El Gobierno maniobra para que la exministra Llop controle las comisiones rogatorias de los prófugos del procés como juez de enlace en Suiza

En plena recta final para conformar el que será el texto definitivo de la amnistía de Carles Puigdemont y el resto de cabecillas políticos del procés –durante la reunión de la Comisión de Justicia convocada el próximo día 11 de marzo– el Gobierno maniobra para controlar, en el ámbito internacional, los procedimientos de cooperación judicial abiertos contra los separatistas catalanes en la causa del terrorismo de Tsunami Democràtic que se sigue en la Audiencia Nacional y que el Supremo ha asumido en el caso del expresident y líder de Junts, por su condición de aforado.

Según ha podido saber El Debate en exclusiva, la exministra de Justicia, Pilar LLop, ha solicitado formalmente la doble plaza de juez de enlace con Francia y Suiza, pendiente de cubrir desde hace varios meses –que el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 9 de febrero– y cuyo nombramiento depende del actual titular del Departamento, Félix Bolaños.

Hasta la fecha, nunca se había suscitado un escenario similar en el que el magistrado designado para agilizar los procedimientos judiciales con Francia ostentase la doble condición de serlo también para Suiza. Es decir, estas dos vacantes nunca se habían ofrecido de forma conjunta ya que el primer puesto queda integrado en el marco de la colaboración entre Estados miembros de la Unión Europea (UE), mientras que el segundo se rige por las normas del Derecho Internacional, como cualquier otro país del mundo.

Además, se da la circunstancia de que la propia Llop podría haber lanzado ella misma la convocatoria pública necesaria para cubrir sendas plazas, por separado, y no lo hizo, durante su etapa como ministra. Un nuevo intento de injerencia del Ejecutivo en un asunto tan complejo como el de la cooperación judicial transfronteriza que afectará, además, a varios de los prófugos independentistas reclamados por delitos terroristas. Todo un «escándalo», según apuntan fuentes de toda solvencia.

Los requisitos que se exigen a los aspirantes son el de «pertenecer a la carrera judicial o a la carrera fiscal», algo que cumple Llop en su calidad de magistrada; «acreditar al menos diez años de antigüedad en la carrera correspondiente»; «aportar un conocimiento suficiente del idioma francés y alemán» aunque se «valorará el conocimiento de idioma italiano» que al parecer la socialista 'chapurrea'. Y, por último, confirmar su «formación, conocimiento o experiencia en materia de cooperación jurídica internacional». «Se valorará la experiencia internacional y otras actividades relevantes en materia de cooperación o relaciones interinstitucionales de carácter internacional», concluyen las bases confeccionadas por Justicia.

Cabe recordar que hace apenas una semana, las autoridades suizas rechazaban proporcionar al juez instructor de Tsunami en la AN, el magistrado Manuel García Castellón, la información sobre la residencia y cuentas bancarias de la que fuera número dos de ERC, Marta Rovira, huída de la Justicia española en el país helvético, presuntamente implicada como una de las dirigentes en la trama de la plataforma tras los altercados violentos de Cataluña, en 2019.