El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres
Caso PSOE
El Gobierno canario pagó 4,7 millones por mascarillas «exclusivas para hospitales públicos» que no eran «idóneas»
De acuerdo con el mismo procedimiento que salpica la gestión en Baleares de Francina Armengol, el hoy ministro Ángel Víctor Torres decidió que los contratos con la trama se arreglasen una vez hubiese llegado el producto a destino
La principal empresa de la trama que salpica al Gobierno en el caso PSOE, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., realizó tres entregas de mascarillas a la Administración canaria por un valor total de 4.775.500 euros, durante los días 23, 25 y 28 de mayo de 2020. La entrega del suministro respondía a un pedido efectuado un mes antes, el 22 de abril, por la Consejería de Sanidad de la comunidad autónoma –entonces liderada por el hoy ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres–en el que, según consta en el sumario judicial al que ha tenido acceso EL DEBATE, se hizo constar cómo el «destino exclusivo» eran «los hospitales públicos dependientes del Servicio Canario de Salud».
Sin embargo un informe de fecha 27 de abril ya había puesto de manifiesto que, «según las indicaciones de los propios envases», las mismas «no eran de uso médico» y, por lo tanto se descartaba su «idoneidad» para que la utilizase el personal sanitario en plena pandemia.
Las mascarillas, de tipología KN95 FPP2, fueron compradas a Soluciones de Gestión en sendas facturas, las número 20043 y 20044 de la compañía, que ascendían a 2.805.000 euros y 1.970.000 euros respectivamente, y aprobadas por una Orden directa del Consejero de Sanidad, que llegaba al cargo de manera interina, tan sólo once días después de la declaración del estado de alarma. Es en este período de los primeros pasos de la pandemia, el 23 de marzo de 2020, cuando Conrado Domínguez, uno de los principales implicados en la trama del caso Mascarillas, era designado coordinador del Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria pese a que, hasta la fecha, no se ha localiza ningún acuerdo gubernativo, ni documentación alguna que acredite la conformación de dicho gabinete de crisis.
Desde entonces, se sucedió la contratación de material, incluyendo varios millones de unidades de mascarillas, por el procedimiento de urgencia, sin que nadie comprobase mínimamente la calidad del producto o la experiencia de la empresa adjudicataria. Siempre escudándose en las circunstancias de emergencia que imperaban por aquellas fechas, en la escasez de material de protección en los mercados internacionales y en la altísima demanda por acceder al mismo, el Gobierno de Torres autorizó el aprovisionamiento de mascarillas de máxima seguridad, en varios pedidos de mascarillas que nunca llegaron a emplearse. O bien porque, una vez pagadas, o no llegaron a su destino o, si lo hicieron, no ofrecían «las garantías exigibles» y hubo que descartarlas con los hospitales desbordados de enfermos y el personal sanitario empleando hasta bolsas de basura selladas como trajes de aislamiento.
«Mascarilla EPI KN95 (...), si bien indica en la etiqueta que cumple con el estándar chino (...), también marca que dispone del certificado CE europeo y la norma EN aplicable. sin embargo, (...) debería ir acompañado de la codificación del Organismo Notificado pertinente al ser un EPI de categoría III, cosa que no sucede», reza el informe de valoración de Equipos de Protección Individual efectuado más de un mes antes de que se entregase el primer pedido de Soluciones de Gestión. Unas mascarillas que fueron cotizadas en 2,50 euros la unidad y en cuyo precio no estaban incluidos ni «el flete», ni el «seguro Madrid-Tenerife Norte» que se facturó aparte «según se indicaba en la proforma».
La compañía proveedora llegó a Canarias de la mano de Koldo García Izaguirre pese a que no constaba con ninguna experiencia en la materia, ni estaba inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas (ROLECE) ni constaba en su balance contable que hubiese facturado un solo euro en los tres ejercicios inmediatamente anteriores. Por aquel entonces, su única garantía era haber contratado ya con el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska y con el Departamento de Transportes del ministro José Luis Ábalos gracias a las «relaciones políticas» del que era su asesor, según consta recogido en la querella de la Fiscalía Anticorrupción.
En las últimas horas, la Fiscalía Europea ha abierto una investigación sobre los contratos firmados por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de las Islas Baleares para el suministro de mascarillas en la trama de corrupción del PSOE en la que se cobraron mordidas de hasta el 33%, sobre los contratos otorgados discrecionalmente durante la pandemia. Estas licitaciones públicas fueron materializadas por los sendos gobiernos socialistas autonómicos de Canarias y Baleares, liderados respectivamente por el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y por la hoy presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.
