El bloque del CGPJ afín al Gobierno trata de que el informe sobre la amnistía no incluya las últimas enmiendas

Ni terrorismo, ni alta traición, ni corrupción. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se prepara para debatir sobre la constitucionalidad -o no- de la Ley de Amnistía, al hilo del informe solicitado al máximo órgano de los jueces por el Senado, tras conocerse el contenido de la norma, en el que el bloque del CGPJ afín al Gobierno trata de eludir las «cuestiones más conflictivas» de la Proposición normativa, en trámite de aprobación parlamentaria.

Según ha podido saber EL DEBATE, la deliberación sobre la el borrado penal del procés se abordará en el próximo Pleno que tendrá lugar este mismo mes, una vez consumidas las dos prórrogas solicitadas por el máximo órgano de los jueces sobre la fecha inicialmente prevista, antes de que el texto llegue a la Cámara Alta. El cónclave pivotará entre dos informes diferentes, como ya adelantó este diario en exclusiva, sobre los que están trabajando, en simultáneo y paralelo, los dos ponentes designados para la tarea.

Por una parte, el representante del bloque conservador, Wenceslao Olea, avanza en su trabajo con un borrador que recogerá la opinión mayoritaria que apuesta por la inconstitucionalidad de la polémica norma. Mientras tanto, la vocal del sector izquierdista, Mar Cabrejas, ha apostado por elaborar su propio dictamen –con el soporte de su letrado de cabecera, quien era el hombre de confianza de la ex presidenta del Congreso durante la pasada legislatura Meritxell Batet– y en el que no ha contemplado ninguna de las enmiendas que se han ido añadiendo a la redacción inicial de la polémica Ley.

Una posición «absurda» y que «no se corresponde» con el objetivo de las conclusiones sobre la amnistía que el Senado ha instado tanto al CGPJ como al Consejo Fiscal. Este último no aportará su visión sobre la materia ya que el titular del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz declinaba dicha posibilidad alegando que un pronunciamiento de esa naturaleza «excede de sus competencias» y «hurtando las mismas», en una nueva ocasión, al órgano colegiado que preside y «sí las ostenta».

Así las cosas, la duplicidad que se ha generado al hilo de la ley de amnistía en el seno del Consejo quedará resuelta en los próximos días, con un cierto retraso sobre las estimaciones de entrega inicial. No es «inhabitual», que el dictamen resultante al no ser preceptivo, ni vinculante, «se presente fuera del plazo» habilitado por el órgano que lo solicita, confirman fuentes próximas al Consejo.

En todo caso, las mismas fuentes apuntan a que la finalidad es que esté listo «siempre antes de que la ley llegue al Senado para su votación» algo que no será imposible teniendo en cuenta que el fracaso del PSOE en el primer intento de aprobar la amnistía en el Congreso, tras el 'no' de Junts por las discrepancias con sus enmiendas, ha dilatado su tramitación hasta este mismo jueves en que los nuevos pactos alcanzados por sus impulsores han obtenido la luz verde de la Comisión parlamentaria de Justicia.

Sea como sea, en el seno del CGPJ no ha gustado demasiado la sensación de «discrepancia» que da el que cada uno de los dos vocales encargados de analizar el contenido de la amnistía aporte sus propia visión del caso, porque esto se desmarca de la idea inicial del órgano de elaborar una única versión con aportaciones de ambos –tras recibir la petición del presidente del Senado, Pedro Rollán– y plantear un único documento para que ser aprobado por el resto de los consejeros.

No en vano, el Pleno tendrá que refrendar los aspectos comunes y decantarse por uno u otro enfoque en los detalles en los que no haya unanimidad. Y, además, pelear la necesidad de que el informe contenga todas y cada una de las enmiendas que ha rectificado la Ley de Amnistía porque, «lo contrario sería emitir un dictamen sobre una norma que ya no existe y que no se corresponde con la realidad», apuntan algunas fuentes próximas al caso.

Cabe recordar que, al no tratarse de un proyecto de ley impulsado por el Gobierno, sino una proposición legal registrada en el Congreso por el grupo parlamentario socialista, el CGPJ no tenía obligación de pronunciarse, pero la Mesa del Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría, decidió consultarle, para que los senadores tuviesen un apoyo técnico a partir del que formarse una opinión jurídica sobre la dudosa constitucionalidad del texto.