Ocho entidades lanzan un manifiesto
Jueces, fiscales, abogados del Estado y juristas se unen en Cataluña «en defensa del Derecho» y contra la amnistía
Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación de Fiscales, Foro Judicial Independiente, Inspectores de Hacienda, Inspectores de Trabajo y Letrados de la Seguridad Social forman parte del pacto
«Sin Estado de Derecho no hay Democracia», afirman los impulsores de la iniciativa. Un total de ocho entidades profesionales de juristas de nuestro país han suscrito el primer pacto conjunto «en defensa del Estado de Derecho» frente a la crisis institucional que amenaza al Poder Judicial, tras la puesta en marcha de la amnistía y el señalamiento público de jueces, magistrados y fiscales, en base al lawfare, asumido por algunas formaciones políticas. La iniciativa, que nace en forma de plataforma con vocación de permanencia, ha elegido Cataluña para hacer frente, públicamente y en unidad de acción, a los planes del Gobierno y sus socios separatistas para borrar penalmente el procés.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Fiscales (AF), Foro Judicial Independiente (FJI), Inspectores de Hacienda del Estado, Inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social, Letrados de la Administración de la Seguridad Social, Abogados públicos y la Asociación de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local firman el manifiesto que se presentará esta semana, el próximo miércoles día 13,a las 12:00 horas, en la Facultad de Derecho y Empresa CEU San Pablo de Barcelona.
La catedrática Teresa Freixes y el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José María Macías serán los encargados de presentar los términos del acuerdo alcanzado. Una iniciativa que busca reflexionar sobre «la situación actual de España en relación con la importancia de los valores constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, separación de poderes, independencia y profesionalización de la función pública» que se han visto socavados en los últimos años y que corren grave peligro con la Ley de Amnistía.
«Es fundamental que Europa reciba un mensaje de unidad frente a los intentos de injerencia en el Poder Judicial», asegura Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF). «La sociedad civil tiene mucho que decir en las decisiones que se están tomando en contra del interés general y los funcionarios y profesionales del sector jurídico no están conformes con ellas», añade Dexeus en declaraciones a EL DEBATE. Cabe recordar que tras el último trámite superado por la norma, en la Comisión de Justicia del Congreso, los socios de legislatura de Pedro Sánchez advertían a los jueces y magistrados de la obligatoriedad de su aplicación.
«Esta ley, como ha dicho también la Comisión de Venecia en su informe preliminar, se tiene que aplicar. Veremos a ver si hay algún juez que esté dispuesto a prevaricar, en todo caso, por no aplicar esta ley», amenazaba la dirigente de Junts, Miriam Nogueras a los miembros de la Magistratura. Unas declaraciones que se suman al señalamiento del Poder Judicial, personalizado en algunos jueces del Supremo y de la Audiencia Nacional y fiscales concretos, como los cuatro del procés.
No en vano, tanto la AF como la APM han sido dos de las entidades más beligerantes, en términos institucionales, contra los ataques al Estado de Derecho. Ahora han conseguido «aunar esfuerzos y posiciones» para defender de manera «conjunta y unitaria» lo que, de manera individual, cada una de ellas habían venido denunciando en los últimos meses. «Se trata de lanzar un mensaje inequívoco tanto a la sociedad española como a Europa: la amnistía no es una cuestión meramente política» sino una maniobra «que preocupa, y mucho, a los juristas de todas las categorías e instancias profesionales y, entre ellos, a los jueces y fiscales españoles», destacan los firmantes.