El informe del sector mayoritario del CGPJ advierte sobre la «inconstitucionalidad» de la amnistía

Tras dos prórrogas sobre la fecha inicialmente prevista, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se prepara para debatir sobre la «inconstitucionalidad» de la Ley de Amnistía, al hilo del informe solicitado al máximo órgano de los jueces por el Senado, tras conocerse el contenido de las últimas enmiendas pactadas por el Gobierno y Junts, aprobadas por la Comisión de Justicia del Congreso. Será el próximo día 21, en el Pleno ordinario del mes de marzo en una deliberación que, como avanzó EL DEBATE en primicia, pivotará sobre dos dictámenes diferentes.

Por una parte, la propuesta del ponente del sector conservador, Wenceslao Olea que apunta a la «manifiesta inconstitucionalidad» del borrado penal del procés y, por otra, la versión del bloque izquierdista del órgano, obra de la vocal Mar Cabrejas que ampara la legalidad de la norma y avala, por extensión, las «cuestiones más conflictivas» de la Proposición normativa pese a que, en un principio, se trató de que el contenido «no incluyese los últimos cambios» aplicados por separatistas y socialistas al texto originario.

Según ha podido saber EL DEBATE, y tal y como ya adelantaba semanas atrás, la amnistía dividirá al cónclave del Consejo. Mientras Olea cuenta con el respaldo del bloque mayoritario que considera que el texto normativo «compromete principios fundamentales» recogidos en nuestra Carta Magna, como el de igualdad entre los ciudadanos o la propia separación de poderes que es directamente atacada por la norma, con la que se trata de anular una «sentencia judicial firme» del Supremo; Cabrejas, ha apostado por desmarcarse con un enfoque opuesto que «no se corresponde» con el objetivo de la solicitud del Senado.

La consejera habría contado para sus conclusiones, en las que resultan muy «discutibles» los argumentos añadidos sobre las modificaciones aplicadas a la redacción inicial de la polémica Ley, con el soporte de su letrado de cabecera, hombre de confianza de la que fuera presidenta del Congreso durante la pasada legislatura Meritxell Batet.

No caben los «indultos generales»

Para Wenceslao Olea cuyo borrador es evidente que si la Constitución prohíbe los indultos generales, que son la versión reducida de «un perdón no individualizado de las penas impuestas» a los condenados, con mayor motivo queda excluida la amnistía que «además de las sanciones borra los propios delitos en el origen», apuntan varias fuentes consultadas por este diario. De hecho, ésta es la razón por la que durante el proceso constituyente, las Cortes Generales «rechazaron» la posibilidad de incluir la amnistía, como herramienta jurídica, en la Carta Magna.

Una «duplicidad innecesaria»

Así las cosas, la duplicidad que se ha generado al hilo de la ley de amnistía en el seno del Consejo quedará resuelta en los próximos días, con un cierto retraso sobre las estimaciones de entrega inicial. No es «inhabitual», que el dictamen resultante al no ser preceptivo, ni vinculante, «se presente fuera del plazo» habilitado por el órgano que lo solicita, confirman a EL DEBATE fuentes próximas al máximo órgano de los jueces.

En todo caso, las mismas fuentes apuntan a que la finalidad es que esté listo «siempre antes de que la ley llegue al Senado para su votación» algo que no será imposible teniendo en cuenta que el fracaso del PSOE en el primer intento de aprobar la amnistía en el Congreso, tras el 'no' de Junts por las discrepancias con sus enmiendas, ha dilatado su tramitación hasta el pasado jueves, día en el que los nuevos acuerdos alcanzados por sus impulsores obtenían la luz verde parlamentaria.

Sea como sea, y aunque existen algunos precedentes de deliberación sobre dos ponencias diferentes, en el seno del CGPJ no ha gustado la sensación de «discrepancia» que da el que cada uno de los dos vocales encargados de analizar el contenido de la amnistía aporte sus propia visión de un caso tan relevante. Esto se desmarca de la idea inicial del órgano de elaborar una única versión con aportaciones de ambos –tras recibir la petición del presidente del Senado, Pedro Rollán– y plantear un único documento para su votación y aprobación por el resto de los consejeros.