El presidente del Gobierno de Aragón, el 'popular' Jorge Azcón y el vicepresidente y dirigente de Vox, Alejandro Nolasco
El BOE publica la derogación de la ley de memoria democrática de Aragón: «El texto impone un relato oficial»
El texto asevera que la norma suprimida recoge «la idealización extrema de la Segunda República»
La Ley de Memoria Democrática de Aragón se derogó el pasado domingo 10 de marzo, quedando suprimidos el censo de memoria, las declaraciones de rutas democráticas, inventarios, el Centro de Investigación de la Memoria o las subvenciones y ayudas económicas.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado sábado la derogación de la ley después de que el 15 de febrero las Cortes de Aragón apoyaran la eliminación legislativa con los votos del PP y de Vox. Era una petición del partido de Santiago Abascal que formaba parte del acuerdo de gobierno que alcanzaron ambas formaciones en agosto tras las elecciones autonómicas.
Ambos registraron una proposición en noviembre para derogar esta norma al considerar que esta conlleva una «visión partidista de la Historia» y que, por tanto, puede llegar a «sembrar la división y la confrontación» entre los ciudadanos al imponerse un «relato ideológico de parte», y denunciaban en el texto que esta «impone un relato oficial».
El BOE señala en el preámbulo de la derogación que se trataba de una norma con una «visión partidista de la historia» y explica que «las Administraciones deben garantizar a los ciudadanos los medios y el libre acceso a las fuentes para que, con plena libertad, se analice el pasado histórico sin recibir consigna, censura o condicionamiento alguno».
«En la referida ley (de Memoria Democrática de Aragón) se recoge, entre otras, la idealización extrema de la Segunda República, pretendiendo enlazar este período convulso de nuestra historia con el modelo de democracia actual», señala el texto.
El BOE incide en que la norma autonómica «olvidaba y excluía de su ámbito de aplicación otros periodos, como el período de la Segunda República (1931-1936)», cuando «es notorio que la violencia política ejercida merecía su inclusión».
En otro punto, se señala que se derogan las subvenciones y ayudas económicas de Aragón que «quedarán sujetas a la justificación correspondiente conforme a lo establecido en las correspondientes convocatorias y bases reguladoras».
Así las cosas, el escrito señala que «la ley de Memoria Democrática de Aragón, impone un relato oficial. La memoria es algo subjetivo y personal y no debe ser objeto de desarrollo legislativo».
«Por todo ello es por lo que se hace necesaria la derogación de dicha ley, lo que no impedirá que las Administraciones Públicas faciliten a ciudadanos y asociaciones la búsqueda, exhumación, documentación y honra a las víctimas de la guerra o de la represión, cualquiera que fuera el bando en el que militaran, su ideología o demás circunstancias personales», zanja la legislación.
