Puigdemont podrá presentarse a las elecciones catalanas pese a la causa por terrorismo abierta en el Supremo

La convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña, el próximo 12 de mayo tras fracasar el intento de Junts por aprobar los Presupuestos, ha puesto en jaque los planes políticos de Carles Puigdemont. Y, con los suyos, los del propio Pedro Sánchez para mantener una legislatura en la que, difícilmente, las dos principales formaciones catalanas votarán juntas las cuentas públicas que también tiene pendientes de aprobación el Ejecutivo central. Además, el hecho de que los separatistas catalanes hayan sugerido que Puigdemont será el candidato de su formación en los comicios autonómicos complica todavía más las cosas aunque jurídicamente no haya ningún impedimento para ello.

Con la ley en la mano y la Proposición de la Amnistía aún pendiente, el ex presidente y prófugo en Bruselas podrá ser el candidato de su partido al no incurrir en ninguna de las causas previstas que, de acuerdo con el artículo 44 del Código Penal determinan la inhabilitación para el sufragio pasivo privando «al penado, durante el tiempo de la condena, del derecho a ser elegido para cargos públicos». Una norma que habría de aplicarse teniendo en cuenta, en este caso, lo dispuesto en el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal donde se establece que cuando sea «firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión».

Es decir, más allá de la admisión en el Supremo de la causa abierta por el terrorismo de Tsunami Democràtic contra Puigdemont, y la designación como ponente de la misma de la magistrada Susana Polo, el ex presidente de la Generalitat aún no ha sido formalmente procesado, ni lo será antes de la fecha elegida para la convocatoria electoral de Pere Aragonés porque ello implica «la solicitud del suplicatorio» al Parlamento Europeo. Luego, Puigdemont puede concurrir como candidato de su formación en Cataluña sin impedimentos.

Cuestión distinta es si podrá tomar posesión como líder del Govern, si un eventual y futuro escenario de victoria electoral de sus siglas se lo permite porque para entonces sí podría haber una acusación formalizada por el Alto Tribunal español contra él que le impidiese regresar para cumplir con el trámite presencial de recogida de sus credenciales como diputado, primero, sin ser detenido en España. Y, en segundo término, que le imposibilitase, aunque de manera sobrevenida, asistir a su toma de posesión en el cargo complicando, de nuevo la posibilidad efectiva de acceder a la jefatura del Ejecutivo autonómico en juego.

Sin amnistía, puede ser detenido

Cuestión diferente es que durante la campaña, y con posterioridad a ésta, en función de los plazos de la amnistía, Puigdemont no podrá poner un pie en España sin ser detenido. Sobre él todavía pesa una orden de detención y entrega en clave nacional que «está plenamente vigente» –en la causa especial del procés, que instruye el magistrado Pablo Llarena por sendos delitos de malversación y desórdenes públicos agravados– y que condiciona la posibilidad de que, de resultar elegido, pueda tomar posesión efectiva de su cargo sin asumir un arresto inmediato y su ingreso en prisión provisional para asegurar, como mínimo, la toma de declaración de los dos magistrados instructores en los procedimiento instados contra él ante el Supremo.

Cabe recordar, además, que la situación procesal del líder de Junts, aún con la amnistía resulta, una vez disuelto el Parlamento de la UE y con dos nuevos delitos sobre la mesa, será complicada para sus aspiraciones políticas.

En primer lugar, por la gravedad de las sospechas que pesan sobre él, que en el supuesto de sus conexiones con el régimen de Vladimir Putin en el caso Voloh ya están bajo la lupa de Europa. En segundo término, porque aún a pesar de los últimos cambios aplicados al texto inicial de la Ley de Amnistía podría no estar completamente blindado ante la Justicia española que, en cualquier caso, instará la suspensión temporal de su aplicación, una vez haya entrado en vigor, a través de una cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE).

Y aún con la amnistía efectiva pero suspendida, la situación del prófugo dependería de un doble factor: la decisión pendiente del TJUE en el último recurso sobre su inmunidad parlamentaria, que el pasado verano le retiró el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE); y, los términos en los que el Supremo plantee la cuestión prejudicial sobre la norma ante dicho órgano.

Si esta última es genérica en relación a la amnistía como norma inconstitucional en nuestro ordenamiento, el horizonte podría quedar más despejado. Si, por el contrario, la prejudicial al TJUE pivota sobre aspectos concretos, por ejemplo, de los delitos de terrorismo y traición que sobrevuelan al ex presidente de la Generalitat quien a pesar del perdón total del Gobierno, puede quedar parcialmente fuera de la amnistía, la vuelta a casa no sería un camino de rosas sin espinas.

Así las cosas, los de Junts son conscientes de que tendrán que acelerar al máximo la tramitación del borrado penal del procés, por un lado, y retrasar la fecha de una posible y eventual investidura, aunque este segundo aspecto queda condicionado al procesamiento de Puigdemont en la segunda causa penal abierta contra él en el Supremo por el terrorismo de Tsunami Democrátic. La clave estará en sus rivales de ERC que, conscientes de que la amnistía no llegará a tiempo para que, por ejemplo, Oriol Junqueras pueda beneficiarse y concurrir como cabeza de lista, manejarán tiempos y estrategias muy distintas.