El PSOE hace su propia interpretación del sumario y concluye que Armengol fue la víctima

La portavoz del PSOE, Esther Peña, hizo este lunes una defensa cerrada de Armengol, horas después de que el PP registrara una petición formal de dimisión en la Cámara Baja por su presunta relación con la trama de Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. «No va a tener ningún recorrido político», auguró Peña, para quien se trata de una solicitud «sin ningún fundamento» en ningún artículo del Reglamento del Congreso. «Pretenden que una persona que por el artículo 33 tenga que dimitir», reiteró Peña.

La portavoz del PSOE recordó que Armengol no figura en el sumario y señaló que el Ejecutivo balear del PSOE fue una «víctima» y que su reclamación por valor de 2,6 millones de euros puso nerviosa a la trama. Además, justificó la tardanza del Ejecutivo de Armengol en solicitar el dinero estafado en la «acumulación de expedientes» relativos a la pandemia. Es decir, culpó a la burocracia.

Desde que estallara el caso, los socialistas han cerrado filas en torno a la tercera autoridad del Estado, tratando de evitar a toda costa que caiga la torre más alta del PSOE después del propio Pedro Sánchez. La formación ha hecho su propia interpretación del sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno para defender a la presidenta del Congreso. Y así desarrolló Peña esta interpretación este lunes desde Ferraz:

«No existen mascarillas fake. Las mascarillas que recibió el Gobierno de Baleares, una parte de ellas, no eran del tipo solicitado, pero sí eran aptas para su uso. Eran muchas de las quirúrgicas que utilizamos las personas de a pie durante toda la pandemia. No es que fueran defectuosas, y por eso solo se reclama la diferencia entre el precio de una mascarilla con mayor protección y las recibidas, que eran aptas para el uso, pero no las solicitadas», empezó alegando. «El Gobierno de Baleares es una víctima de un producto que no es que fuera malo, sino que no era el solicitado», añadió.

En segundo lugar, Peña remachó que fue del Gobierno del PSOE en Baleares el que hizo la reclamación. «Se hizo en el tiempo legal y con la dificultad de la acumulación de expedientes relativos a la pandemia. Se hizo con documento público. Es falso que se hiciese de formal verbal», señaló.

Según la portavoz del PSOE, fue esa reclamación lo que hizo saltar las alarmas de los cabecillas. «Por ello buscan intermediarios para contactar con la actual administración del PP y Vox y que se olviden de la reclamación. Es en ese momento donde aparecen en el sumario el número dos del señor Feijóo, Miguel Tellado, que sí aparece en el sumario. También Jacobo Pombo y ese misterioso Alberto».

Peña concluyó, en cuarto lugar: «El objetivo de los empresarios era que el Gobierno del PP y Vox se olvidase de la reclamación y eso es lo que todos hemos sabido que ha sucedido».

El Debate explicó el sábado que, dado que Armengol no va a dimitir, las opciones del PP para forzarle a hacerlo son mínimas. La expresidenta balear ni siquiera es una aforada más ante el Tribunal Supremo, como el resto de los parlamentarios. Es la que tiene la última palabra sobre posibles sanciones o hasta suspensiones a los diputados por incumplimiento de la disciplina parlamentaria. Junto con el resto de la Mesa del Congreso.

El Reglamento del Congreso especifica los casos en que un diputado perderá su condición de tal: por decisión judicial firme; por fallecimiento o incapacitación; por extinción del mandato, al expirar su plazo o disolverse la Cámara «sin perjuicio de la prórroga en sus funciones de los miembros, titulares y suplentes, de la Diputación Permanente, hasta la constitución de la nueva Cámara»); y por renuncia.

Por ahí la oposición también choca contra un muro. Quedaría el Código de Conducta de las Cortes Generales, que rige para todos los diputados y senadores desde octubre de 2020, cuando fue aprobado. Éste empieza proclamando que los parlamentarios deben comportarse con «integridad, transparencia, diligencia, honradez, responsabilidad y respeto, tanto a los demás miembros de las Cámaras como a la ciudadanía en general».

Sin embargo, también ésa parece una vía muerta, tratándose de Armengol. Porque la norma establece que es la Presidencia la que decide si iniciar un procedimiento contra algún parlamentario. Y no está previsto que Armengol abra un proceso contra Armengol.