Las pruebas documentales (y temporales) que han puesto a Armengol contra las cuerdas

La estrategia de defensa del PSOE frente a los indicios que apuntan a la connivencia entre Francina Armengol y la trama corrupta consiste en presentar a la presidenta del Congreso como una víctima. Pero hasta en eso se contradicen los socialistas. «El Gobierno de Baleares es una víctima de un producto que no es que fuera malo, sino que no era el solicitado», señaló la portavoz del PSOE este lunes. En paralelo, desde el entorno de Armengol negaron que el Ejecutivo que ella presidía sufriera una estafa por parte de la compañía Soluciones de gestión y apoyo a empresas S.L.

Transcurridas casi dos semanas desde el estallido del caso Koldo, cada vez se conocen más detalles de las circunstancias en las que Armengol firmó el contrato por valor de 3,7 millones de euros. Y de los pasos siguientes.

• 26 de abril de 2020. El Ejecutivo balear adquiere 1.480.600 mascarillas, supuestamente de «protección facial FFP2 KN95», como figura en la factura. Lo hace con un contrato de emergencia y sin expediente alguno, que elaboró a posteriori. En los días previos, la empresa investigada se había puesto en contacto con el IbSalut -el Servicio de Salud- avisando de que habían fletado un avión repleto de mascarillas y ofreciéndose a hacerse cargo del transporte hasta Palma. El IbSalut tendría que asumir el gasto del flete y el seguro de transporte desde Madrid hasta Palma.

• 28 de abril. El subdirector de la Central de Compras y Logística, Antonio Mascaró, informa a través de un correo electrónico de las mascarillas «son para la desescalada, no para uso hospitalario», escribió.

• 5 de mayo. El Ejecutivo de Armengol procede al pago de 3,7 millones de euros, a razón de dos euros y medio por mascarilla. En este punto, los populares subrayan la «inusual celeridad» a la hora de abonar la factura.

• 25 de mayo. El Centro Nacional de Medios de Protección inicia los análisis de calidad. El 8 de junio concluye que las mascarillas no sirven y éstas quedan en un almacén. La mayoría caducaron en 2022, sin ser utilizadas.

• 3 de julio. El Gobierno de Armengol modificó el expediente del contrato para poder acogerse a las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El Ministerio de Hacienda se lo autorizó el 11 de diciembre.

• 12 de agosto. A petición de Soluciones de gestión y apoyo a empresas S.L., el Servicio de Salud de Baleares emite un certificado de conformidad con el pedido. Lo firma el mismo subdirector de Compras y Logística que en abril había alertado de que las mascarillas recibidas no se correspondían con el pedido.

• Marzo de 2023. El director general del Servicio de Salud, Manuel Palomino, dirige un apercibimiento a la empresa informando de que, por la calidad de las mascarillas, se tomarían las «medidas oportunas con el fin de resarcir» a IbSalut. En ese escrito no se especificaba el importe solicitado, que después ascendió a 2,6 millones de euros.

• 6 de julio de 2023. El día antes de la investidura de la popular Marga Prohens como presidenta, el Gobierno saliente aprueba un expediente de resolución parcial por incumplimiento culpable del contrato. Lo firma el subdirector de la Central de Compras y Logística, que en su informe explica que no pudieron reclamar antes porque la pandemia no había finalizado (la OMS declaró su fin en mayo de 2023). Por primera vez pone una cifra al quebranto para las arcas públicas baleares: 2.626.584 euros.

Esa reclamación puso nerviosos a los cabecillas de la trama. A raíz de ella hubo varios encuentros entre Koldo García y Juan Carlos Cueto, con el fin de cortocircuitar ese procedimiento. «Se han observado indicios que apuntan a la influencia que Koldo ha ejercido en beneficio de Soluciones de Gestión en el contexto de la reclamación dimanante de la administración balear», según los investigadores.