Sánchez y Puigdemont cierran el círculo de la amnistía sin poder blindarla ante los jueces

Carles Puigdemont no dejará pasar este tren. El PSOE y Junts se encaminan a aprobar juntos un nuevo dictamen sobre la ley de amnistía, el definitivo, en la Comisión de Justicia que se celebrará el jueves a las 11 horas en el Congreso.

Aunque ninguna de las dos partes quiso hacer oficial el acuerdo a lo largo de este lunes, la satisfacción mostrada por el PSOE, Sumar y sus socios hizo evidente que el pacto es una realidad. De hecho, lo es desde el pasado fin de semana. El sábado, el exdiputado Jaume Asens, que en todos estos meses siempre ha ido adelantando el siguiente paso, anunció la inminencia de la fumata blanca. No por casualidad, Félix Bolaños se quedó en España en lugar de acompañar a Pedro Sánchez a Roma, donde participó en el Congreso del Partido de los Socialistas Europeos.

La decisión del Tribunal Supremo de declarar su competencia y abrir causa contra Puigdemont por delitos de terrorismo en el caso Tsunami Democràtic fue la espoleta definitiva para Puigdemont. Quiere ser el candidato de Junts a las elecciones europeas y el alto tribunal se lo complicaba. El artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal abre la puerta a que un auto de procesamiento por terrorismo le inhabilite de inmediato para cargo público.

La portavoz del PSOE no quiso dar ayer ningún pormenor del nuevo texto. Lo previsible es que sea Junts el que haga los honores de anunciarlo. No obstante, Esther Peña sostuvo que, en lo que se refiere a los delitos de terrorismo, no habrá cambios. El articulado actual incluye el terrorismo light y Puigdemont lo quería todo. Por eso Junts echó atrás el dictamen anterior en el Pleno del 30 de enero.

¿Y la Lecrim?

También está por ver si finalmente el pacto incluye una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acortar los tiempos de las instrucciones judiciales, que fue una de las ofertas que el PSOE hizo a Junts durante las últimas negociaciones. Pero por medio se ha cruzado el caso Koldo. Y sería un misil contra la instrucción que está llevando a cabo el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

El presidente viaja este martes a Brasil y Chile -para entrevistarse con Luiz Inácio Lula da Silva en Brasilia y con Gabriel Boric- habiendo dejado la amnistía atada. La previsión de los socialistas es aprobar el nuevo texto en la Comisión de Justicia el jueves y elevarlo al Pleno la próxima semana, cuando se cumplirán cuatro meses desde que el grupo parlamentario socialista registró la proposición de ley orgánica en solitario. Si no puede ser sería la semana del 18 de marzo, previa a Semana Santa.

La ley de amnistía llegará al Senado antes de Semana Santa

Inmediatamente después recalará en el Senado, donde le espera un trámite de no menos de dos meses. Lo primero es conocer el informe de los letrados de la Cámara Alta que el presidente, Pedro Rollán, solicitó para justificar ante Vox. Porque el partido de Santiago Abascal ha pedido insistentemente a los populares que no admitan a trámite la ley en el Senado –donde tienen mayoría absoluta–, pero estos afirman que no pueden hacer tal cosa. Según el Reglamento, no está entre las funciones de la Mesa del Senado calificar un proyecto o proposición de ley previamente aprobado por el Congreso: solamente puede remitirla a la comisión del ramo y abrir un plazo de enmiendas.

Lo previsible es que la vuelta del texto a la Cámara Baja se produzca en plena campaña de las elecciones europeas, que en España serán el 9 de junio. Y, también, en paralelo a la instrucción de dos causas contra Puigdemont: la de Tsunamic Democràtic en el Supremo por terrorismo, que ha recaído en la magistrada Susana Polo; y la del caso Voloh por traición, las injerencias rusas. Que Puigdemont mantenga o no su inmunidad parlamentaria es clave para los pasos que ha de seguir el alto tribunal.

A la aprobación definitiva de la ley de amnistía por las Cortes le seguirá la inmediata publicación en el BOE y el inicio de una nueva fase. Porque, a partir de ahí, será a los jueces a quienes les corresponderá aplicarla. Cada uno de los tribunales competentes tendrá que analizar caso por caso si los procesados y condenados por delitos vinculados al procés pueden acogerse a la norma; aunque el Supremo, como órgano sentenciador de la pieza principal, tendrá la última palabra. Todo apunta a que el alto tribunal presentará una cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE), que suspendería la aplicación de la ley de inmediato.