prohens. Según Armengol, se hizo en marzo, «y luego se formaliza cuando se formaliza», añadió.

Se refería a que, en marzo de ese año, el director general del Servicio de Salud, Manuel Palomino, dirigió un apercibimiento a la empresa de Koldo García informando de que, por la calidad de las mascarillas, se tomarían las «medidas oportunas con el fin de resarcir» a IbSalut. En ese escrito no se especificaba el importe solicitado. Pero no fue hasta el 6 de julio siguiente cuando el Gobierno saliente aprobó un expediente de resolución parcial por incumplimiento culpable del contrato. Lo firmaba el subdirector de la Central de Compras y Logística. Por primera vez, en ese escrito el Ejecutivo balear ponía cifras al quebranto para las arcas públicas baleares: 2.626.584 euros.

«Yo no estoy investigada, ni yo ni nadie de mi Gobierno. No estamos en el sumario ni hay nadie de Baleares entre los 20 detenidos. Mi Gobierno en todo caso podría ser víctima, jamás ni cómplice ni colaborador», insistió Armengol horas después de que la Fiscalía de la UE decidiera el lunes abrir una investigación, puesto que los contratos de Baleares y también de Canarias fueron sufragados parcialmente con fondos europeos.

Por último, la tercera autoridad del Estado dejó claro que no piensa dimitir, pese a que el PP registró el lunes un escrito formal en el Congreso pidiendo su renuncia. «Como mínimo es sorprendente que quien me pide la dimisión es el único que sale en el sumario», se quejó, en alusión al portavoz del PP en la Cámara Baja, Miguel Tellado.